Luego de la decisión del Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) de no persistir en el proyecto de expansión del T2, varios son los escenarios que se abren y que actualmente están bajo el análisis de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) la que, desde el viernes, asumió la titularidad de la iniciativa.
La prioridad de la estatal es afrontar la judicialización a la espera de que un resultado exitoso le permita relicitar la obra o que, si es que el concesionario hace efectiva la cláusula de retracto respectiva, autorizar a TCVAL a continuar sus operaciones más allá de abril de 2021.
«Técnicamente el proyecto ya obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental; por lo tanto, las modificaciones que se le pueden hacer son muy restringidas», explicaba el presidente (i) de EPV, Raimundo Cruzat, al ser consultado si la expansión podría estar sujeta a modificaciones para allanar su viabilidad, agregando que cambiar el proyecto implicaría una nueva resolución.
«Ahora en este proceso de judicialización pueden salir aspectos nuevos que se podrán considerar si es que en su mérito corresponden, pero es importante también manejar las expectativas respecto a eso», deslizó el personero.
Para el director del Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile, Hugo Caneo, uno de los futuros escenarios sería volver a licitar el desarrollo de la infraestructura, eso sí que previa determinación de que efectivamente la empresa australiana haya dejado de lado el desarrollo de la concesión.
«Además, sería ideal procurar, por parte de EPV, mitigar aquellos factores que incidieron en la salida del concesionario, para efectos de obtener una pronta licitación y al mejor costo y retorno posible para la empresa portuaria», comentó el académico.
Sin embargo, pensando en lo que viene advierte que hay varios factores a considerar. «Hay varios problemas, uno es el proyecto de realización del megapuerto, en San Antonio, el que puede desalentar la realización de este terminal dado que de realizarse involucraría más competencia, por otra parte, y esto es un tema que debe preocupar a la autoridad, es que la competencia no sólo proviene de puertos chilenos, sino que también de enclaves peruanos o ecuatorianos, al menos», sostiene.
Y precisa que si no se produce una actualización de la infraestructura portuaria, no se podrán recibir barcos postpanamax o next postpanamax (mayor eslora), lo que haría que las naves de ese tipo no puedan pasar a Chile directamente, sino que deban ir a otros puertos que puedan recibirlos, para luego transferir la carga a otros buques menores que lleguen al país. «Eso en el comercio internacional, genera mayores costos, y por tanto incremento de precios de las importaciones», recalca.
El académico de la Universidad de Valparaíso, Sergio Bidart, ve varias dificultades en el caso de una relicitación del proyecto actual. «Luego de estar cuatro años esperando un permiso es difícil que otro inversionista se arriesgue porque al final este es un tema de riesgo (…) Si viene un inversionista y el Estado aprueba todos los temas ambientales y les da los vistos buenos es mucho más fácil, pero creo que las exigencias de un inversionista van a ser distintas, pues a mayor riesgo mayor rentabilidad», subraya el director de la carrera de Ingeniería Oceánica y Transportes de la Universidad de Valparaíso.
Con todo, considera complejo que surja algún interesado dada las señales que se han dado en los últimos años con la caída de varias iniciativas en el borde costero.
«Lo veo complicado porque pienso que, en general, las inversiones en Valparaíso en el borde costero suben la tasa de riesgo y eso implica que menos inversionistas van a querer asumirlo y, de hacerlo, van a exigir una rentabilidad fuera de lo normal», sostiene el experto.
La opción de un nuevo proyecto también está latente aunque ello implicaría volver a empezar la tramitación ambiental. En el caso de que se hiciera en otro lugar como San Mateo, Barón o Yolanda también significaría una inversión mayor.
«Es que para cualquier cosa que se quiera hacer en Valparaíso la limitación es al abrigo. El molo actual solamente cubre hasta la zona dónde estaba el T2, todo lo otro implica hacer uno nuevo y esa inversión no la va a hacer un privado, sino que el Estado», subrayó, señalando que en ese punto el puerto escogido fue San Antonio.
«Valparaíso ya llegó a su techo de capacidad y lo que va a pasar ahora es que va a crecer San Antonio. O sea, la actividad portuaria principal en Chile se va a ir para allá (…) El desequilibrio que existe en la actualidad va a aumentar claramente», mencionó.
En relación a la opción de que TCVAL pueda hacer uso de la opción de retractarse de la decisión tomada, recalca que depende de muchos factores. «El Estado debería negociar de nuevo con las autoridades de la empresa y bajar el riesgo, de manera que para ellos sea atractivo seguir con el negocio, cosa que veo difícil», opina.
«En el tema marítimo portuario estamos en general con una planificación poco eficiente y riesgosa. Se han perdido cerca de US$ 750 millones en inversión en Valparaíso más la Maersk que se fue de San Antonio», menciona.
A juicio del director de la Cámara Aduanera, Javier León, lo que se requiere es un plan que no sólo considere la actividad portuaria; de lo contrario, afirma que la caída de iniciativas continuará.
«Hay que ver todos los escenarios posibles entre todos los incumbentes y tratar de consensuar una iniciativa integral para la totalidad del borde costero, no sólo el puerto ni el Parque Barón. De lo contrario, vamos a seguir parando proyectos que más allá de si nos gusta o no son grandes inversiones», insistió, señalando que en este momento Valparaíso quedó tachada como una ciudad que «espanta a los proyectos».
Para el personero hay que volver a analizar otras opciones, como el proyecto Venecia, presentado en su oportunidad por TPS. Aunque ello toparía, en principio, con dos obstáculos: chocaría con que sólo existiría un operador en Valparaíso y además hay que recordar que la concesión del Terminal Uno vence el 2029 por lo que no sería rentable.
MINISTRO DE HACIENDA LAMENTÓ DECISIÓN
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, fue ayer el primer miembro del gabinete que se refirió públicamente a la decisión de Aleatica -controlador de TCVAL- de no persistir en el proyecto de expansión del Terminal Dos de Valparaíso. «Lamentamos la decisión y hay que hacer un análisis de por qué esta empresa se retiró, lo que no significa que esté perdido el proyecto», destacó a El Pulso, agregando que el Gobierno debe preocuparse de que la inversión tenga continuidad. «Si una empresa decide no continuar, otra puede continuar esa labor», agregó el secretario de Estado.
Fuente: El Mercurio de Valparaíso
