Es claro que no han sido años fáciles para el puerto y para EPV en particular”, dice el presidente de la Empresa Portuaria de Valparaíso, Raimundo Cruzat. Es que los últimos 12 meses han estado teñidos por sucesos que se han traducido en el desistimiento de grupos de seguir adelante con proyectos en el borde costero, ante la dificultad de concretar las iniciativas por el retraso de las autorizaciones ante la oposición constante de ciertos grupos. A comienzos de 2018 fue el cansancio del Grupo Plaza para continuar insistiendo con el proyecto Barón, y hace una semana, fue el turno de TCVAL con el Terminal 2, operador que el 11 de octubre de 2018 había suscrito una modificación del contrato con EPV para prorrogar hasta el 29 de marzo de 2019 el plazo para desistirse de continuar, decisión que comunicó a días de ese tope. El 2015 y el 2016 habían realizado cambios similares respecto de extensiones relacionadas con su ventana de salida, lo que se tradujo en pagos de más de US$ 5 millones a la empresa como compensación.
Así, de las cinco concesiones que administra EPV -según sus balances-, dos han enfrentado la pérdida del desarrollador. A lo que se suma la disputa judicial con ZEAL (Zona de Extensión de Apoyo Logístico), donde se fiscaliza la carga, tras el acuerdo que firmó EPV con TPS, autorizándolos a aforar también en el terminal, situación que ZEAL califica como discriminatoria y como una vulneración de sus garantías constitucionales, por lo que -luego de que la Corte de Apelaciones rechazara su recurso de protección- los acaba de llevar a la Suprema.
Pese a ello, Cruzat está optimista: “Nuestro deber es seguir impulsando el desarrollo, crecimiento y competitividad de la actividad portuaria de Valparaíso. Para ello es clave actualizar una ruta conjunta con nuestros principales socios estratégicos, con la comunidad y los trabajadores”, destaca.
Actualmente existe una estrategia llamada Plan de Desarrollo. A cuyo alero -dice Cruzat- se ha podido desarrollar un nuevo modelo logístico con ZEAL y la Ruta de La Pólvora, ampliación del Terminal 1, entre otras.
Sin embargo, más allá de ello, EPV tiene claro que en los espacios dejados por los concesionarios que se han caído se desarrollarán iniciativas. Puntualmente, en el caso del Terminal 2, este sigue en marcha tal cual. “El proyecto del Terminal 2 está vivo, y en mi opinión el que se ejecute o no va a ser el punto de inflexión respecto de si Valparaíso está disponible o no para recibir nuevos proyectos de envergadura”, dice Cruzat. Actualmente, EPV ya ha señalado que continuará defendiendo la Resolución de Calificación Ambiental obtenida en noviembre de 2018, para luego relicitarlo, o incluso devolvérselo a TCVAL; de hecho, la compañía tiene hasta octubre de 2020 -revela Cruzat- para retractarse de su decisión.
El retraso en el desarrollo, sin embargo, no tendría efecto en los ingresos. Hasta el próximo año, TCVAL deberá seguir pagando. Según los estados financieros, el canon anual es de US$ 653.372 base, reajustado por IPC. Además, existe un desembolso anual por administración que asciende a los US$ 1,1 millones. “Sin perjuicio de esta iniciativa, también nos abocaremos a desarrollar otras que fortalezcan la actividad portuaria de Valparaíso, su economía, turismo y condición urbana, como por ejemplo el muelle de cruceros, cuyos estudios estamos desarrollando con la mayor celeridad posible”, adelante Cruzat.
Asimismo, Paseo del Mar -desarrollo que reemplazará a Plaza Barón- sigue avanzando, liderado por el Ministerio de Vivienda. Se trata de un desarrollo de 15,9 ha para recuperar la costanera. Ya se escogió el diseño que se llevará acabo y se prevé que su construcción parta el segundo semestre de este año y finalice en 2021.
De esta forma, el presidente del consejo directivo del Sistema de Empresas Públicas (SEP), Ricardo de Tezanos, es claro en señalar que “no vamos a rediseñar el puerto, porque hay una decisión de un concesionario que le asiste en un contrato”. “Existe un proyecto alternativo (en la zona de Barón) que se traduce en entregarle un borde costero a la ciudad. Y en el caso de T2, la obligación de la empresa es tramitar la RCA para que el proyecto tenga una resolución a firme y pueda ser desarrollado”.
Fuente: Pulso
