Caso derrame de Quintero: Fiscalía atribuye responsabilidad a práctico y remolcador

A siete meses del derrame de petróleo en la bahía de Quintero, ocurrido el 24 de septiembre del año pasado, el Ministerio Público determinó realizar la formalización de Patricio Cárcamo Flores, patrón del remolcador «Puyehue», y Eliseo Jamett Fernández, práctico de la Armada, por su participación y presunta responsabilidad en el vertimiento del crudo al mar.

Según antecedentes del Ministerio Público, la madrugada del derrame ambos involucrados se encontraban a bordo del buque tanque «Mimosa», nave donde se produjo la falla en el proceso de trasvasije de combustible al terminal marítimo de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), en Quintero.

«Efectivamente, ya se solicitó la audencia de formalización al Juzgado de Garantía de Quintero, estando bastante avanzada ya la etapa preliminar de la investigación, recibida la mayoría de los informes, por lo cual nos encontramos en condiciones de poder efectuar una formalización en la investigación, la cual ha sido fijada para el 30 de junio del presente año», confirmó el fiscal especializado en delitos medioambientales, Javier Carrasco.

La solicitud de audiencia de formalización fue acogida por el Juzgado Mixto el 21 de abril del presente año y en el documento se especifica claramente que los denunciados por la Fiscalía serán formalizados por infracción al artículo 138 de la Ley de Pesca.

Multas millonarias

Según lo establecido por el Ministerio Público en la solicitud al Tribunal de Quintero, ambas personas serán formalizadas por su participación y responsabilidad en el derrame de petróleo que vertió 38.700 mil litros de crudo al mar, afectando a más de 10 playas del litoral central.

El grado de participación de Jamett y Cárcamo son en calidad de autor en el delito de infracción por contaminación, por lo que el fiscal Carrasco además solicitó la designación de un defensor penal.

Respecto a las penas que arriesgan ambos involucrados, el artículo 138 de la Ley de Pesca establece que «el que introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de aguas, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños, será sancionado con multa de 50 a 3.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM)».

Esto significa que en la formalización se pueden establecer multas millonarias que fluctúan entre los $ 2 millones y más de $ 130 millones.

La ley agrega que de comprobarse que hubo un hecho doloso, a la multa se suma la pena a aplicar que «…será la de presidio menor en su grado mínimo ( de 61 días a 542 días)».

El articulado agrega que «si el responsable ejecuta medidas destinadas a reparar el daño causado y con ello se recupera el medio ambiente, el tribunal rebajará la multa hasta en un cincuenta por ciento, sin perjuicio de las indemnizaciones que corresponda».

Reacciones

La información respecto de la formalización que realizará el Ministerio Público en junio fue bien acogida por la senadora Lily Pérez (Amplitud) y la diputada Andrea Molina (UDI).

Pérez recalcó que «a mí me parece excelente que el fiscal esté actuando, que esté pidiendo formalización de dos de los posibles responsables de este derrame en Quintero. Esto es lo que estamos esperando todos, que haya justicia en el borde de Quintero. Esto, unido a la investigación que lleva a cabo la Armada, nos va a dejar en un buen pie de lo que venga con el Consejo de Defensa del Estado (CDE)».

Por su parte, Molina precisó que «me parece tremendamente positivo que el Ministerio Público ya esté generando acciones penales, dado que la última información del caso del derrame era la prórroga por 20 días en el sumario de la Armada, por lo que en ese momento mi inquietud iba directamente hacia el Ministerio Público y las acciones que iba a tomar la Fiscalía respecto a establecer las responsabilidades».

La parlamentaria agregó que «lo que vemos ahora es que el Ministerio Público ya está ejerciendo su labor y ejecutando acciones judiciales, eso da muestra que no se va a esperar al cierre de la investigación de la Armada. Es una muy buena señal para que se resuelva lo que ha pasado con el derrame de Quintero y el daño que ha causado a la comunidad».

Más formalizaciones

Respecto al proceso penal, las parlamentarias afirman que si bien estos serán los primeros formalizados, esperan que el proceso investigativo del Ministerio Público incorpore todas las responsabilidades en el caso. «No tengo dudas que va a haber más formalizados y los que vemos ahora solo son los primeros en este proceso», afirmó la senadora Lily Pérez.

Opinión que comparte la diputada Andrea Molina, quien precisó que «con respecto a los denunciados, esto es parte de lo que ya hemos estado viendo en todo el proceso y de lo que ocurrió ese día, hay que ver qué otras acciones va a tomar el Ministerio Público porque creo que estos no son los únicos imputados, nosotros esperamos que no».

Ambas parlamentarias postulan que la formalización es el inicio del proceso penal que lleva a cabo la Fiscalía, por lo que esperan que, al igual que en el sumario de la Armada, se establezcan todas las responsabilidades penales del hecho.

En este sentido, el abogado Vladimir Mondaca, quien representa la querella de la senadora Lily Pérez y los 40 mariscadores y pescadores de Quintero, recalcó que «apuntamos a que en definitiva en la investigación puede generarse alguna formalización a un funcionarios de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) porque la investigación aún está en etapa preliminar y va a depender de las conclusiones del sumario de la Armada respecto al derrame, la que se extendió por 20 días más. En ese plazo tendríamos que tener responsabilidades más definitivas de la estatal».

Querellas

La formalización de Jamett y Carrasco abre posibilidades para las querellas criminales que fueron efectuadas en Quintero después del derrame contra quienes resulten responsables.

Esto porque, según la diputada Molina, «se van a reactivar otras acciones pendientes. Por eso esperamos que antes que termine la prórroga el Ministerio Público realice otras acciones, con la misma línea, con los antecedentes que ya tiene».

Para el abogado Vladimir Mondaca, la situación es clara, y por eso cuando realizó la presentación de la querella criminal del derrame en Quintero extendió la petición a la responsabilidad de funcionarios públicos.

«Los querellantes siempre hemos buscado y concebido que hay responsabilidades penales de funcionarios públicos en un derrame que causa un daño a la flora y fauna marina y provoca un perjuicio tan grande a los pescadores y la comunidad de Quintero», afirmó Mondaca.

Por esta razón, el abogado explicó que «pensamos que no es una distracción, sino una negligencia de los que participaron en el hecho. Por eso es de suyo dolosa y, por tanto, existe responsabilidad de las personas que participaron ese día en la descarga de combustible y que deben tener las máximas sanciones que estima el ordenamiento jurídico. Esto quiere decir, la aplicación de multas más el presidio menor en su grado mínimo».

Los querellantes y afectados por el vertimiento esperan que la formalización de la Fiscalía sea ejemplarizadora para que no se vuelva a repetir una situación de tal envergadura, explicó Mondaca.

«Efectivamente, ya se solicitó la audencia de formalización al Juzgado de Garantía de Quintero, estando bastante avanzada ya la etapa preliminar de la investigación»

30 junio : es la fecha que se realizará la formalización que lleva el fiscal Javier Carrasco en el caso del derrame de petróleo en la bahía de Quintero.

$ 130 millones :sería la multa máxima a aplicar al patrón del remolcador «Puyehue» y al práctico de la Armada por su eventual participación y responsabilidad en el vertimiento del crudo.

2 funcionarios : serán formalizados bajo la infracción a la Ley de Pesca en su artículo 138, donde se estipula la figura de multa y pena de presidio menor de establecerse el dolo.

Fuente: El Mercurio de Valparaíso