El Ministerio de Obras Públicas tenía preparado un plan de acción para reactivar, durante este mes, la reconstrucción del puente Cau Cau, después de casi dos años de paralización. La idea era ejecutar el desmonte de los paneles en marzo y luego adjudicar la reconstrucción para entregar el viaducto hacia fines del próximo año.
Sin embargo, la decisión adoptada por el fiscal José Morales de establecer seis meses adicionales de precautoria sobre la estructura para que el DICTUC realice pruebas de carga postergó el programa: ahora se aspira a retirar los fallidos «brazos» del Cau Cau en septiembre, lo que se extenderá por 50 días.
El director de Vialidad, Walter Brüning, explica que, a partir de lo anterior, se busca iniciar la reconstrucción en 2018, para entregar el puente dentro de 18 meses, en 2019: cinco años después del plazo original del proyecto.
Al interior de la cartera existe molestia, porque en reuniones con el Ministerio Público se había indicado que la precautoria se levantaría en febrero. «Esa señal nos había dado el fiscal (nacional Jorge) Abbott, pero tenemos que respetar la institucionalidad», dice el ministro (s) de Obras Públicas, Sergio Galilea.
Con la nueva extensión, el MOP habrá gastado, en un plazo de 20 meses (tres fueron financiados por la Constructora Azvi) de paralización, un total de US$ 1.581.903 en el arriendo de gatos y torretas, elementos para sujetar el puente con los brazos abiertos (en 38 grados), para que puedan circular embarcaciones por el río Cau Cau.
El monto es cercano al costo de un conjunto de unas 70 viviendas sociales.
A esto se suma el desarme de los dos tableros, lo que tiene un presupuesto de $1.400 millones. El monto, sin embargo, podría ser reajustado por la empresa Tecnogrúas, porque fue calculado en agosto.
«Es lamentable que Azvi, utilizando como estrategia exigir y financiar un peritaje, dilate innecesariamente la solución. Le hemos expresado al fiscal, en reiteradas oportunidades, que el MOP seguirá prestando toda la colaboración en la investigación. Sin perjuicio de ello, creemos que cualquier peritaje al puente puede realizarse perfectamente con los tableros desmontados para no dilatar la solución definitiva y evitar mayores costos al fisco», añade Galilea.
El MOP espera adjudicar a fines de marzo el contrato para reconstruir el puente. Al proceso se han presentado 15 empresas extranjeras que, por exigencia de las bases, hacen consorcios con seis firmas chilenas.
El director de Vialidad señala que el peritaje reviste riesgos (por el estado de la estructura) y que no tiene gran efectividad como prueba, debido a que prueba la carga de un camión que pasa en un momento, no la resistencia en el largo plazo.
Efectos locales
En Valdivia, el alcalde Omar Sabat dice que «es necesario que se hagan todos los peritajes que el fiscal estime importante (…). Seis meses más o menos, obviamente que nos perjudica, porque no tenemos conectividad ni puente funcionando, pero para la investigación y la transparencia, si lo está solicitando el fiscal, hay que respetarlo».
El presidente de la Cámara de Turismo de Valdivia, Pedro Perinetti, sostiene que «debería conocerse ya la reestructuración de la planificación que ellos tienen con respecto a botar lo que hay y comenzar con el nuevo puente».
En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia, Walter Marcos, concuerda con los plazos, porque la investigación «es lo que corresponde y se deben buscar responsabilidades».
Incertidumbre
El director de Vialidad dice que no hay claridad en cómo se harán las pruebas, considerando que falta un cilindro que sujeta el puente, y que construir uno alteraría la situación real de la estructura.
Fuente: El Mercurio
