«La ciudad tiene una vocación portuaria que se debe fortalecer, pero hoy tenemos un proyecto de terminal que no dialoga con los intereses de la ciudad», fue lo que señaló el alcalde porteño, Jorge Sharp, el viernes pasado, en la sede de la empresa portuaria cuando fue emplazado por un grupo de dirigentes portuarios respecto a su posición sobre la extensión del Terminal Dos -la iniciativa que lleva adelante Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL)- en el marco del acuerdo firmado para destrabar el conflicto por los cruceros.
Una posición que fue reafirmada ese mismo día, cuando el municipio ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un documento con las respuestas a la Adenda del mencionado proyecto, entregada por la filial de OHL Concesiones.
En el escrito, firmado por el jefe comunal, el municipio expone una serie de consideraciones por las cuales se ve obligado «por razones éticas, legales y de compromiso con la ciudadanía y los compromisos internacionales del Estado de Chile a rechazar el proyecto de expansión del Terminal Dos «tal cual está formulado».En esa línea, el alcalde, tomando en cuenta la relevancia económica que tiene esta obra para hacer frente a la demanda del comercio exterior que se proyecta en los próximos años y entendiendo que es clave para que Valparaíso no vea mermada su capacidad como puerto, instó al Gobierno a trabajar en una obra que sea consensuada entre los actores y que implique tanto cumplir las metas en materia comercial, pero tomando en cuenta a la ciudad.
«Considerando la importancia estratégica que tiene la política nacional portuaria, que busca generar el fortalecimiento y desarrollo futuro de la vocación portuaria de uno de los principales puertos del Pacífico Sur», el municipio porteño «invita» al Gobierno a trabajar en lo que denomina un «proyecto Ciudad-Puerto sostenible», el cual posibilite el cumplimiento de los objetivos en materia portuaria del Estado para las próximas décadas, «como también garantizar un desarrollo equitativo del territorio comunal», especifica el escrito enviado al SEA.
Para llevar adelante estas conversaciones, el jefe comunal propone un plazo de 30 días para crear un espacio de diálogo «que posibilite materializar de forma planificada los objetivos mutuos».
El municipio recalca que las medidas propuestas por el titular (TCVAL) en la Adenda son «insuficientes» y que no se adecúan a una serie de disposiciones como el Estudio de Impacto Patrimonial para el sitio denominado área histórica de la ciudad; el Plan Regulador Comunal (PRC), que indica la condición de administrador del sitio patrimonial; la modificación del PRC y del Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco), la Ley de Bases del Medio Ambiente; y la Convención sobre el Patrimonio Mundial Cultural y Natural ratificado por Chile en 1980.
De acuerdo al documento «ninguna de las medidas propuestas por el titular generan un efecto positivo alternativo sobre los nueve impactos negativos de carácter irreversible identificados por el titular».
En ese ámbito, destaca que las medidas propuestas no solucionan lo que a juicio del municipio es el mayor impacto de la iniciativa portuaria que apunta a la altura que alcanza el acopio de contenedores, el que sitúa en 14,34 metros.
Además señala que la intervención proyectada por un horizonte de 30 años – que es el tiempo de concesión- «altera las opciones de planificación del territorio comunal, en el sentido que impone cargas sobre el medio urbano como por ejemplo la altura de acopio proyectada equivalente a un edificio de seis pisos de altura».
También sostiene que las medidas no mitigan ni compensan los impactos sobre el patrimonio cultural y el medio urbano, agregando que la actual alcaldía «propone una planificación de la Ciudad-Puerto que cautele las vocaciones portuarias y patrimoniales, de forma que estas se potencien de manera armónica y sustentable».
Entre las consecuencias negativas del proyecto, el municipio consigna el deterioro de un área significativa del sector afectando el carácter ambiental protegido de la Zona Típica del área y monumentos históricos debido al impacto causado por el transporte de materiales y obras en desarrollo; la afectación de las vistas; la congestión de las vías peatonales de conexión; y el deterioro de las condiciones de habitabilidad asociada a la contaminación por aire y ruido.
«Hoy tenemos un proyecto de terminal que no dialoga con los intereses de la ciudad»
Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso»
PUNTOS CLAVES
En el documento el municipio rechaza el actual proyecto de extensión por razones «éticas, legales y de compromiso».
Propone la creación de una instancia de diálogo con el Gobierno Central que culmine en una iniciativa de consenso.
Para esto recomienda un plazo de 30 días. Se espera que esta conversación permita alcanzar los objetivos mutuos.
Fuente: El Mercurio de Valparaíso
