La posible puesta en marcha de dos nuevos proyectos de extensión portuaria, puerto multipropósito de Oxiquim y Puerto San José, en la bahía de Quintero pone en cuestionamiento el plan de gobernanza que implementó, hace más de un año, el intendente Gabriel Aldoney para ordenar la bahía.
Surgen discrepancias entre el intendente y las autoridades locales quienes difieren en la efectividad de la nueva gobernanza para ordenar y destrabar la saturación que existe en la zona portuaria de Quintero y Puchuncaví.
Para los concejales de la zona y los parlamentarios, Andrea Molina (UDI) y Christian Urízar (PS), la posible construcción de los dos proyectos colapsaría aún más el área donde actualmente convergen 19 empresas.
El concejal Luis Gatica, presidente de la comisión de ordenamiento territorial del Concejo Municipal de Quintero dijo que «la intención que ha tenido el intendente Aldoney con respecto a la gobernanza es una buena pero creo que estamos atrasados en los tiempos porque cuando se produjo este trabajo los proyectos ya estaban en avance. Hay incertidumbre y preocupación».
Gatica enfatizó que «si se realizan estas dos iniciativas es lamentable porque la bahía ya está colapsada. Por carga y descarga son aproximadamente 20 millones de toneladas anuales que mueve la bahía de Quintero, más que San Antonio y más que Valparaíso. La Gobernanza y el Consejo de Recuperación Ambiental y Social (CRAS) no han sido soluciones».
El edil Rolando Silva, destacó que «si estos proyectos están vigentes es porque han ido pasando etapas y la regulación lo permite. Si se están dando los permisos es por algo, el puerto está colapsado y hay preocupación en esta materia».
En tanto, el concejal Felipe Vergara destacó que «aquí ha hecho falta un trabajo integral entre los municipios, la empresa y el Estado. No se ha hecho un plan de manejo de la bahía que está absolutamente saturada. Para nosotros es súper preocupante que se instalen nuevos puertos en una comuna que está como zona de sacrificio y esta con ‘peak’ todas las semanas, otro puerto es mucho, es poner la lápida a Quintero».
La postura de los concejales es compartida por los parlamentarios de la zona quienes afirmaron que existe molestia por la poca resolución del Gobierno ante la problemática medioambiental de la zona y precisaron que la gobernanza fracasó.
El diputado Christian Urízar (PS) fue enfático y precisó que «estoy preocupado al igual que los concejales porque siento que los distintos gobiernos han hecho muchos estudios, análisis y en realidad lo que atañe a medidas correctivas que se deben tomar, todavía no se adoptan. Siguen ingresando proyectos y espero que ninguno de ellos tenga luz verde porque la bahía no tiene espacio para ningún proyecto productivo más, de ninguna índole».
Urízar afirmó que «esperaría que este Gobierno, que representa el intendente Aldoney, tomará acciones y dijera que en esa zona no se puede construir ni ampliar ninguna empresa más. Las ganas del intendente pueden estar pero la gestión ha fracasado, no veo resultados».
La diputada Andrea Molina (UDI) dijo que «es irresponsable lo que ha hecho el Gobierno en la zona, aún no tenemos Plan de Descontaminación, no hay norma de arsénico ni norma de azufre y existe colapso en el puerto. Yo me reuní con el ministro de Medio Ambiente (Marcelo Mena) la semana pasada para plantear una revisión». Molina precisó que «nosotros estamos oficiando para saber qué es lo que ha hecho esta nueva gobernanza en el tiempo que lleva vigente. Me parece insuficiente lo realizado hasta ahora, no tenemos ninguna situación real».
Las críticas de los parlamentarios y los ediles de Quintero fueron refutadas por el intendente Gabriel Aldoney quien aseveró que para hablar de la gobernanza «hay que estar informado».
Aldoney confirmó que «la gobernanza surge como un acuerdo público privado con la ciudadanía en vista que la legislación chilena tiene un vacío en la planificación y gestión de la bahía, por lo tanto, a mí me encantaría que cuando hacen críticas todos asuman las responsabilidades que ellos tienen desde el lugar donde están».
Ante la falencia de legislación portuaria, dijo Aldoney, «lo que yo he propuesto es una alianza público privado con la ciudadanía y por eso hace tres semanas se constituyó el primer directorio de la gobernanza. Ese directorio va a tener que llevar a cabo el plan maestro de la bahía que hoy no existe, ahí van a confluir los intereses de todos los actores que participan del rubro».
Oxiquim u otras empresas, manifestó la autoridad, «tendrán la oportunidad para dar a conocer los proyectos que tienen para desarrollar sus actividades privadas y cómo éstas se organizan de acuerdo a los intereses de la comunidad. Es una autorregulación y ya está teniendo frutos con el directorio».
Referente a los proyectos el intendente aclaró que la información que se maneja es que «son proyectos de larga data, que se han anunciado muchas veces y que nunca se han concretado. Un nuevo muelle para Oxiquim y un Puerto San José del que nunca se ha sabido si existe un proyecto».
En ambas iniciativas, confirmó Aldoney, hubo acuerdos. En el proyecto de Puerto San José, destacó, «se acordó dejar ese sector de la bahía para el desarrollo de actividades de la pesca artesanal lo que fue presentado a la comisión regional del borde costero, la idea es desarrollar un espacio para la pesca artesanal, por eso decimos no a la concesión».
Mientras para Oxiquim, aseveró Aldoney, «existe un plan maestro para que en conjunto, con todos los sectores, ordene la bahía, eso está en desarrollo. Con la constitución de la gobernanza se reconoció un problema: cada uno actuaba por su cuenta; ahora hemos logrado que esos actores tengan una estructura a través de este directorio. Oxiquim va a tener que pasar por el test de la blancura cuando tenga que presentar el área de maniobra para los buques , vamos a ver si existe espacio suficiente para que pueda operar «, remató.
ACCIONES DE LAS EMPRESAS
Las iniciativas cobraron fuerza esté año tras adelantos en materia ambiental y concesión marítima. Oxiquim consiguió la Resolución de Calificación Ambiental el 23 de enero para la construcción de 300 metros de puerto con el fin de aumentar el embarque y la descarga de gráneles sólidos para la empresa. Mientras, representantes del proyecto Puerto San José solicitaron la renovación de la concesión marítima. Ambas iniciativas son de larga data y se sumarían a las 19 empresas ya existentes en la zona portuaria de Quintero y Puchuncaví.
Fuente: El Mercurio de Valparaíso
