Fue en noviembre de 2015, en la inauguración de Enade, cuando la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, oficializó a 2016 como el Año de la Productividad. Hoy, ad portas del término de 2016, expertos dan a conocer sus conclusiones sobre los logros y retos esta materia.
Para la directora ejecutiva de la Comisión de Productividad de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Joanna Davidovich, “que la productividad sea considerada por todos los actores como un gran desafío para volver a impulsar el crecimiento es un primer paso importante”.
Davidovich destaca las 109 medidas propuestas por la CPC que requieren tanto de la iniciativa pública como privada. “Estamos avanzando en implementar varias medidas, principalmente en temas de formación de capital humano, y temas que afectan los proyectos de inversión”, afirma.
En tanto, el vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad, Raphael Bergoeing, resalta la decisión de la Presidenta Bachelet de crear la instancia de la que forma parte y de crear el instructivo que establece la obligación de acompañar todos los proyectos de ley de iniciativa del Ejecutivo que tengan un impacto regulatorio de un informe sobre su efecto previsto en materia de productividad.
El director alterno de Clapes, Rodrigo Cerda, admite que “efectivamente, han habido esfuerzos tanto por parte del Gobierno, como del sector privado y la academia”, pero agrega que la Comisión Nacional de Productividad “da la impresión que necesita de mayores recursos y una mayor dosis de autonomía e independencia en sus nombramientos de la autoridad de turno, para que puedan tener más influencia”.
Asimismo, Cerda califica como “positivo” que los proyectos de ley deban ir acompañados de informes de impacto en productividad. “Esto es una idea interesante, pero sería recomendable que estos informes emanaran de la Comisión Nacional de Productividad, una vez que ésta sea totalmente independiente”, acota.
En esa misma línea, Davidovich estima que para que esta segunda iniciativa funcione adecuadamente se debe establecer una metodología para que las carteras puedan llevarla a cabo, con variables que permitan análisis y justificación de la propuesta. “También sería necesario que esta evaluación sea objeto de una validación por parte de alguna entidad independiente”, precisa.
De hecho, el propio Bergoeing considera que “se debe institucionalizar el desafío de la productividad”. En ese sentido, recomienda que la Comisión Nacional de Productividad sea establecida por ley para asegurar la autonomía de la instancia hacia adelante, independiente de los próximos gobiernos y asegurar que la implementación del instructivo presidencial se lleve a cabo de la manera más rigurosa posible, que sea lo suficientemente transparente en la metodología y los datos utilizados de manera tal que en el mundo académico se puedan replicar los cálculos y contrastar.
Otro aspecto que resaltan, tanto Davidovich como Cerda, es la necesidad de mejorar la confianza y las expectativas para recuperar productividad. “Para esto, creo que es inevitable reducir la incertidumbre que han generado las distintas reformas, rectificando el rumbo en varios casos con una mirada más amigable con la inversión y el emprendimiento además de una profunda modernización del Estado”, sentencia Davidovich.
En tanto, el economista y autor del informe de productividad de la UAI-Corfo, Igal Magendzo, es más crítico en el diagnóstico: “Se han hecho cosas, varias de ellas no siempre tan visibles o espectaculares, pero en el grueso me parece que seguimos al debe”.
Respecto al sector privado, señala que “debe ser más pro-activo en extirpar malas prácticas como la colusión, la corrupción y los abusos”. Mientras que en relación al sector público, sostiene que “lo que realmente falta es una modernización profunda del Estado (…) Hoy el Estado está capturado por lobistas, políticos de casi nula representatividad y los mismos funcionarios”.
Fuente: Pulso
