El gremio de camioneros dirigió una carta a La Moneda con cinco puntos y advirtió que de no ser aceptado en siete días iniciaría un paro nacional. Desde el empresariado solicitaron a las autoridades decretar estado de excepción.
Las voces del empresariado que exigen que el Gobierno decrete estado de excepción en la región de La Araucanía, no sólo se escuchan desde el territorio que en las últimas semanas ha sido golpeado con ataques incendiarios contra 47 camiones, sino que provienen de gremios tan diversos como el Comercio y el sector Maderero.
El anuncio de las autoridades de invocar la ley antiterrorista frente al último ataque incendiario en San José de la Mariquina, parece ya no ser suficiente para los empresarios. Ni menos les resulta compensatorio de que se querelle contra quienes resulten responsables.
“Las medidas han demostrado en el pasado no ser suficientes (…). No sacamos nada con pedir que se respete el Estado de Derecho si no se respeta, porque hay una minoría que es muy violenta y muy audaz que hay que erradicar”, lanzó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero.
Melero se mostró proclive a aplicar la ley antiterrorista en el sur del país. Pero “hasta donde se sabe de los terroristas que cometieron la quema de los 18 camiones, hace tres semanas, no hay ninguno procesado. Entonces que el señor fiscal se dedique a hacer su trabajo en vez de andar preocupado de que los empresarios no estemos preparados”, dijo Melero, polemizando con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien ayer reiteró que “por parte del empresario hay una desidia en la custodia de sus propios bienes”.
Uno de los sectores más afectados a través de los años por este tipo de atentados es el maderero, el cual es liderado por el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Fernando Raga. El dirigente también cuestionó la crítica del fiscal. “Los responsables no son responsables de la seguridad pública. Nada pueden hacer si son atacados por hombres armados, y el combate y la desarticulación de tales grupos corresponde solamente al Estado”. Y apuntó a que es prioritario que exista un rechazo trasversal de los sectores políticos a este tipo de ataques, para que las instituciones del Estado erradiquen la violencia, “tomando medidas necesarias como decretar estado de excepción”.
En este contexto, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNCT) Sergio Pérez, se dirigió anoche a La Moneda a dejar una carta con un petitorio de cinco puntos ante el Gobierno. En el borrador que trabajaba el grupo al cierre de esta edición figuraban: crear una unidad de investigación y persecución penal compuesto por Carabineros y el Ministerio Público para las regiones afectadas, designar un delegado presidencial, implementar una vigilancia permanente a través de personal policial en los aparcaderos de camiones, dar suma urgencia a la modificación de la Ley Antiterrorista y poner en marcha un programa de asistencia para los conductores víctimas. El gremio advirtió que de no contar con una respuesta afirmativa del Gobierno en un plazo de siete días, realizarían una movilización nacional indefinida.
Prevención del delito
El llamado del empresariado a poner orden en el sur, también habría motivado que el Gobierno decidiera ingresar la próxima semana la Ley Araucanía. El proyecto velará por garantizar una mayor participación política, como el decretar feriado el Día Nacional de los Pueblos Originarios, y el proteger a las víctimas de violencia en la región. Este último punto aún se está definiendo, aunque ya fue tratado por los parlamentarios, cuenta una fuente conocedora del proyecto de ley.
Los ataques incendiarios contra recintos de privados y predios forestales, han ubicado desde hace un año al gremio que reúne a los camioneros de la zona sur en la primera línea de los reclamantes. Mientras que la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) es la que desde hace años impulsa esta agenda tras los constantes ataques a predios agrícolas. Por ello, se espera que hoy el presidente del gremio Ricardo Ariztía, visite al Fiscal Nacional para abordar nuevamente la situación de violencia e inseguridad que afectan a los predios del sur del país.
Llamados desde el sur
“Hoy día llevamos 89 camiones quemados: transportes calcinados en la Región de La Araucanía, 5 en Bío Bío y 29 en Los Ríos. Esto se escapó de las manos”, señaló José Villagrán, presidente del Gremio de los Camioneros del Sur.
El empresario Alejo Aprize, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, coincidió con Villagrán. Así, lamentó que tema de la violencia en la Araucanía “se les escapara de las manos al Gobierno” y criticó las palabras del Fiscal Abbott. “Sus declaraciones lo único que hicieron fue apagar el fuego con bencina”, precisó el empresario. Con miras a detener escalada incendiada, comentó que “en La Araucanía estamos pidiendo un estado de excepción, que es el estado de emergencia, con el objeto de que se detengan estos atentados y que las policías, junto con las unidades de inteligencia de las FFAA, puedan trabajar en función de buscar a los responsables y de prever más atentados”.
La misma preocupación compartió, Luciano Rivas, presidente de la Multigremial de La Araucanía, quien además advirtió que “vemos cómo algo que siempre está bastante centrado en nuestra región, se corre hacia el sur, hacia la región de Los Ríos”. Así, precisó que como empresarios están solicitando que se decrete el estado de excepción como una alternativa que “permitiría mejores y mayores investigaciones”.
Diputados de Chile Vamos citan a Abbott
Diputados de Chile Vamos anunciaron que citarán a la Cámara al fiscal nacional, Jorge Abbott y al ministro del Interior, Mario Fernández. “La idea es que expliquen los alcances de estos anuncios: el ministro Mario Fernández señalando que las policías actúan con plena coordinación y que los servicios de inteligencia lo están haciendo bien, y el fiscal Abbott desligando, en parte, la responsabilidad que le compete al Ministerio Público”, explicó el diputado UDI Patricio Melero
En este contexto, el presidente del Partido Radical Ernesto Velasco salió a respaldar al fiscal. “Los empresarios evidentemente deben tener normas de seguridad mucho más rigurosas sobre este punto”, comentó Velasco.
Fuente:Pulso
