Pese a la repercusión que generó la decisión de Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), de desistirse de la concesión del terminal 2 y del proyecto de expansión, la opción que tomó el concesionario a inicios de marzo no sorprendió a los portuarios de la V Región, quienes la tildan de un «secreto a voces».
Algunos actores aseguran que el concesionario desistió solo por estimaciones económicas, pero otros sitúan el punto de quiebre en la polémica movilización que afectó al puerto de Valparaíso entre noviembre y diciembre del año pasado, liderada por los trabajadores eventuales, que exigieron reivindicaciones económicas ante la caída de la actividad portuaria en esa zona.
A fines de noviembre TCVAL se allanó a pagar un bono a los trabajadores eventuales. Por ello dicha movilización terminó por concentrarse por semanas en el otro concesionario, del grupo Von Appen. Pero la trastienda de cómo llegaron a este punto tiene versiones encontradas. Según la versión de un grupo de trabajadores, la empresa ya se había comprometido mucho antes a entregarles el bono, previo a que obtuviera la RCA del proyecto, y como este se votó favorablemente en septiembre, el concesionario concretó el pago comprometido según esta visión.
Otra versión es que los trabajadores pidieron el bono como parte de sus demandas recién en noviembre, cuando ya había estallado la paralización. Una alta fuente de la industria indica que hay algo de cierto en ambas versiones, pues de manera informal la gerencia de TCVAL habría planteado la posibilidad de dar un «estímulo» a sus colaboradores cuando se aprobara la RCA, pero no habría hablado de bono, ni menos de la magnitud a la que finalmente se llegó cuando tuvo que intervenir el gobierno en el conflicto portuario.
Como sea, aun con RCA aprobada, el proyecto ya estaba judicializado, lo que impidió que TCVAL comenzara a ejecutar las obras, incluso hasta hoy. Y lo que incomodó a TCVAL, sostienen conocedores, fue que sintió que el Gobierno le obligó a pagar el bono, que la empresa en ningún caso había comprometido formalmente y que, de hecho, no tenía una suma estipulada, dicen estas fuentes. Desde ahí, indica otro conocedor, Aleatica comenzó a transmitir de manera informal su intención de de dejar la concesión.
«El Mercurio» intentó sostener una entrevista con TCVAL, pero la firma declinó participar de este reportaje.
Según la última modificación contractual entre EPV y TCVAL, firmada en una notaría en octubre de 2018, y a la que «El Mercurio» tuvo acceso, el 13 de agosto de 2018 el concesionario ya había solicitado una modificación al contrato, aludiendo la «falta de certeza jurídica que en general afecta a los grandes proyectos de inversión en la V Región y en particular al proyecto que ejecuta TCVAL». Pues bien, en octubre, las partes acordaron que hasta el próximo 29 de marzo el concesionario «podrá manifestar su voluntad de no perseverar en el contrato (…) EPV no tendrá la facultad para calificar los fundamentos que indique el concesionario», afirma la modificación . El mismo contrato establece que TCVAL tiene hasta el 15 de octubre de 2020 para retractarse de su decisión, pero distintos consultados aseguran que no lo hará.
Conocedores aseguran que, pese al desistimiento, la salida de TCVAL se hizo en los mejores términos posibles, pues, por ejemplo, hasta el momento no han tomado acciones legales, un frente que se puede abrir cuando se termina unilateralmente un contrato. Además cedieron los estudios del proyecto a EPV, que a su vez los usará para defender la RCA en instancias judiciales.
¿Qué viene para adelante? Por parte de EPV, el foco hoy es defender en las instancias judiciales la RCA del actual proyecto de ampliación, haciendo mejoras, sin descartar a futuro otras opciones de diseño del proyecto. «Y no digo solamente participación comunitaria, de hacer una consulta pública o poner unos paneles en un hall en la municipalidad. Estoy hablando de invitar a actores locales a hacer propuestas», dice Raimundo Cruzat, presidente (i) de EPV. Agrega que las bases de este proyecto, que se licitó en 2013, indicaban que la responsabilidad de la tramitación ambiental era del concesionario, pero que hoy eso ha cambiado.
Para Cruzat, cualquier proyecto de la naturaleza de una intervención como el terminal 2, hoy en día en Chile, debería establecer en sus bases de licitación que la tramitación ambiental es responsabilidad del Estado, «del mandante, porque estos proyectos, con este nivel de intervención, ya no pueden tramitarse solamente desde el punto de vista del privado. Se requiere que esté el Estado con una política detrás de estos proyectos para sacarlos adelante», afirma.
Justamente apuntando a estas mejoras, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, señaló durante la semana su intención de incorporar a la municipalidad al diseño de una estrategia de desarrollo portuario, llamando repetidamente al actual «un mal proyecto».
En el Gobierno central también apuntan a soluciones: «Justamente por casos como este creamos la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS). El Estado debe acortar los plazos de respuesta a las tramitaciones y entregar más certeza jurídica a los titulares de proyectos de inversión», dice Juan José Obach, director ejecutivo Oficina GPS del Ministerio de Economía.
Y al final de la semana ya estaban las primeras señales de apertura hacia otras iniciativas, distintas al actual proyecto de expansión del terminal 2. El viernes en la tarde Jorge Martínez, intendente de Valparaíso, tras una reunión del Consejo Ciudad Puerto señaló que la discusión giró de dicho consejo «en torno a otras alternativas que se puedan analizar en paralelo a esta (del proyecto de TCVAL)», afirmó.
¿Cuál es el impacto económico de la salida de TCVAL? Raimundo Cruzat explica que por operar el espigón hasta 2021, el concesionario le seguirá pagando a EPV, por un lado, un arriendo y, por otro, un monto por la Tarifa Uso de Puerto (TUP), que depende de la carga que se transfiera. Lo que no se va a pagar es un monto por US$ 13 millones a EPV, que correspondía a lo estipulado en el contrato si el concesionario decidía perseverar en la concesión, indica.
Fuente: El Mercurio
