De la decisión del concesionario de no perseverar en el proyecto del Terminal 2 del puerto de Valparaíso, se desprende un aprendizaje para el futuro. El Estado, a través de la Empresa Portuaria de Valparaíso, llamó a una licitación para ampliar su puerto, de acuerdo con la ley de puertos y dentro de sus atribuciones. Un inversionista se presentó y se adjudicó el contrato de concesión de buena fe.
Hubo un proceso de evaluación ambiental, a través de los órganos competentes del Estado, siguiendo la normativa vigente, y hubo opositores que ejercieron sus derechos legítimamente. Aun así, el proyecto finalmente no se hará. ¿Qué falló? Que la evaluación de los impactos ambientales y sociales del proyecto y la tramitación de los permisos debió hacerse antes de licitar, y no después. O sea, hubo una falla en el diseño del proceso.
Si es el Estado quien llama a los privados a invertir, la discusión sobre los impactos del proyecto debe hacerse primero dentro del Estado, convocando a participar a los actores pertinentes y estableciendo las condiciones para su realización. De esa manera, los inversionistas pueden evaluar correctamente los riesgos de su inversión. Así se hizo en su oportunidad con las concesiones de autopistas urbanas en Chile, con éxito.
Con ese diseño se evita que un puerto público pierda tiempo y recursos en un proyecto que necesita, pero que finalmente no se hace; que un inversionista pierda recursos sin poder ejecutar el proyecto; o peor aún, que un concesionario obtenga ganancias por operar un terminal de un puerto público por 7 años (los 5 que han pasado más los 2 que vienen) sin efectuar, por factores externos a él, las inversiones comprometidas en el contrato de concesión.
Fuente: El Mercurio Valparaíso
