En relación a declaraciones emitidas esta mañana por el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, nos vemos en la obligación de manifestar lo siguiente:
· Valoramos las gestiones realizadas por el Gobierno a través de la Delegada Presidencial del Biobío, la Seremi de Trabajo y la Dirección del Trabajo para generar espacios de diálogo. Aunque éstos no han sido productivos, hemos participado activamente en ellos en búsqueda de la superación del actual conflicto que existe en Puerto Coronel. Nos parece valioso, asimismo, que el Gobierno haya mandatado al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para intentar destrabar el bloqueo al puerto. Nos reuniremos con él mañana y le expondremos todos los antecedentes de la situación.
· Como Puerto Coronel, sin embargo, manifestamos nuestra preocupación por varias aseveraciones del subsecretario Manuel Monsalve, a quien quizá no se ha informado debidamente sobre lo que está ocurriendo en el terminal.
· La empresa no ha generado el problema que la afecta; al contrario, ha hecho esfuerzos en todo orden de cosas para hacerse cargo de manera responsable de graves perturbaciones que están afectando su operación. La administración de la compañía está poniendo fin a una serie de malas prácticas que arriesgan la seguridad de los trabajadores, favorecen el «amiguismo» y dañan el funcionamiento general del puerto. Estos cambios se refieren a aspectos básicos, como la implementación de una Política de Alcohol y Drogas, la cual si bien estaba acordada y firmada desde el 2018, nunca se pudo implementar en su totalidad por la resistencia de algunos dirigentes eventuales a los testeos aleatorios, situación que incluso llevó a excluirnos del patrocinio de SENDA (cabe recordar que en febrero pasado hubo un grave accidente originado por un trabajador que dio positivo en un test de drogas). También ha existido resistencia a la aplicación de un sistema balanceado, transparente y equitativo de turnos y cargas de trabajo. Son aspectos mínimos de gestión que debe administrar la empresa, la cual es responsable legalmente de la seguridad de los trabajadores y su integridad, así como de la ecuanimidad de trato.
· Para oponerse a estas medidas básicas, algunos trabajadores eventuales han optado por actuar ilegalmente, bloqueando el puerto por 52 días a la fecha, en base a la violencia y la fuerza, quienes generaron un conflicto al negarse a medidas de sentido común. La empresa sólo se ha limitado a actuar de manera racional y de acuerdo a su deber de diligencia.
· Los accesos al puerto siguen obstruidos desde la vía pública (no desde el interior del puerto), a vista y presencia de dotación policial que, esporádicamente, se ha hecho presente, quienes no han intervenido para desbloquearlos por instrucciones específicas de la Delegación Presidencial. No existe, por cierto, ninguna presencia policial de «punto fijo». Si hubiera existido presencia policial en forma constante, se habría impedido, por ejemplo, atentar contra la línea férrea en innumerables ocasiones justo a las afueras de los ingresos del puerto (el último evento incendiario fue hace solo 5 días).
· Pese a nuestras reiteradas solicitudes, la autoridad no ha ordenado acciones para resguardar el orden público y desbloquear los accesos al terminal de Puerto Coronel, condicionando su accionar a que la empresa, en la práctica, ceda a presiones ilegales de dirigentes de trabajadores eventuales, lo cual nos parece un nefasto precedente.
· La justicia, en tanto, ha actuado con rapidez y eficacia: a pocos días de que presentáramos una querella por delitos a raíz de los bloqueos, daños a la infraestructura, barricadas, amenazas, entre otros, el Ministerio Público solicitó una audiencia de formalización a 10 dirigentes y trabajadores eventuales, la que ya fue fijada por los Tribunales (a la fecha llevamos cuatro querellas presentadas).
· Los trabajadores permanentes de Puerto Coronel, por su parte, que son del orden de 550 personas y un número similar de contratistas, quieren volver a trabajar. Incluso, los primeros han presentado acciones legales para solicitar el desbloqueo ilegal del puerto.
· Los trabajadores eventuales -quienes como su nombre lo indica no son trabajadores permanentes de la empresa- son muy importantes para el terminal. Puerto Coronel no tiene un conflicto con ellos, sino con quienes han promovido toda clase de malas prácticas y actuaciones ilegales.
· Puerto Coronel ha dispuesto las medidas que conforme a prácticas de buena administración debe adoptar responsablemente una empresa y, si tuviera la posibilidad de operar y se le permitiera a su personal trabajar, estaría funcionando normalmente. Esperamos que esta situación sea reevaluada a la brevedad mediante el restablecimiento del orden público. La administración de Puerto Coronel no tiene posibilidad de resolver actuaciones ilegales, está más allá de sus competencias y, por lo tanto, está recurriendo al resguardo que le debe proporcionar un Estado de Derecho.
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