El equipo chileno trabajó intensamente durante la jornada de ayer para afirmar un alegato que enfatice en el respeto del derecho internacional y de los tratados, pero que también responda a las «contradicciones y falacias» de la postura boliviana.
El agente Claudio Grossman, a partir de las 10 horas de Holanda (6:00 de Chile), presenta la posición chilena ante la Corte Internacional de Justicia frente a la demanda de Bolivia. Es una intervención que ha preparado por largo tiempo, pero que hasta última hora de ayer volvió a ser revisada y en algunos aspectos reformulada, tanto como los alegatos de los abogados.
Será la primera vez que el país intervenga en los alegatos luego de que Bolivia tuvo su turno el lunes y martes. Quienes conocen el caso aseguran que la defensa chilena tendrá hoy dos grandes misiones. Uno: Presentar la solidez jurídica de su caso, señalando que no existe ninguna obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Dos: Rebatir las «tergiversaciones históricas», «contradicciones y falacias» esgrimidas por ese país en su alegato.
Eso explica que el equipo chileno haya privilegiado en las últimas horas algunos énfasis en su defensa para desmentir lo señalado por Bolivia ante los jueces.
La soberanía no está en juego
Será Grossman quien entregue los argumentos en que se basa la defensa. Ante todo, señalaría que los límites entre Chile y Bolivia fueron establecidos a perpetuidad en el Tratado de 1904 y que Chile no tiene ninguna obligación de negociar un acceso soberano con ese país.
Resaltaría lo establecido por la Corte en el fallo de la objeción preliminar presentada por Chile (2015). Esto es, que el tribunal aclaró que el caso no trata acerca del Tratado de 1904. Y que, incluso en la situación de que se determinara una eventual obligación de negociar, la Corte no podría predeterminar un resultado.
«Vamos a poner el caso donde tiene que estar, en el derecho internacional. Hemos visto exposiciones bolivianas que tienen mucho argumento de carácter emocional e histórico y muy poco trabajo de poner los hechos junto al derecho. Vamos a responder esos argumentos, pero esencialmente exponer la naturaleza y carácter de lo que Chile espera de la Corte», dijo Grossman a «El Mercurio» en la antesala del alegato.
Contradicción boliviana
Existe una contradicción boliviana que sería manifiesta, según plantean quienes conocen el caso. Mientras que el agente Eduardo Rodríguez Veltzé dijo, por un lado, que Bolivia se presentaba en la Corte solo esperando que Chile volviese a «sentarse a la mesa a negociar», por otro, insistió en que su aspiración, inequívocamente, es conseguir «una salida soberana al mar».
Intento velado de cuestionar el Tratado de 1904
Otro punto que abordaría Chile es que el reclamo boliviano ha insistido en que no busca impugnar el Tratado de 1904. Sin embargo, y pese a que la propia Corte señaló que este no era materia del caso, en reiteradas ocasiones los abogados de Bolivia han afirmado que tras su firma quedó «abierta» la posibilidad de negociar un acceso soberano al mar o que el Tratado fue impuesto.
Además, Chile relataría los beneficios portuarios y de tránsito comercial que entrega a ese país en virtud del tratado.
Los acercamientos de 1920, 1950 y 1975
Durante el alegato boliviano se citaron acercamientos diplomáticos como los ocurridos en el Acta Protocolizada de 1920; las notas intercambiadas durante el Gobierno de Gabriel González Videla, en 1950; o el encuentro de Charaña, en 1975. Para Bolivia, todo ello constituiría «un continuo» con efecto jurídico.
Chile en esta etapa defendería que ninguna de esas conversaciones arribó a un resultado concreto ni menos a un tratado ratificado por ambas partes. E incluso, en varias de esas ocasiones fue el propio país vecino el que se levantó de la mesa de negociación. Como tras los acercamientos de Charaña, en que rompió relaciones diplomáticas con Chile, en 1978.
La OEA y la ONU
Otro análisis que habría hecho el equipo chileno son las menciones de los abogados como Amy Sander y Vaughan Lowe, sobre la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la de Naciones Unidas. La primera se refirió a resoluciones de la OEA realizadas entre 1979 y 1989 en las que se planteó el tema de la mediterraneidad de Bolivia como una cuestión de preocupación hemisférica. La abogada dijo que las recomendaciones emitidas en esas fechas tendrían «efectos jurídicos».
Este tema, que fue reforzado en los alegatos bolivianos, pero poco desarrollado tanto en su memoria como en su réplica, sería considerado un «punto débil» de ese país. Chile plantearía que las recomendaciones de la OEA no constituyen obligaciones ni actos jurídicos y que, desde 1990 en adelante, no ha vuelto a tener ese tipo de resoluciones.
En las últimas horas los juristas internacionales y el equipo de abogados chilenos trabajaron intensamente en el segundo piso del Hotel Hilton afinando el alegato. Y aunque se mantiene en reserva el orden de los litigantes, una opción fuerte que se barajaría para hoy es que intervengan Sir Daniel Bethlehem, Jean-Marc Thouvenin, Kate Parlett y Sam Wordsworth.
«Vamos a poner el caso donde tiene que estar, en el derecho internacional. Hemos visto exposiciones bolivianas que tienen mucho argumento de carácter emocional e histórico y muy poco trabajo de poner los hechos junto al derecho». CLAUDIO GROSSMAN, AGENTE CHILENO EN LA HAYA
Fuente: El Mercurio
