El Fondo de Infraestructura está próximo a constituirse. El 24 de septiembre termina el plazo de implementación que quedó fijado en la ley que se aprobó en enero de este año. Así, mientras el Gobierno está en pleno proceso de búsqueda de los integrantes del directorio, también se encuentra avanzando en la elaboración de estatutos que establezcan la orgánica de la nueva empresa del Estado.
En ese contexto, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) elaboró un documento con una serie de sugerencias para la elaboración de los estatutos. “Una variedad de actividades genera una serie de aprehensiones por parte del sector privado lo que hace que el FI sea visto con mucha desconfianza”, dice el documento al que tuvo acceso PULSO.
“Si por una parte, el Fondo provee de recursos y de garantías para proyectos específicos y, por otra, uno de sus propietarios (Hacienda y el MOP) es el que llama a licitación y adjudica los proyectos que el FI apoya, podría estimarse que quien opta por solicitar el apoyo del FI tiene ventajas evidentes”, explica Carlos Cruz, secretario ejecutivo del CPI, quien agrega que también podría haber “conflictos de intereses al ser inversionista patrimonial en algún proyecto y operar simultáneamente como financista y garante” y que “al poder ser un operador de primer piso, puede llegar a ser un competidor con ventajas frente a otros financistas privados”.
Para resolverlo recomienda, por una parte, que en las iniciativas que son promovidas por el Fondo este se inhiba de operar como financista de primer piso. Es decir, que no compita con el sistema bancario, sino que apoye otorgando garantía y seguros parciales o totales para el financiamiento privado. Esto, como financista complementario (proporciones minoritarias) de otros financiamientos privados, o como aportante de capital en proporciones bajas; o bien, como financista de estudios de proyectos que hayan sido presentados y que requieran mayor profundidad para una decisión.
Adicionalmente, propone que para evitar distorsiones hay que hacer valer la responsabilidad que la ley le otorga al Director General de Concesiones del MOP de fijar la política de peajes para los caminos que se regulan bajo la Ley de Concesiones. Esto, dado que el Gobierno busca que la relicitación de carreteras sea adjudicada a la firma que ofrezca menor peaje.
Fuente: Pulso
