Una nueva disputa se abrió ayer ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) tras conocerse que diez armadores y dueños de 16 embarcaciones que operan en la ruta marítimo-fluvial entre Corral y Niebla demandaron al Ministerio de Transportes por presunta competencia desleal en esa actividad.
Los transportistas de la Región de Los Ríos acusan que la entidad de Gobierno materializó en 2010 una «profunda intervención» en dicha ruta a través de la explotación de la barcaza fiscal Cullamó, que fue entregada en licitación a la empresa Somarco. Afirman que, gracias a esa concesión, se le permitió al particular cobrar precios de transporte de pasajeros «subsidiados en, al menos, un 25% del precio de costo que a esa fecha cobraban nuestros representados». Los demandantes aseguran que, de esa manera, el Estado desechó su aporte histórico, lo que ha causado una disminución considerable de sus ingresos. Agregan que el costo de construcción de la nave fue cercano a los $3 mil millones y que al concesionario se le entregó la operación, mantenimiento, conservación y explotación lucrativa de la infraestructura portuaria existente, es decir, las rampas de Niebla y Corral.
Los demandantes sostienen que, con esta situación, el Estado excluyó «a todos y cada uno» de los partícipes que desarrollaban la actividad no solo subsidiando el transporte de carga sino además el de pasajeros, «convirtiéndose derechamente en actor relevante y pretendidamente único de la misma a través de su concesionario».
En el escrito, los demandantes también manifiestan que el mayor perjudicado es el pasajero por las menores posibilidades que tiene de escoger un servicio. Además, advierten que «claramente existe mala fe por parte del adjudicatario en la licitación, por cuanto de manera arbitraria determina valores para el traslado de pasajeros, sin ser acordes a los gastos efectivos de traslado». Además, lo acusaron de desviar clientela. Por esos motivos, los demandantes piden resarcir sus perjuicios económicos.
Fuente: El Mercurio
