Armada ratifica millonaria multa contra Enap, los operadores del buque «Mimosa» y el práctico

Luego de dos meses de investigación, el fiscal marítimo, Ricardo Bendel -designado por la Armada para indagar el derrame de petróleo en la bahía de Quintero, ocurrido el 24 de septiembre del año pasado-, ratificó las responsabilidades, causas y circunstancias del hecho que provocó serios daños a más de 10 playas del litoral y dejó sin fuente laboral a más de mil pescadores de Quintero y Puchuncaví, quienes estuvieron con restricción de pesca tras el vertimiento.

El escrito fue enviado a los implicados un día después de ocurrido el segundo derrame de hidrocarburo en la localidad, el pasado 13 de agosto, y en el documento el fiscal Bendel establece las responsabilidades que recaen sobre la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), el capitán del buque tanque «Mimosa», Gener Dimaculanga; el patrón del remolcador «Puyehue», Patricio Cárcamo; el segundo oficial del buque «Mimosa», Robert Rivera, y el práctico de la Armada, Eliseo Jamett.

En total, las multas suman $1.211 millones, de los cuales Enap tendría que cancelar $438 millones, el capitán del buque $ 300 millones, el remolcador $300 millones y el segundo oficial a cargo del «Mimosa» $300 millones.

Quedó fuera de estas sanciones, aunque el informe sí le atribuye responsabilidad, el práctico de la Armada, quien al ser un oficial activo, será el mando naval el que deliberará en torno a su sanción.

Las multas fueron asignadas de acuerdo a la responsabilidad de cada interviniente en el derrame. Según estableció el fiscal Bendel, el incidente ocurrió producto de una mala maniobra entre los responsables, lo que provocó el derrame de 38.700 litros de petróleo al mar cuando se realizaba el trasvasije de combustible desde el buque tanque «Mimosa» al Terminal Marítimo de Enap.

Apelación

A pesar de que las conclusiones del sumario administrativo de la Armada están respaldadas en una investigación que demoró un año, la resolución notificada esta semana a las partes no es concluyente.

El mismo escrito estipula en su parte final que los involucrados tienen, al igual que en las oportunidades anteriores, un plazo de 5 días para presentar sus descargos.

Una vez recibida a petición de los intervinientes, el fiscal puede volver a ampliar el plazo para tener la resolución final, que será dictada, en este caso, por el capitán de puerto de Valparaíso, Nelson Saavedra, tras la inhabilidad del gobernador marítimo, Rodrigo Vattuone, por tener cercanía con el práctico de la Armada, Eliseo Jamett.

A la apelación acudirá la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y la empresa Ultratug, a cargo del remolcador «Puyehue», lo que podría retrasar más el proceso del sumario administrativo.

En este caso, el fiscal o el capitán de puerto, Nelson Saavedra, tienen la posibilidad de acoger las peticiones o dar conclusión al fallo de la Armada.

«Nada nuevo»

Así lo dio a conocer el gerente de Asuntos Corporativos de Enap, Gabriel Méndez, quien afirmó que «efectivamente recibimos notificación de esta resolución formal del fiscal y no hay nada nuevo, es lo mismo anunciado en el mes de junio, formalizó lo que había hecho y fuimos notificados de lo ya anunciado».

Sin embargo, el ejecutivo de la estatal destacó que «nos parece un avance y necesitamos que esta investigación se complete, no podemos seguir esperando, esto no significa que estemos conformes».

Respecto a las responsabilidades, Méndez precisó que «lo que hace el fiscal es una asignación de responsabilidades donde deja al grupo y al remolcador con las mayores multas sobre los 700 millones de pesos, y luego, en segundo lugar, a Enap. Las mayores responsabilidades están asociadas al grupo que operó el buque y al práctico, que tiene que responder a un procedimiento administrativo».

Frente al escenario de reclamación, el representante de la estatal recalcó que «nosotros, obviamente, vamos a seguir la tramitación de la Armada, esperamos que se avance, queremos seguir aportando los antecedentes y lo vamos a presentar en el plazo correspondiente, haremos nuestra reclamación al gobernador marítimo».

En este sentido, Méndez reconoció que parte de la solicitud anterior de la empresa fue considerada por el fiscal en esta resolución, faltando aún algunos estudios que han solicitado incluir, como por ejemplo, a las espías.

«Hay parte que fue considerada, donde se plantea que la maniobra es la causante y hay responsabilidad directa del práctico, el primer oficial, el capitán y el remolcador, pero todavía no ha tomado debida cuenta de los análisis que hicimos como Enap», sostuvo.

Agregó que los datos entregados por el fiscal «no quita que el compromiso de responsabilidad social con Quintero».

Por su parte, desde la empresa Ultratug, responsable del remolcador «Puyehue», afirmaron que «la Investigación Sumaria Administrativa vuelve a confirmar la proposición de sanción a Enap, al capitán de la nave LR ‘Mimosa’, al capitán del remolcador, al oficial de guardia de la nave LR ‘Mimosa’ y al práctico».

Además, destacaron que «continuaremos prestando total colaboración y asesoría a nuestro capitán y durante los próximos días presentaremos nuevas defensas de acuerdo al proceso que se ha establecido».

Alcaldes quieren reunirse con la Presidenta

En el Congreso Nacional, los alcaldes de Puchuncaví, Hugo Rojas, y Quintero, Mauricio Carrasco, manifestaron ayer su interés por exponer la grave situación de contaminación en la bahía a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Para que esto se concrete ambos jefes comunales están a la espera de la respuesta del ministro del Interior, Jorge Burgos. En la oportunidad, Rojas y Carrasco pretenden plantear a la Mandataria la gravedad de los hechos que han ocurrido en la bahía, donde en menos de un año se registraron dos derrames de hidrocarburo.

«Aún hay antecedentes que hemos aportados y no han sido considerados, por lo que los volveremos a plantear», explicó Gabriel Méndez, gerente de ENAP.

$ 1.211 millones es el total de las multas establecidas en la resolución del sumario administrativo de la Armada.

$ 438 millones tendría que pagar Enap por ser sindicada como responsable del derrame de petróleo.

$ 773 millones recaen en el capitán del buque, el patrón del remolcador y el segundo oficial a cargo.