Se trata de más de un millón de km2, más de la tercera parte del mar Mediterráneo. Sin duda, un importante avance en la protección de la biodiversidad marina, opinan los expertos, pero no basta con la sola declaratoria. Ahora se deben destinar tiempo y recursos para establecer planes de manejo y una fiscalización eficiente.
Una de las mayores apuestas en cuanto a conservación del actual Gobierno ha sido la expansión a nivel exponencial de la red de áreas marinas protegidas, la que fue destacada por el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, durante la Conferencia Mundial sobre los Océanos de Naciones Unidas, que culminó el viernes.
En su última cuenta al país, la Presidenta Bachelet anunció que, con la creación de dos nuevos parques marinos, para Cabo de Hornos y Juan Fernández, este tipo de áreas protegidas se empinarán por sobre el millón de kilómetros cuadrados, lo que corresponde a cerca de un tercio de la zona económica exclusiva. Además, supera la superficie de Chile continental, que es de 750 mil km {+2} .
En este momento existen tres tipos de áreas marinas protegidas en Chile: las reservas marinas, que protegen pequeñas zonas de reproducción de especies de interés pesquero o zoológico; las áreas marinas y costeras protegidas de múltiples usos (AMCP-MU), que si bien resguardan hábitats, permiten una explotación con medios sustentables (es decir, pesca no invasiva), y los parques marinos, donde la protección es completa, se prohíbe toda actividad extractiva, salvo un uso de comunidades tradicionales.
«Las áreas marinas protegidas y en particular los parques marinos, permiten no solo la protección de ecosistemas y especies únicas, sino también la recuperación de las pesquerías», dice el ministro Mena.
«Es un primer paso para proteger la biodiversidad», opina Susana Jiménez, subdirectora de políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrollo. «Lo que hay que hacer ahora es pasar a una segunda etapa, lo que significa destinar tiempo y recursos. Hacer planes de manejo y asignar muchos recursos para fiscalización. No basta con la mera declaratoria», advierte Jiménez.
La mayor preocupación mar afuera es la pesca industrial ilegal en la zona económica exclusiva. Las flotas habitualmente se componen de entre 20 y 30 barcos, acompañados por uno o dos barcos fábrica. Cada una de esas flotas cuenta con una red de 20 kilómetros de largo, por lo que pueden llegar a abarcar franjas en el océano, de entre 400 y 600 kilómetros de largo.
El Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) cuenta con una central de monitoreo satelital, que es espejo de la que posee la Armada. Tres funcionarios siguen el desplazamiento de todas las embarcaciones que están circulando, tanto en las reservas como en los parques, según explica Alicia Gallardo, subdirectora de acuicultura de Sernapesca. En caso de la presencia irregular de alguna embarcación, avisan a la Armada, la que cuenta con aviones y patrulleras de alta velocidad.
Pero por la magnitud del área monitoreada no siempre alcanzan a llegar.
Imagen país
En Chile, la creación de áreas marinas protegidas se aceleró en 2015 con la conferencia Nuestros Océanos, que impulsó el entonces secretario de Estado de EE..UU., John Kerry. En esa oportunidad, Chile quedó ante la comunidad internacional como ejemplo de protección marina, al anunciar grandes superficies protegidas para las islas Desventuradas y Rapa Nui.
Pero a nivel interno, la situación es más compleja, especialmente en Pascua, donde algunos sectores temen que las restricciones que crean estas declaratorias afecten la actividad pesquera local. De ahí que todavía está pendiente el tipo de área que se creará en la zona, lo que en los próximos días se resolverá mediante una consulta indígena.
La aceleración del proceso en Rapa Nui, como la creación de nuevos y extensos parques marinos, coincide con el hecho de que el país será anfitrión en septiembre del Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC4)..
«Como imagen país sirve bien, también para mostrar que las autoridades tienen conciencia sobre la conservación, pero el principal desafío es abordar las áreas costeras donde se realiza pesca y donde las poblaciones de peces están bien mermadas por la actividad artesanal e industrial», advierte Alejandro Pérez, biólogo marino del Núcleo Milenio Centro de Conservación Marina de la U. Católica.
Reconoce que si bien en el papel los grandes parques marinos oceánicos funcionan, en la práctica son muy difíciles de controlar. «Habrá que hacer planes de monitoreo para determinar si, efectivamente, servirán para la resiliencia de los ecosistemas».
Para que un área marina reciba recursos del Estado para su administración, implementación y estudios científicos, debe contar con un plan de gestión. Hasta ahora, ninguno de los parques marinos creados desde 2011 lo tiene.
«Esta es una realidad que debemos corregir y dice relación con la multiplicidad de temas que tiene a su cargo el Sernapesca. Pero justamente se busca subsanar esa brecha con la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas», dice Mena.
Este organismo -atascado en trámite parlamentario- será el que administrará estos espacios. «Dispondrá de monitoreo satelital, que será en tiempo real en algunos casos, y además, contará con plataformas digitales para el manejo de información y seguimiento de indicadores ambientales», según asegura el ministro.
Fuente: El Mercurio
