La Renuncia a la Acción Penal (RAP) es un mecanismo alternativo que aplica el Servicio de Aduanas para evitar llevar a juicio a los infractores por delitos aduaneros o de contrabando, cumplidas determinadas exigencias.
Dentro de la labor de fiscalización que realizan los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas en todo el país, un área que ha dado muy buenos resultados durante los últimos años, incluso durante todo el período de pandemia, es la ejecución de los procesos prejudiciales.
Esto se hace a través de la Renuncia a la Acción Penal (RAP), que corresponde a una medida que aplica la entidad fiscalizadora a quienes cometen delitos aduaneros o de contrabando, dándoles la opción a los infractores de aceptar el pago de una determinada suma de dinero -que pueden llegar a ser una vez el valor aduanero de las mercancías involucradas- para evitar llevar sus casos a juicios. Este beneficio es de carácter facultativo y en su ofrecimiento deben observarse tanto requisitos legales (dispuestos en la Ordenanza de Aduanas) como en la normativa reglamentaria (en el Manual de Pagos), quedando siempre la opción para el Servicio de deducir acción penal por contrabando si aquel no fuere aceptado en un breve plazo.
Para el año 2021, esta línea de trabajo permitió recaudar entre el 1° de enero y el 31 de diciembre la suma de $2.792.644.301, siendo las Aduanas Metropolitana, de Iquique, de Arica, y Antofagasta las que más aportaron por este concepto.
“La aplicación de las RAP se hace en todas las aduanas y su efectividad permite al Estado recaudar fondos que van en directo beneficio de las arcas fiscales, por lo que estamos muy satisfechos por el trabajo que se ha realizado en esta área. Acá es clave la coordinación entre los equipos de fiscalizadores que están en los puntos de control con sus departamentos jurídicos a nivel regional y nacional”, destacó el Director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma.
En efecto, entre los beneficios de la Renuncia a la Acción Penal está la recaudación más expedita, sin generar mayores gastos fiscales en costos judiciales y el reconocimiento de las faltas por parte de los infractores.
El seguimiento lo realiza el Departamento de Defensa Judicial de la Subdirección Jurídica de Aduanas, preocupándose, entre otras cosas, de generar criterios de trabajo comunes con sus pares de las regiones. También se trabaja con los departamentos de Control de Tráficos Ilícitos y Fiscalización Contra la Evasión Tributaria Aduanera, ambos de la Subdirección de Fiscalización de Aduanas, desde donde se inician los procedimientos que luego terminan en instancias jurídicas, ya sea en los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), los Tribunales de Garantía y a través de salidas alternativas a los procedimientos penales, como las RAP.
Los años anteriores las RAP han tenido un sostenido aumento, sólo interrumpido por los efectos de la pandemia, permitiendo que el Servicio Nacional de Aduanas recaudara $ 1.479.905.841 el 2014; $ 1.035.963.943 el 2015; $ 1.222.596.998 el 2016; $ 1.195.361.138 el 2017; $ 2.492.996.672 el 2018; $2.557.120.469 el 2019 y $2.129.632.750 el 2020.
Fuente: aduana.cl
