Transporte terrestre y salud son las áreas que reúnen los mayores montos adjudicados, por la construcción y reparación de caminos, y plan de infraestructura hospitalaria.
Actualmente, el Estado está levantando 5.306 obras de infraestructura pública en todo el país, por un valor de US$ 3.018 millones. De esa inversión, la mayoría está siendo ejecutada en proyectos de transporte terrestre y salud, donde van a parar seis de cada 10 pesos del gasto de los servicios fiscales.
Esa es la información que tiene registrada la Contraloría, a través de su sistema de georreferenciación de obras, en el que reúne todos los proyectos de las instituciones públicas que fueron tomados de razón y adjudicados para su ejecución.
Del monto total, cerca de la mitad corresponde a obras que se arrastran de 2015 y que están «en desarrollo». Asimismo, se observa que las regiones con mayor inversión actualmente son las del Maule y Biobío, mientras que Tarapacá y O’Higgins son las que presentan menor gasto en diciembre.
El director general de Obras Públicas del MOP, Juan Manuel Sánchez, explica que la alta inversión en obras de transporte terrestre se debe a que «la mayor inversión del ministerio se refiere al presupuesto que asigna el Estado todos los años para la construcción y mantención de caminos, con la conexión interurbana, con las obras de pavimentación, con el mejoramiento de estándar y con estructuras especiales, como los puentes».
Los US$ 3.018 millones -equivalentes a $2 billones- corresponden a la inversión de todos los servicios públicos. Sin embargo, buena parte de esas obras proviene del MOP, ministerio que puede llegar a desembolsar $2,3 billones al año, contando sus proyectos, el sistema de concesiones y las obras que otros ministerios le solicitan construir.
Ese es el caso del Ministerio de Salud, que está levantando su cuestionado plan de infraestructura hospitalaria, lo que puede hacer a través de concesiones -como es el caso del Hospital de Antofagasta- o de contratos a través del MOP.
La mayor inversión registrada por la Contraloría este año es, precisamente, la normalización del Hospital de Curicó, destruido tras el terremoto de 2010 y cuya construcción fue adjudicada a la empresa española OHL, por un monto cercano a los $204.747 millones.
Le siguen la normalización del Hospital de Angol ($68.143 millones), el mejoramiento de la Ruta 257 en Magallanes ($37.361 millones) y la reposición del puente Bicentenario ($28.068 millones), el que también fue destruido por el terremoto.
Necesidad de priorizar
La inversión pública en infraestructura se desarrolla en todo el país. Sin embargo, para Juan Manuel Sánchez aún falta que los servicios del Estado conversen y consensúen qué obras necesita el país.
«Nos ha faltado ponernos de acuerdo en las obras que debemos realizar. Creo que debe existir la iniciativa de un plan nacional de infraestructura, que articule las necesidades, pero que luego defina su fuente de financiamiento, porque hoy es al revés: primero se decide si se hace por concesiones o por línea directa del Estado, o por el fondo de infraestructura que habrá pronto», explica.
En todo caso, Sánchez dice ser optimista de que existan «esfuerzos de los ministerios centrales, como Obras Públicas, Transportes, o empresas como EFE, para que confluyan en un plan nacional de infraestructura que oriente y les dé sentido a las obras que se requieren».
Y es que, a juicio del funcionario, Chile tiene los métodos de planificación que permiten realizar esta tarea: «Contamos con instrumentos que hace 10 años eran impensados, en el ámbito normativo y estratégico. No hay ninguna comuna o región que no tenga un plan de desarrollo», puntualiza el funcionario del MOP.
Fuente: El Mercurio
