El pasado 10 de abril, Pablo Berazaluce asumió como subsecretario de Pesca y Acuicultura (Subpesca) tras la salida del cargo -en enero- de Raúl Súnico, tras ser cuestionado por los vínculos laborales de su esposa con la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes).
Berazaluce advierte que a ese tema no se referirá, pero sí acepta en su primera entrevista al mando de Subpesca, detallar parte relevante del trabajo que él impulsará en los 10 meses que le quedan al actual gobierno.
Este cientista político de la Universidad Diego Portales, demócratacristiano y hasta hace poco coordinador legislativo del Ministerio de Economía, afirma que su mandato es terminar el trabajo que se venía realizando e «implementar o dejar andando lo comprometido». Entre esas tareas está avanzar en el proyecto de modernización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), dándole mayores facultades para combatir la pesca ilegal (esta semana debería verse en la comisión de Pesca del Senado), e ingresar en octubre próximo las modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura que rige desde 2013 y que ha sido cuestionada por sectores políticos y pesqueros.
Berazaluce señala que el gobierno viene desde 2014 modificando la normativa con diversas iniciativas legales. Pero ahora, y tras divulgarse en octubre de 2016 el informe encargado en 2015 por el gobierno a las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Subpesca liderará desde esta semana, y por dos meses, talleres en terreno con actores del rubro para levantar información con miras a modificar la Ley.
Berazaluce explica que esos datos más el trabajo que están realizando con el Instituto Milenio y el investigador Ronald Fischer, quedarán plasmados en el proyecto que ingresará al Congreso en octubre.
«Con este cambio legal buscamos garantizar los derechos adquiridos, también propiciar que los recursos pesqueros no sean entregados en su totalidad de forma gratuita ni permanente, y para el sector artesanal pensamos que debemos generar estrategias adaptativas para que no sea víctima del cambio climático».
Consultado sobre posibles cambios a las licencias de pesca, que se otorgaron a 20 años plazo y renovables por igual lapso, Berazaluce indica que «nos vamos a pronunciar el día que ingrese el proyecto de ley». De todos modos, asegura que «los derechos adquiridos se van a respetar y cualquier modificación es para cuando terminen los 20 años. Entraría a regir desde entonces».
La autoridad añade que se está trabajando en varios ajustes que atañen a los sectores artesanal e industrial y también incluyendo aspectos que no están dentro de la normativa como la acuicultura de pequeña escala.
También indica que analizarán la tributación de la actividad pesquera, «la que debe ir en la línea de lo que se paga en el mundo», señala. «La recaudación que hoy se genera por la pesca, puede ser revisada, estudiada y que disminuya o aumente es un tema que veremos en la misma tramitación de la ley», sostiene.
Caducidad por no uso
Berazaluce afirma que actualmente «hay personas que tienen inscritas cuotas de captura y no las están pescando». Este año, en junio o julio, Subpesca realizará un proceso de caducidad que afectará a quienes durante tres años no han utilizado sus cupos ni informado de los motivos.
«Buscamos que gente que está en listas de espera para ingresar a pesquerías, que tiene real interés, especialmente en sectores pequeños, como recolectores de orilla y pescadores artesanales, con las caducidades pueda hacerlo», indica.
Esta labor será realizada por Sernapesca y afectará a todas las pesquerías y sectores de la actividad, tanto industrial como artesanal.
Fuente: El Mercurio
