El 26 de septiembre de 2017, Hyundai presentó una demanda arbitral en contra de la Constructora OAS ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) por discrepancias entre ambos accionistas del Consorcio Puente Chacao (CPC), luego que la firma brasileña envuelta en el escándalo Lava Jato cayera en insolvencia.
Hoy el caso volvió a tomar vuelo. El 18º Juzgado Civil de Santiago confirmó la mantención de la medida precautoria que solicitó la coreana sobre las acciones de la brasileña en (CPC). Vale decir, la prohibición de OAS de vender los títulos que mantiene en la sociedad conjunta. La acción fue acordada por ambas compañías, cuya representación legal está en manos de Jorge Bofill y Sebastián Yanine (Bofill Escobar Silva Abogados) por Hyundai, y Alejandro Sanzana (Abdala y Cía), por OAS.
En dicho documento, Hyundai expuso que mantuvo un acuerdo para comprar los papeles de OAS en CPC. Sin embargo, cuando la coreana y la brasileña llegaron a la fase final de la negociación y estaban a pocos días de firmar los documentos, OAS dio marcha atrás y manifestó que deseaba cambiar los términos de la transacción.
El 1 agosto de 2017, Ko Jea Kwon renunció a su cargo de Gerente General de CPC. En su carta de renuncia, explicó que, en calidad de gerente general, había hecho todo lo posible por “mantener a la compañía con vida y en cumplimiento de sus obligaciones para con el Ministerio de Obras Públicas de Chile”. También explicó que renunciaba por recomendación de su médico, puesto que los problemas que enfrentaba CPC habían afectado su salud, según la demanda.
Diez días más tarde el directorio de CPC analizó la aprobación de dos subcontratos necesarios para iniciar la construcción del puente Chacao: un contrato de suministro de hormigón con Ready Mix Centro S.A., por aproximadamente US$28 millones, y un contrato de obra de pilotes perforados con Trevi Chile SpA, por aproximadamente US$23 millones.
En la cita -sostiene la demanda- los directores de Hyundai en el Consorcio Puente Chacao señalaron que debían iniciar las obras de construcción lo más pronto posible; y que, si no se firmaban los contratos de suministro de hormigón y pilotes perforados dentro de las siguientes dos semanas, CPC arriesgaba incurrir en un incumplimiento del cronograma acordado con el MOP. Sin embargo, el director Alexandre Alves de Mendonça (OAS) rehusó aprobarlos alegando que carecía de información suficiente.
Posteriormente, el secretario del directorio, Joaquín Feres, envió a los directores el acta de la reunión. En ese momento, “Mendonça modificó el acta eliminando algunas manifestaciones realizadas por otros directores”, según la demanda. Sin embargo, Feres objetó los cambios propuestos por cuanto no reflejaban lo que realmente había ocurrido en la reunión.
“Esta no fue la primera vez que OAS intentó manipular las actas del Directorio de CPC en un intento por reescribir la historia, fuera con el objeto de incluir declaraciones que nunca se formularon o de revertir las decisiones del Directorio a posteriori”, acusó Hyundai.
“Fernando Quintas, representante de OAS en la Junta de Accionistas, intentó modificar el acta de la junta del 27 de marzo de 2017, pretendiendo introducir una serie de afirmaciones sobre una supuesta renuncia de derechos de Hyundai en favor de OAS”, añadió.
Pero una de las escenas más llamativas que describe Hyundai en su demanda ocurrió el 25 de abril de 2017, cuando un empleado de la brasileña en Santiago (Athur Venuto) irrumpió sin aviso en las oficinas de la sucursal de Hyundai en Santiago. Unos días después, el 28 de abril, Venuto visitó sorpresivamente el predio del proyecto en la Región de Los Lagos y exigió acceso a las instalaciones y a información privilegiada sobre las operaciones de CPC.
Según la demanda, el 16 de mayo de 2017, Venuto junto con el abogado interno de OAS, Lucas Tironi, intentaron acceder al recinto de CPC a través del predio de una compañía vecina. Así informó un empleado de seguridad de CPC: “personas desconocidas se presentaron como propietarias del proyecto e intentaron ingresar a nuestro predio a través de una compañía vecina (Humboldt), que les negó el acceso”.
No pago a trabajadores
El 13 de junio de 2017, OAS envió una carta a Hyundai en la que se quejaba de los pagos directos de Hyundai a los acreedores de CPC, alegando que OAS no los había “aprobado”. En su carta, OAS alegó que estaba “cerca de una solución definitiva para las necesidades financieras de CPC” y que, por tanto, “el pago de las obligaciones de CPC por parte de Hyundai ya no sería necesario”.
Posteriormente, en una carta Hyundai respondió a la alegación de OAS, recordándole que, para empezar, la crisis financiera de CPC tuvo su origen en la quiebra de brasileña. “La negativa de OAS a aprobar la financiación de emergencia había forzado a la administración a buscar asistencia de los accionistas. En particular, destacó que fue OAS quien había sugerido que Hyundai realizara pagos directos a los acreedores de CPC para superar la falta de fondos de la compañía”.
“Si el pago es tan urgente y la demandante está tan dispuesta a realizarlo, no necesitan estas “Medidas de Emergencia”; puede simplemente realizar los pagos y luego recuperarlos de CPC”, contestó OAS a Huyndai en el intercambio de misivas.
“La sugerencia de OAS de que la compañía dejara de pagar los salarios, los aportes de previsión social y las facturas de los contratistas confirmó la falta de interés de OAS en la supervivencia de CPC. OAS había bloqueado sistemáticamente los intentos de Hyundai de prestar fondos a CPC, pero ahora se quejaba de los pagos que Hyundai había realizado a empleados y acreedores en un esfuerzo por evitar la quiebra de CPC”, acusó la demanda.
Fuente : La Tercera
