Por dos horas y media, los presidentes de los dos sindicatos de trabajadores de la fábrica de contenedores de Maersk San Antonio expusieron, la tarde del martes, ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados la compleja situación que enfrentan las 1.209 personas que fueron despedidas el jueves 14 de junio tras la decisión de la empresa de cerrar la planta de Malvilla.
Víctor Torres, diputado DC que asistió a dicha instancia, dijo que en ella se recalcó la necesidad de que el Estado «se haga cargo de los efectos» que tendrá el cese de las operaciones de la compañía en San Antonio.
El parlamentario añadió que la Comisión planteará al Gobierno que se cree una mesa de trabajo interministerial de tal manera de «establecer un plan integral de intervención que dé cuenta de los requerimientos de los trabajadores que han quedado en la calle».
Ademas, reveló Torres, en dicha sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja «los dirigentes pudieron eliminar varios de los prejuicios que se estaban esgrimiendo públicamente como responsabilizar a los sindicatos, producto de la huelga legal del año pasado, como causal del cierre y una serie de elementos que se han planteado y que son absolutamente falsos. Se dejó en claro que las razones de la empresa fueron las razones de mercado y que ella misma establece en su declaración del jueves pasado».
Apoyo estatal
La diputada Camila Rojas (FA) también participó en este encuentro y acusó que «por momentos la discusión bajó su nivel ya que algunos parlamentarios opinaban con información errónea o derechamente en desconocimiento de la situación».
Rojas añadió que «los trabajadores, a través de sus dirigentes sindicales, manifestaron claramente la necesidad de contar con apoyo estatal en la construcción de soluciones frente al desempleo que se genera, y su disposición para trabajar en conjunto con las autoridades. También plantearon alternativas como una cooperativa de trabajadores que reactive la fábrica, pero se mostraron abiertos a escuchar otras propuestas por parte del Gobierno».
Sobre esta reunión, el diputado PS Marcelo Díaz señaló que «pedimos que el Gobierno sea proactivo en la búsqueda de alternativas de trabajo para estas personas, que se aceleren inversiones en materia de obras públicas, ya que hay varias pendientes en San Antonio, pero también pedimos que el Gobierno precise cuántos recursos aportó el Estado de Chile a esta empresa para instalarse acá, con el compromiso de establecerse por 25 años en nuestro país».
Apoyo estatal
Alejandro Villatoro, presidente del Sindicato N° 2 de Maersk, reveló que el mismo martes los dirigentes se reunieron con el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg. En ese sentido, lamentó que «él insista en su discurso de que las organizaciones sindicales tienen parte de la responsabilidad en el cierre de la planta».
«Al ministro le solicitamos que apurara las obras públicas que existen en la zona: el estadio, el hospital, el puente Lo Gallardo y la Carretera de la Fruta», detalló.
El timonel también contó que «las distintas bancadas de diputados se comprometieron a pedirle al Gobierno que acelere el proceso de la licitación portuaria (del Puerto de Gran Escala)», de tal manera de que «haya una empleabilidad mejor en el futuro».
Villatoro valoró que los parlamentarios hayan escuchado a los sindicatos porque, a su juicio, eso sirvió para que entendieran que la empresa aún es viable a través de una alianza entre trabajadores y el Estado.
Fuente: Líder San Antonio
