Contraloría abre la puerta a una posible rectificación de tonelaje en RCA de ATI

Resolvió que el SEA puede enmendar errores numéricos en actos administrativos.

Contraloría General abrió la puerta a la rectificación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) entregada a ATI para la operación de su nuevo galpón en el Puerto de Antofagasta.

Como se informó meses atrás, el permiso otorgado a la concesionaria establecía en una de sus partes que el sistema podría embarcar 1.000 toneladas métricas de concentrado al año, cifra que se aleja de lo solicitado por la empresa en la Declaración de Impacto Ambiental de su proyecto, donde se hablaba de 1.000.000 de toneladas métricas anuales.

Esta enorme diferencia -que ATI en su momento incluso atribuyó a un «error de tipeo»-, representa un importante riesgo la operación del sistema, pues las 1.000 toneladas métricas que expresa la RCA implica que el galpón en apenas unos días completaría su máximo permitido.

Pese a ello, ATI comenzó a operar en junio pasado, aduciendo que la cifra sólo era aplicable a las operaciones futuras del sistema, esto es, desde el año 21 en adelante.

Oficio

En este contexto, el 17 de julio pasado el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ingresó a Contraloría un oficio donde, de manera genérica, consultaba por la aplicación a una RCA del artículo N° 62 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos de los órganos del Estado.

«En cualquier momento, la autoridad administrativa que hubiere dictado una decisión que puso término a un procedimiento, podrá de oficio o a petición del interesado, aclarar los puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo», indica artículo en consulta.

La respuesta a dicho oficio se conoció esta semana y resultó positiva, pues según Contraloría aquella herramienta puede aplicarse a una RCA en la medida que ésta efectivamente constituye un acto «administrativo terminal» y que su uso se relaciona con el principio de «buena administración».

La consecuencia práctica inmediata de esto es que el SEA queda legalmente habilitado para cumplir la aspiración de ATI y enmendar el punto «dudoso u obscuro» de la RCA, que en este caso es la cifra de toneladas métricas anuales posibles de transferir.

Pero la respuesta de Contraloría además aporta otra aclaración importante.

De acuerdo al criterio del organismo, respecto del acto aclaratorio o rectificatorio que eventualmente realice el SEA, no procede interposición de recursos administrativos, es decir, ningún tercero interesado podría reclamarlo.

Ayer el SEA no se pronunció en orden a si aplicará o no el artículo 62 a la RCA de ATI, pero fuentes que conocen el caso sostienen que así será.

Desde la compañía, en tanto, manifestaron que acaban de recibir la resolución de Contraloría y que están analizando sus alcances.

Escenarios

Si el SEA recurre al artículo 62 y por esa vía corrige la cifra cuestionada, ATI habrá despejado una de las principales amenazas a su proyecto, pero no la única que existe.

Aún está pendiente que el Primer Juzgado Civil de Antofagasta se pronuncie sobre la legalidad del decreto de demolición que el municipio dictó contra parte de las instalaciones del sistema de embarque por invadir una franja reservada para uso público.

Por ahora la magistrado a cargo de aclarar este asunto sigue recopilando información -ordenó «medidas para mejor resolver»- y podría emitir su veredicto en diciembre.

La empresa además discute en el Tribunal Ambiental de Santiago la validez de las sanciones que le impuso la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), tras fiscalizaciones realizadas en marzo de este año.

Tales sanciones son una multa de 1.583 UTA (cerca de $840 millones) y la obligación de limpiar las veredas y calles cercanas al puerto.

En el primero de los casos (tribunal civil) ATI plantea que cuando se construyó el sistema, el decreto que reservaba para uso público la franja en cuestión no estaba en vigencia, y en el segundo (causa ambiental) alega que las sanciones aplicadas por la SMA no corresponden por tratarse de faltas que ya habían sido fiscalizadas y que estaban sujetas a un «plan de cumplimiento», es decir, que estaban en vías de corregirse.

Fuente: Mercurio Antofagasta