Opiniones cruzadas por petición de EPV a municipio de Valparaíso

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Una verdadera ola de opiniones cruzadas de toda índole generó la solicitud formal de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) al municipio porteño en relación a los derechos por el permiso de edificación pagados por la empresa estatal y la concesionaria Mall Plaza en el fallido proyecto mall Barón.

La concesión data del 14 de febrero de 2013 y su nulidad fue zanjada por la Corte Suprema el 27 de diciembre de 2017. Ante esto, EPV a través de una carta dirigida al alcalde porteño, Jorge Sharp, solicitó la devolución de 15.771 UF (casi $ 426 millones), pago que afectaría de manera directa a las alicaídas arcas municipales y al complejo escenario económico que la denominada alcaldía ciudadana ha tratado de superar a través de un estricto plan de austeridad.

Ante esto, y tras discutir el tema en el Concejo Municipal de ayer, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, hizo un llamado a reflexionar a la Empresa Portuaria de Valparaíso y a adoptar una postura autocrítica.

«Los concejales fueron claros en señalar que la actitud de EPV no contribuye al clima que estamos tratando de construir de acuerdo y de entendimiento en la ciudad para tener una propuesta en común sobre el borde costero. Y por lo tanto, no voy a caer en estas provocaciones e invito a la EPV a reflexionar y ser un poco más autocríticos en este tipo de cuestiones», manifestó Sharp.

Su opinión fue compartida por ediles porteños. «EPV está cometiendo un error», manifestó el concejal Iván Vuskovic (PC), presidente de la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal.

En este punto, el edil agregó que «desde el punto de vista jurídico, entiendo que esta petición al municipio de cancelar un monto millonario no tiene mucho sustento, pues finalmente este permiso es un estudio, el cual se realizó, y si el tema no resultó, no es culpa del municipio. Además, EPV conoce la situación financiera de la municipalidad y no creo que cobrar $ 400 millones afecte el presupuesto de la empresa portuaria».

Por su parte, el concejal Marcelo Barraza (DC) puntualizó que «en algún porcentaje la intervención ideológica del conglomerado que representa Sharp le podía pasar la cuenta. Sin embargo, solicitar el pago de más de $ 400 millones al municipio es una medida extrema, tomando en cuenta el escenario que actualmente vive la municipalidad en términos económicos».

Por su parte, y tras ser consultado sobre las motivaciones para solicitar el pago de casi $ 426 millones al municipio de Valparaíso, el presidente del directorio de EPV, Raúl Urzúa, expresó que «no podemos dejar pasar el tiempo y las oportunidades para Valparaíso. Las discusiones sobre el desarrollo portuario no son políticas ni ideológicas; al contrario, deben tener como norte a Valparaíso en su totalidad. Es decir, el puerto, el plano y la ciudad».

En este sentido, Urzúa precisó que «hay que entender que como empresa tenemos una responsabilidad frente al Estado de Chile y, por tanto, estamos obligados a solicitar, en primer término, la restitución de los pagos, estimados en más de 15 mil UF, que se realizaron por un permiso de obras que el municipio otorgó al proyecto Puerto Barón y que luego la Corte Suprema declaró ilegal, justamente porque el mismo municipio decidió no defender sus actos».

Finalmente, el director de EPV expresó que «luego de eso debemos analizar, en el mediano plazo, ejercer otras acciones legales relacionadas con los daños y perjuicios que creemos se han producido con las actuaciones del municipio. Recordemos que el Estado, a través de EPV, afrontó una serie de gastos y compromisos a costa de su patrimonio, impulsando un proyecto desde la buena fe, cuyo permiso de obras posteriormente fue declarado ilegal».

En tanto, quienes tampoco quedaron indiferentes a la petición de EPV al municipio porteño en relación a los permisos para la construcción del mall Barón, fueron representantes del mundo parlamentario local.

«La solicitud de EPV de solicitar la devolución de los dineros por el permiso de edificación es lo que correspondía hacer debido a que los directores de las empresas portuarias deben responder por el cuidado del patrimonio de la empresa», puntualizó el senador Francisco Chahuán (RN), quien agregó que «ciertamente, al no otorgarse los permisos correspondientes o al caducar aquellos, lo que correspondía era solicitar la devolución de los mismos».

Esta declaración fue apoyada por el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), quien añadió que «lamentablemente este es el resultado de una gestión populista del alcalde Sharp, que dejó absolutamente de lado toda lógica de defensa de los intereses de la ciudad por llevar adelante sí o sí su ideología. Por lo tanto, EPV está en su legítimo derecho de exigir la devolución del pago de derechos y, en caso contrario, de ejercer acciones legales».

Por su parte, quien criticó la actitud adoptada por EPV fue el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien manifestó que la empresa portuaria debería preocuparse de las faenas que le competen y no de generar negocios comerciales.

«Yo encuentro que EPV tiene que preocuparse que el puerto funcione bien y no hacer ningún negocio inmobiliario o comercial, porque esa lonja de borde costero no la quiere para faenas portuarias, sino que para un centro comercial por 20 años renovable. Y la pega de EPV es que la subida y bajada de containers sea eficiente, funcione a tiempo y tengamos un puerto competitivo igual que San Antonio», declaró el legislador.

En este punto, el diputado Rodrigo González (PPD) calificó de una «frescura que la EPV exija al municipio de Valparaíso $ 425 millones. En vez de eso, debería devolver los innumerables aportes que la ciudad le hace al puerto que administra, pues su objetivo es ser funcional con la ciudad, convivir con ella, respetar su carácter patrimonial y desarrollar la posibilidad trabajos».

«EPV está en su legítimo derecho de exigir la devolución del pago de derechos o de ejercer acciones legales por este gustito de Sharp»

Osvaldo Urrutia, Diputado UDI»

«Yo encuentro que EPV tiene que preocuparse que el puerto funcione bien y no hacer ningún negocio inmobiliario o comercial»

Ricardo Lagos Weber, Senador PPD»

 

Fuente: El Mercurio de Valparaíso