El ex presidente de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), Raúl Celis, vio con distancia el preacuerdo alcanzado por los trabajadores portuarios eventuales y la concesionaria Terminal Pacífico Sur de Valparaíso (TPS), vinculada con el Grupo Von Appen. Desde esa perspectiva, se refirió a distintos aspectos de lo ocurrido.
– ¿Qué le pareció el preacuerdo al que arribaron las partes?
«Es positivo. La única forma de terminar con este conflicto era mediante el diálogo. Se recupera la normalidad del funcionamiento de Valparaíso».
– ¿Por qué cree que su solución demoró tanto?
«Debido a las dificultades de dar con un diagnóstico preciso del problema por parte del Gobierno».
– ¿Qué dificultades?
«La información con la que contó el nivel central por parte de un encargado de la Unidad de Conflictos del Ministerio del Interior, Germán Quinteros, no fue la adecuada, por cuanto él no pidió información al directorio de EPV y, en particular, a su presidente. Cuando hay un diagnóstico errado, las soluciones adoptadas en el nivel central tienen un muy amplio margen de error».
– ¿Quiénes son los responsables de que se haya prolongado?
«Hay responsabilidades compartidas. Desde luego, asumo también una responsabilidad por parte de EPV. Ha habido responsabilidad del Gobierno en el problema de diagnóstico. También ha habido responsabilidad de la empresa al fijar una posición extremadamente dura, independientemente de que parte de sus aprensiones sean justificadas. Además, veo responsabilidad de los trabajadores, que convirtieron lo que debió haber sido una negociación en una especie de batalla campal».
– ¿Cree que hay motivaciones políticas detrás de este conflicto?
«Sin ninguna duda».
– ¿Tiene antecedentes de que haya motivaciones políticas?
«Los antecedentes los acreditan los propios hechos. Esto se inicia como un paro para pedir el pago de un bono y, con el correr de los días, se transforma en un cuestionamiento de todo el sistema portuario, del otorgamiento de concesiones y de la estructura laboral de los trabajadores eventuales. Otro síntoma de la politización es que el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, al comienzo del conflicto, no lo condenó. Y cuando llamó a mesas de trabajo incluyó el análisis del modelo de concesión portuaria».
– ¿Cómo ve que las empresas terminen negociando con asambleas de trabajadores y no con sindicatos, que son el interlocutor válido?
«Muy mal, porque sienta un precedente peligrosísimo para el futuro. Por algo existen los sindicatos y por algo existe una estructura orgánica para los trabajadores. Una negociación de este tipo no solo sale de los cauces legales que la regulan, sino que además genera escenarios sumamente peligrosos. Los acuerdos de las asambleas, por definición, son esencialmente cambiantes. Esto genera un precedente no solo en materia portuaria, sino que en cualquier rama de la industria».
Fuente: El Mercurio
