Antes de que se licite el Puerto de Gran Escala (PGE) en San Antonio debería zanjarse el diseño, modelo de negocio, estructura propietaria y quien operará las vías y el material rodante del ferrocarril que transportará carga desde y hacia ese futuro megaterminal de US$ 3.360 millones que anunció el gobierno hace un año.
Así lo indica la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que envió -en diciembre pasado- nuevos antecedentes al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en el marco de la solicitud de un informe que fije las condiciones de competencia de la licitación del proyecto (Terminal Mar), pedido por la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) al tribunal. El proceso involucra consultas a varios actores.
El tren movería cerca del 30% de los contenedores del futuro terminal. Por ello, la FNE «considera relevante que materias fundamentales referidas al transporte por ferrocarril se definan en un periodo anterior al proceso de licitación, tales como el modelo de negocios que el mismo tendrá, sobre el financiamiento y operación de las vías ferroviarias y material rodante», señala parte del documento de la Fiscalía firmado por los abogados Alejandro Domic y Bernardo Arancet.
La FNE añade que en la medida de que el proyecto ferroviario esté definido, sería una garantía de que las inversiones en las «concesiones portuarias no sean limitadas por congestiones en el transporte terrestre». Añade que el diseño del tren, su financiamiento y estructura de propiedad podrían afectar el grado de competencia y las tarifas a cobrar en el nuevo puerto. Esto, debido a que el operador debería también relacionarse con otros terminales de la V Región.
Esta opinión, además, se conoce mientras sigue pendiente el futuro del tren rápido Valparaíso-Santiago, ligado a Sigdo Koppers y China Railway Group Limited.
El presidente de la Cámara Marítimo Portuaria de Chile (Camport), Daniel Fernández, coincide con lo que plantea la FNE y sostiene que nuestro país «no puede ser potencia marítima, si no es potencia logística terrestre y eso pasa por el ferrocarril».
Fernández indica que hoy para un eventual interesado en la licitación del PGE, existe incertidumbre respecto de si podrá o no sacar la carga por tren.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones comenta que junto a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) y EPSA están «avanzando en la línea de la Fiscalía, al incluir la mayor cantidad de elementos que permitan la concreción de un proyecto exitoso desde su licitación». La cartera afirma que «están desarrolladas las bases de licitación del modelo de negocio del corredor ferroviario y que pronto iniciará la etapa de concurso público».
Aldo Signorelli, gerente general de EPSA, afirma que el proyecto «corredor Ferroportuario» debe contar con un modelo de negocios «conocido de forma previa al proceso de licitación, tal como señalara la Fiscalía». También destaca que están trabajando en el desarrollo de este junto a EFE.
Signorelli sostiene que actualmente están realizando el Estudio de Impacto Ambiental del PGE y efectuando el relacionamiento con autoridades y la comunidad.
Operación
En Camport estiman que en 2030 sería necesario el inicio de operaciones del PGE.
Fuente: El Mercurio
