FNE investiga integración vertical de puerto de Antofagasta

Diversas reacciones ha causado el que la Empresa Portuaria de Antofagasta, a requerimiento de Antofagasta Terminal Internacional, haya presentado frente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia una solicitud de modificación de la restricción de la integración vertical aplicable a su concesión, de modo que el conjunto de sus sociedades ligadas al grupo Luksic –entre ellas SAAM y FCAB- puedan poseer un 60% de participación en su capital o utilidades en lugar del 40% que es actualmente aplicable.

Ante esto, la FNE inició una investigación y ha solicitado información a terceros que operan en este mercado portuario, la cual no ha sido recepcionada hasta el momento de acuerdo al fiscal nacional económico Felipe Irarrázabal, habiendo alguno de ellos solicitado prórroga de plazo para remitir sus antecedentes. Como consecuencia de que, una vez recibidos dichos datos, se requiere de un tiempo prudente para efectos de analizarla adecuadamente, es necesario un período mayor para el documento a ser acompañado en este proceso.

Por lo mismo, la FNE solicitó al TDLC un plazo extra de 20 días hábiles a contar del 5 de julio pasado para dar a conocer su opinión acerca de esta integración vertical, referente a sus posibles efectos en la libre competencia en el mercado portuario.

En tanto, el Ministerio de Transportes opinó que en cuanto a esta consulta, corresponde a una fusión consumada en la que al haber operado ésta se produjo una integración vertical, de dos segmentos importantes de la cadena de transporte de la Región de Antofagasta.

Es por eso que según la autoridad sectorial, es necesario poder dilucidar si dada esta fusión se han producido cambios estructurales del mercado que conduzcan a una restricción real o potencial de la competencia que esta industria por sí sola no podría reparar.

Restricciones tales como alzas de precios, reducción de la producción, descenso de la calidad, variedad o entre otras, disminuciones de la innovación. El Ministerio de Transportes indicó que también se debe analizar el impacto en los consumidores y su protección.

Además, manifestó la repartición de gobierno, se debe estudiar si existen riesgos de prácticas exclusorias en el acceso a terminales portuarios,  así como también peligros de sabotaje en las operaciones comerciales de compañías competidoras y fenómenos de arbitraje regulatorio dada la asimetría que se enfrente en este mercado. Incluso, subrayó que se tendrían que buscar fórmulas para mitigar cualquiera de estos puntos detallados.