Inhabilitar al intendente Gabriel Aldoney como presidente de la comisión de medio ambiente que debe decidir si se le entrega o no la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) al proyecto de expansión del Terminal Dos es el principal objetivo que busca la Coordinadora de Defensa de Territorio Libre.
Es por ello que la entidad hizo una presentación ante la Contraloría Regional para que investigue eventuales conflictos de interés que impedirían al jefe regional ser parte de la instancia resolutiva que debe emitir un juicio sobre la infraestructura que se encuentra en una etapa decisiva de su tramitación ambiental.
«Conflicto de intereses»
«Buscamos inhabilitar al intendente respecto a su condición de presidente de la comisión de evaluación ambiental porque en el fondo nosotros sostenemos que ha existido un conflicto de intereses al ser el gestor del proyecto que hoy le toca evaluar como jefe regional», comentó el vocero de la Coordinadora, Cristián Leiva, aludiendo a que el intendente fue el presidente del directorio de la empresa portuaria en el momento que se gestó el plan de desarrollo del borde costero por parte de la estatal.
A juicio de la Coordinadora, la autoridad no ha evidenciado imparcialidad en relación a la iniciativa llevada adelante por TCVAL -filial de OHL Concesiones- en razón a una serie de elementos que sirvieron de base para la presentación realizada ante la Contraloría Regional. «Ha mostrado un reiterado apoyo en todo sentido al proyecto de expansión del terminal Dos de manera explícita en diversas declaraciones que ha realizado», mencionó el representante de la entidad.
Cuestionamiento
A ello agrega que el jefe regional tampoco ha reaccionado en virtud a varias instancias que le corresponde liderar y que forman parte de sus obligaciones. «Cuando se entregó la Adenda I y corresponde que los organismos del Estado hagan observaciones al proyecto debieran haber concurrido dos que él preside, que son la comisión regional de borde costero la que no fue convocada y por lo tanto no hizo ninguna observación a la iniciativa (…) y lo otro es que el cómo intendente también es presidente del comité de gestión de reserva mundial de la biósfera y en esa línea también era lógico esperar que se hicieran alcances considerando la cantera que se va a utilizar en Laguna Verde y tampoco se realizaron», explicó el vocero.
Agrega que a partir de todos esos hechos, en opinión de la agrupación, «se demuestra que hay un conflicto y él no puede ser juez y parte en el tema».
11 autoridades integran la comisión de evaluación ambiental en la región que debe pronunciarse.
327 observaciones debió responder TCVAL en la última Adenda entregada al SEA.
Fuente: El Mercurio de Valparaíso
