Luego de 7 años sin mayor actividad en el Congreso, el Ejecutivo decidió reimpulsar el proyecto de ley de administración de uso del borde costero y concesiones marítimas. La reactivación de esta iniciativa es una oportunidad para asegurar un uso equilibrado y eficiente del borde costero y promover una adecuada planificación de los puertos en Chile. Es, también, la ocasión propicia para despejar incertidumbres y evitar discrecionalidades que hoy afectan al sector portuario, desalientan las inversiones y pueden impactar negativamente en el desarrollo del comercio exterior de nuestro país.
En esta línea, la definición de áreas especiales reservadas para la construcción de los puertos del futuro resulta esencial. Considerando que cerca del 94% del comercio exterior se realiza por vía marítima y que los volúmenes transferidos crecen año tras año -en los últimos 20 años se han triplicado-, es evidente que el país necesitará, en el mediano plazo, desarrollar nuevos puertos para atender la creciente demanda, como lo planteamos en nuestro reciente informe Camport «Administración del Uso del Borde Costero».
Actualmente no existen zonas de nuestra costa reservadas para un uso portuario futuro. A pesar que Chile tiene miles de kilómetros de costa, en muy pocos sectores se dan las condiciones naturales para construir un puerto. Si no se reservan para este uso, podrían ser asignadas para otros fines, que sí tienen opciones de localización. Es fundamental que esta ley contemple un mecanismo ágil y eficiente que resguarde las zonas aptas para un uso portuario futuro, tal como se haría con espacios estratégicos para la defensa nacional.
Es también la oportunidad para mejorar deficiencias regulatorias y despejar incertidumbres que hoy desalientan las inversiones portuarias. Un ejemplo es la discrecionalidad de los cobros que realiza la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas a los concesionarios marítimos, que se suman a los impuestos cobrados por el SII mediante sucesivas revalorizaciones de terrenos e instalaciones. Ambos cobros se superponen y conducen a que los privados paguen varias veces, en el plazo de la concesión, el valor de sus desarrollos, los cuales quedarán finalmente de beneficio fiscal al término del plazo de concesión.
Esta situación se agrava por diversos hechos, entre ellos, que el concesionario sólo conoce el valor real de los pagos después de ejecutadas las obras; que no existe ninguna prioridad para que los puertos puedan renovar sus concesiones -frente a otras inversiones menos estratégicas o de menor envergadura-; que existen riesgos de renovación relacionados con la Ley Lafkenche, y que la falta de zonificación de bahías aptas para uso portuario complica la solicitud de concesiones en gran parte del país.
A esto se suma otra situación adversa: las ocupaciones ilegales de terrenos fiscales en el borde costero, con el mal precedente de anunciar la regularización de gran parte de las viviendas, lo cual va en contra de lo que pretende justamente el proyecto de ley, que es administrar el borde costero con racionalidad, estableciendo criterios y normativas que se respeten.
Hoy tenemos la posibilidad de planificar el uso del borde costero con una visión de largo plazo. No perdamos la oportunidad.
Fuente: El Mercurio Valparaíso
