Exactamente un año estuvo a la cabeza del Servicio Nacional de Aduanas el abogado Juan Araya en calidad de directivo Transitorio y Provisional (TyP). Su misión fue tratar de «ordenar la casa» en un organismo que se vio debilitado e impactado tras la polémica salida de Gonzalo Pereira, director anterior.
Ayer en la tarde, Araya les comunicó a los funcionarios de su salida y, por ley, corresponde que el cargo sea asumido por el subrogante legal, que en este caso es el subdirector jurídico, Claudio Sepúlveda.
A partir de hoy, el Ministerio de Hacienda activará un concurso por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para elegir al nuevo director de aduanas.
«Dada la situación en que está Aduanas, que es una institución estabilizada y que está trabajando bien, me parece que lo más correcto es que se apliquen las normas como están hoy día bajo la ley ADP. Yo podría haber seguido, pero se iban a generar suspicacias de que no estaba la voluntad de concursar el cargo, cosa que no es cierta. Mi postura siempre ha sido que cuando uno está como TyP no es una buena política postular al concurso, y nunca estuvo dentro de mis intenciones postular al cargo de manera permanente», dice Araya, que afirma tener la sensación del deber cumplido y que el organismo «es mejor hoy que hace un año» con mejoras en distintas cifras de fiscalización (ver recuadro). El abogado volverá ahora al cargo que tenía antes de asumir la directiva del organismo, que es de coordinador de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda.
Entre los desafíos de Araya, destaca que le tocó aumentar la coordinación con las aduanas regionales, recuperar las confianzas y establecer un diálogo transversal, de «puertas abiertas». Dice que trabajó en la institucionalización de Aduanas.
«Buscamos fortalecer las instituciones internas, darle cabida al conocimiento que tienen los funcionarios, respaldar lo que se hace al interior del servicio y, fundamentalmente, que las decisiones vinieran de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo», dice.
Agrega que, en concursos internos, buscó nombrar a funcionarios del servicio en muchos de los cupos necesarios para el aumento de la dotación del organismo, que pasó de tener 1.600 funcionarios a 2.092 en dos años. «Cuando hubo que remover subdirectores, teniendo la posibilidad de llevar directores, TyP desde afuera, todos los nombramientos que hicimos fueron de funcionarios del servicio para que sirvieran los cargos de manera interina, transitoria. Hubo varias direcciones regionales que cambiaron y también ahí se nombró a funcionarios del servicio. El mayor conocimiento del servicio está en su gente, y hay que darles espacio para que se puedan desarrollar», dice.
La relación con sindicato
Bajo la administración de Araya, la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas (Anfach), gremio histórico del organismo, llevó a cabo dos paros. Uno, de extensión de 18 días, en el marco de la negociación del reajuste del sector público y otro, por cerca de treinta horas, por un supuesto incumplimiento del Gobierno de los compromisos asumidos en el protocolo de acuerdo de la movilización anterior y diferencias en el proyecto de ley que se impulsaba en el Parlamento para modernizar el organismo (ver recuadro). También hubo cuestionamientos de la directiva de la Anfach, encabezada por su presidente, Marcelo Reyes, respecto de los concursos que Araya llevó a cabo.
«A mí me pueden venir a plantear situaciones, pero no me pueden venir a pedir que nombre, remueva, que saque o no saque a directores o subdirectores. Cualquier tema que hubiese con la gestión del servicio era responsabilidad mía y, por lo tanto, lo que podíamos discutir eran situaciones, pero no personas. Sería como que el día de mañana yo le dijera a la directiva (de la Anfach): «Mira, no me gusta el secretario, no me gusta el vicepresidente, sáquenlo». No corresponde», dice Araya.
Sumarios y destituciones
Araya cuenta que durante su gestión logró identificar casos puntuales de falta de probidad de algunos funcionarios. «Como servicio fiscalizador, no podemos permitir absolutamente nada de corrupción», afirma. Uno de los casos fue un sumario que se hizo a cinco funcionarios del norte, que finalmente fueron destituidos. Eran funcionarios encargados de la fiscalización del contrabando de cigarrillos. «Eran situaciones en que no fueron debidamente diligentes en los controles y, por lo tanto, se materializaron algunas operaciones de contrabando», dice.
Fuente: El Mercurio
