La Fiscalía Nacional Económica (FNE) realizó por cerca de tres años una amplia investigación a las concesiones portuarias del país que se centró en fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones y condiciones impuestas por resoluciones, informes y dictámenes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y de su antecesora, la Comisión Preventiva Central (CPC). Estas exigencias eran relativas a la concesión de diez frentes de atraque en puertos de uso público.
Dichas decisiones o veredictos establecen condiciones y deberes conductuales y estructurales que deben cumplir las empresas portuarias públicas y las concesionarias en Arica, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, San Vicente y Talcahuano.
Si bien la fiscalización se archivó el pasado 21 de diciembre, las indagaciones revelaron dificultades para acceder a información clave para investigar -por ejemplo, para calcular los movimientos de carga- y también que tanto los puertos estatales como sus concesionarias no tenían claridad respecto de la forma en que debía cumplirse la restricción a la integración vertical; esto es, que los usuarios relevantes del puerto no posean más del 40% de la propiedad de la concesión. A la vez, un usuario relevante se define como quien por sí o en conjunto con relacionados mueva más del 15% de la carga en la región o más de 25% del tonelaje del frente de atraque de la concesión.
Justamente sobre este último punto -eventual incumplimiento de restricción vertical-, la FNE decidió abrir dos investigaciones en septiembre pasado que involucran a Terminal Pacífico Sur (TPS) de Valparaíso y Terminal Puerto Coquimbo (TPC). A través de Ultramar, el grupo Von Appen tiene el 60% de la propiedad de la primera, mientras en la segunda posee el 70%.
Una tercera investigación la abrió para resolver diferencias identificadas entre los contratos de concesión y lo establecido en los dictámenes e informes en materia de libre competencia a que deben someterse los puertos, en este caso específicamente TPS y Terminal Puerto Arica (TPA), donde Ultramar tiene 35% y es socio con los grupos Urenda, Romero, Quiñenco y Belfi.
El informe de la FNE donde se detallan aspectos de la fiscalización indica que tanto en el caso de TPS como de TPC, la carga movilizada relacionada a la agencia marítima de Ultramar superó el 25% en las fechas auditadas, por lo que calificó como «usuario relevante».
Respecto de la situación de TPC, el documento señala que para evitar calificar como usuario relevante del Puerto de Coquimbo, Ultramar encomienda actualmente una parte de la prestación de servicios de agenciamiento para atención de naves a la agencia Jorge Carle & Cía.
La fiscalización de la FNE también detectó un incumplimiento en Antofagasta Terminal Internacional -controlada por grupo Luksic-, pero en agosto pasado el TDLC aprobó un acuerdo conciliatorio que consideró medidas de mitigación y un pago a beneficio fiscal de US$ 500 mil.
La FNE, asimismo, recomendó a las portuarias estatales exigir periódicamente a las concesionarias información detallada sobre las mallas societarias de sus accionistas, de firmas relacionadas y también respecto de las toneladas movilizadas, identificando a los actores encargados de esto.
Grupo afirma que seguirá colaborando con la fiscalía
Fuentes vinculadas a Ultramar indicaron que sobre el comienzo de investigaciones que la FNE abrió por diferencias entre lo establecido en algunos anexos de los respectivos contratos de concesión y lo indicado en las citadas resoluciones judiciales, la compañía «continuará colaborando con la FNE para resolver aquellos aspectos puntuales que motivaron el inicio de tales investigaciones, las que confiamos serán despejadas sin mayores contratiempos».
Desde Ultramar también valoraron que la FNE «haya archivado la fiscalización general sobre las concesiones portuarias conferidas en favor de Terminal Puerto Arica, Terminal Pacífico Sur y Terminal Puerto Coquimbo, luego de un exhaustivo trabajo que comprendió fiscalizar el cumplimiento de todos los resguardos, obligaciones y condiciones impuestas por los Informes del Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Comisión Preventiva Central a las que se encuentran sometidos dichos concesionarios».
Antofagasta
En el caso de ATI en Antofagasta, se logró una conciliación ante el TDLC.
Fuente: El Mercurio
