Gobierno licitará 100% de licencias de pesca industriales

Luego de estar paralizada por los problemas relacionados a la crisis de la marea roja en Chiloé, la mesa pesquera entre parlamentarios oficialistas y el Gobierno se reactivó ayer. Allí, la autoridad dejó en claro que un tema que se reformará sí o sí es el de la propiedad de los recursos, tras los cuestionamientos al actual “Proyecto Longueira” por eventual cohecho en su tramitación.

El Gobierno planteó puntos comunes de trabajo para mejorar el actual ordenamiento jurídico de la pesca. El más importante de ellos es que los recursos no serán entregados a perpetuidad a los industriales como hasta ahora y el plazo se limitará a solamente 20 años para evitar barreras de entrada a nuevos contendores.

Pasado dicho período de reconocimiento de la propiedad, se efectuará una licitación entre todos los actores que deseen competir, considerando el 100% de las licencias tipo A, que hoy son dominadas por las grandes compañías que operan en Chile. Este proceso daría las condiciones necesarias para no tener que indemnizar a los pesqueros industriales que podrían acusar que se les está expropiando lo que les pertenece.

Por lo mismo, el Ministerio de Economía encargó a los Centros de Libre Competencia de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile estudios que revelen los mejores mecanismos para regular estas subastas y así maximizar la recaudación fiscal, que a la fecha estaría minimizada por las fórmulas existentes de licitación.

Los estudios estarían listos en septiembre próximo y una vez conocidos, junto a toda la información solicitada a la FAO, se concretará esta gran reforma a la Ley de Pesca. Esta mesa se volverá a juntar durante la primera semana de julio, para continuar avanzando en esta discusión.

Igualmente, los parlamentarios han hecho ver al Gobierno la necesidad de traspasar cuotas al mundo artesanal, de recursos pesqueros como la jibia, la merluza y la reineta.

Hace algún tiempo, la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de protección presentado en contra de la Cámara de Diputados por admitir a tramitación una moción parlamentaria en la que se pide declarar la nulidad de la Ley de Pesca, siguiendo latente la arista. Para evitar lo anterior es que se creó la actual mesa.

Fuente: Estrategia