Caso Navieras: FNE solicita la confidencialidad de datos ya presentados en el juicio

Según la Fiscalía Económica, los antecedentes que se piden resguardar contienen información cuya relevancia podría afectar el desenvolvimiento competitivo de sus titulares, como asimismo información comercial y personal de carácter sensible.

 ¿Qué ha pasado? La FNE no contaría con prueba directa de la colusión en el caso Navieras. Abogados de las empresas acusadas afirman que sólo existen declaraciones de ejecutivos de las firmas que se delataron.

 ¿Por qué ha pasado? Los abogados de las navieras analizaron el expediente, pero ahora el TDLC acogió una petición de la fiscalía para mantener en reserva para de la información ya entregada.

 ¿Qué consecuencias tiene?  Esto generó malestar entre los abogados representantes de las navieras, pues aseguran que no pueden hacer como que no vieron el expediente.

Alrededor de dos años le habría tomado a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) analizar la industria de transporte marítimo de vehículos. La investigación terminó en enero con una demanda por colusión en contra de seis navieras ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en donde el organismo antimonopolio solicitó multas por más de US$75 millones.

La fiscalía acusó a CCNI, Compañía Sudamericana de Vapores, Eukor Car Carriers, Kawasaki Kisen Kaisha, Mitsui O.S.K Lines y Nippon Yusen de adoptar y ejecutar “acuerdos consistentes en la asignación de zonas o cuotas de mercado”.

La FNE pidió eximir de multas a CSAV, porque esta firma cumplió con los requisitos establecidos en el procedimiento de delación compensada. Respecto de NYK, la segunda naviera en delatarse ante la fiscalía y en colaborar activamente durante la investigación, se solicitó una multa equivalente a 50% del mayor monto solicitado al TDLC.

Todo bien hasta aquí para la FNE. No obstante, la entidad liderada por Felipe Irarrázabal sufrió un percance en el proceso que se lleva adelante ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia: solicitó la autorización para presentar nuevas versiones públicas de los documentos confidenciales acompañados en la demanda, principal mente discos duros.

“La petición de confidencialidad se funda en que dichos antecedentes contienen información cuya relevancia podría afectar el desenvolvimiento competitivo de sus titulares, como asimismo antecedentes que dan cuenta de información comercial y personal de carácter sensible”, dijo la fiscalía en un escrito presentado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Las defensas de las compañías acusadas cuestionan la medida, visada por el TDLC, por cuanto hubo un plazo de 50 días (en que se suspendió el proceso) para analizar los antecedentes presentados por la fiscalía. Pero todo ese análisis queda en nada, reclaman.

Consultada de manera oficial, la fiscalía dijo que “no tiene nada que comentar al respecto”. De manera extraoficial, se señala que los nuevos documentos presentados por la FNE son los mismos ya entregados a las partes, pero ahora vienen varias frases y párrafos tachados.

Esto, explican conocedores del proceso, a petición de las empresas que se acogieron a la delación compensada, las que solicitaron a la FNE mantener en reserva cierta información sensible para sus negocios, pero también antecedentes de los ejecutivos que entregaron información respecto a la, hasta ahora, supuesta colusión que se investiga.

Durante la jornada de ayer, abogados de las empresas CCNI, Eukor, KLine, y MOL presentaron recursos de reposición para anular la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Hasta el cierre de esta edición, el organismo aún no se pronunciaba al respecto.

Las pruebas

Según ha trascendido entre los abogados de las navieras denunciadas, la Fiscalía Nacional Económica no contaría con correos electrónicos u otro tipo de prueba directa. Sólo apoyarían la tesis de la FNE las declaraciones de ejecutivos de las empresas que se acogieron a la delación compensada.

En anteriores casos de colusión -como en la industria de las farmacias y pollos-, la fiscalía presentó como medio de prueba mails entre ejecutivos que daban cuenta de una colusión.

Según trascendió, entre la prueba con que cuenta la FNE y que exhibió a las navieras requeridas, sólo destacan declaraciones de la plana ejecutiva de CSAV, presidida por Francisco Pérez.

Se trata de los administrativos de la división Car Carrier, quienes aseguran que un fabricante de automóviles coreano prefiere trabajar con una empresa de ese país. De igual forma que un cliente japonés opta por una naviera nipona.

Otro conocedor del proceso sostiene que Chile es un mercado muy pequeño y no es tan atractivo para el transporte marítimo automotriz. Por eso resulta poco plausible la hipótesis de la colusión.

Fuente: Pulso