La productividad ha caído de manera constante en los últimos cinco años, ante lo cual la modernización del Estado puede ser una respuesta efectiva para revertir tal escenario.
UNA VEZ MÁS, la productividad registró una variación anual negativa. Así, durante 2017 se contrajo 1,2% de acuerdo a cálculos de Clapes UC. Con ello sumó cinco años consecutivos de retrocesos, transformándose en un lastre para la economía chilena. No se debe olvidar que el periodo de mayor crecimiento económico del país fue precisamente cuando más se expandió la productividad, a inicios de los noventa.
Esta es una variable a la que si bien se intentó dar prioridad -incluso hubo un año de la productividad-, en la práctica poco se avanzó.
Por ello, la actual administración debe volver a poner el tema sobre la mesa, y actuar donde atribuciones tiene para hacerlo: en la eficiencia del Estado.
Se requiere un Estado más simple, menos engorroso, con menos trámites, con más tecnología y con servicios de calidad. Todo ello, con el objetivo de generar mayor productividad a nivel agregado, variable que ha restado al país por muchos años.
Se debería avanzar en una agilización de la tramitación medioambiental, dado que con el sistema actual existe un grado muy alto de incertidumbre lo que desalienta la inversión. Asimismo, se requiere un Estado realmente en línea, que las personas o empresas no deban acudir a más de una entidad pública para obtener una serie de papeles o certificados. Todo ello se transforma en mayores costos de transacción para el sector privado. Traslado, tiempo, distintos pagos. Todo ello resta a la hora de lograr ganancias de eficiencia.
Este es un elemento clave para lograr un mayor crecimiento no sólo de corto plazo, sino que también de largo plazo.
En este contexto, el gobierno podría adoptar una serie de medidas que ya se han levantado por parte del sector privado. Destacan las propuestas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) o la del Centro de Estudios Públicos (CEP).
Fuente: Pulso