Pasó un poco más de un año y la historia se repite en Valparaíso. Tras el desistimiento de Grupo Plaza con Puerto Barón, ahora fue Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), del fondo australiano IFM Investors, la que decidió ejercer una cláusula de salida de la concesión para construir y operar el Terminal 2 del Puerto, un proyecto de US$ 500 millones, luego de una larga espera sin obtener luz verde en la tramitación ambiental.
Y no hay marcha atrás. Juan Osuna, CEO de Aleática -el brazo de IFM en los negocios de infraestructura en España y América Latina, incluyendo TCVAL-, dice por escrito a PULSO Domingo que no es rentable continuar con Terminal 2. “Desde el exterior puede ser difícil apreciar cuánto trabajo y experiencia se requieren para que una idea se transforme en un proyecto de infraestructura concreto, con una forma contractual específica”, dice Osuna desde Madrid. “En la mayoría de los casos, se trata de un esfuerzo de varios años compuesto por equipos muy talentosos que diagnostican la situación y proponen varias soluciones hasta que emerge la óptima, es seleccionada por un gobierno y comienza la ejecución”.
¿Cuándo IFM empezó a considerar abandonar la concesión y qué tan difícil fue decidirlo?
-Seguimos creyendo que el proyecto y el proceso que propusimos es la solución correcta para enfrentar los desafíos del puerto. Desafortunadamente, las inquietudes que hemos tenido durante varios años y, expresadas a las autoridades, se han materializado. Los excesivos retrasos en los permisos han llegado a un punto en que la concesión es económicamente inviable. Hemos cumplido con todas las regulaciones y requisitos, y hemos agotado todas las soluciones posibles. Nuestras proyecciones financieras iniciales no anticiparon una demora prolongada y, dado que la duración de la concesión otorgada por EPV no se puede extender, cada mes de demoras significa pérdidas irrecuperables para el proyecto. Donde una vez el proyecto fue más valioso, ahora estamos más allá del punto de lograr un equilibrio económico positivo. Como resultado, hemos decidido devolver la concesión a EPV. Ahora estamos entrando en un período de transición que concluirá en 2021, cuando finalizará nuestra concesión.
¿Podría dar una estimación en términos del monto del impacto negativo en la valorización económica del proyecto?
-La inversión, hasta la fecha, fue del orden de US$ 65,3 millones. Sin embargo, la cifra más relevante aquí es el ingreso perdido por cada año de retraso, equivalente a aproximadamente US$ 90 millones. Después de algunos años de demoras, que superaron el margen de seguridad incorporado en nuestros modelos financieros iniciales, fue este volumen de ingresos no percibidos lo que hizo que el proyecto en general fuera inviable económicamente. Con una duración de concesión fija, no existía ningún mecanismo para compensarlos.
En septiembre, la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) tomó en cuenta la solicitud de TCVAL y EPV para no considerar y modificar lo recomendado por el SEA en cuanto a “robustecer” la ejecución de obras asociadas al Plan Maestro de Espacios Públicos, el Plan de Protección Patrimonial y aumentar los monitoreos de hallazgos arqueológicos subacuáticos. Pero, nuevamente, sufrió oposición. ¿Qué pasó?
-A lo largo de cada fase del proyecto cumplimos con todas las regulaciones y requisitos, enviando los documentos necesarios de manera oportuna. También hemos respondido a las nuevas solicitudes de información de las autoridades, cumpliendo con todos los requisitos. Sin embargo, las demoras en el proceso de permisos, que se produjeron como resultado de una modificación en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, una reforma que se promulgó después de la adjudicación de la concesión, privaron a TCVAL de valiosos años de operación, generando pérdidas que no pueden ser recuperadas bajo la duración máxima de la concesión. Además, debido a los desafíos legales al permiso otorgado, la empresa carece de una autorización ambiental firme para comenzar la construcción de la nueva terminal.
¿La empresa siente un sesgo político negativo contra el proyecto, más allá de los reclamos ambientales? ¿Cómo evalúa el papel del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en el debate?
-En este caso específico, los retrasos fueron más un reflejo de cómo se estructuró y ejecutó el proceso de permisos en lugar de cualquier preocupación ambiental sustancial. Siempre es saludable tener un diálogo continuo con las comunidades en las que operamos para abordar cualquier inquietud material. Desafortunadamente, el resultado fue producto de incertidumbres y demoras en el proceso oficial de obtención de permisos, donde lo sustancial de las consideraciones ambientales quedó atrás.
¿La compañía está considerando volver a evaluar la decisión de la cláusula de salida y continuar con el proyecto?
-Llegamos a la decisión de invocar la cláusula de salida después de mucha consideración. Nuestra persistencia en el proyecto, a pesar de las incertidumbres regulatorias y de permisos, muestran cuán comprometidos estábamos para encontrar la solución correcta, y no dejamos piedra sin remover. Desafortunadamente, la estructura rígida del plazo de la concesión haría imposible que la operación exitosa del proyecto compensara las pérdidas generadas por los retrasos. Seguimos comprometidos con el país y estamos evaluando constantemente nuevos proyectos en Chile y más allá. Si bien la cancelación del Terminal 2 en el Puerto de Valparaíso es lamentable, no reduce nuestro interés en invertir en Chile y en participar en el desarrollo local y regional de Valparaíso. De hecho, continuamos con la operación de la carretera Canopsa y los desarrollos de la Concesión Vial Puente Industrial y la Carretera Vespucio Oriente. El proyecto Vespucio Oriente por sí solo es de aproximadamente US$ 1.000 millones, lo que representa una inversión significativamente mayor de lo que TCVAL hubiera sido.
¿Algún director o ejecutivo de IFM Investors o Aleática recibió una llamada o correo electrónico de autoridades como el ministro de Economía, José Ramón Valente; el intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez; el alcalde Sharp para reconsiderar su decisión?
-La decisión de ejercer la cláusula de salida y devolver la concesión al gobierno se produjo después de un amplio análisis y reflexión. Tras una deliberación sustancial, los retrasos en el proceso de permisos impactaron sustancialmente la economía del proyecto más allá del alcance de nuestras proyecciones originales. Al final, las realidades financieras fueron el principal motor de nuestra decisión, que las autoridades aceptaron rápidamente. Las autoridades y los reguladores clave han visto cuánto esfuerzo hemos puesto para obtener los permisos y poder reanudar el trabajo normal con la concesión. En este contexto, está claro que las condiciones para que el proyecto se reanude simplemente no están dadas.
¿Planean reunirse con alguna autoridad chilena en relación con la concesión de TCVAL?
-La colaboración con las autoridades durante todo el período de transición, en el marco de la entrega de la concesión, es una prioridad crucial para nosotros. También seguimos comprometidos con Chile, operando en varias regiones.
¿Es Chile lo suficientemente competitivo como para atraer inversionistas extranjeros u otros países de la región se le adelantaron?
-Chile sigue siendo un país clave en nuestra cartera global. La combinación de demografía, estabilidad económica y perspectivas de crecimiento significa que las soluciones inteligentes de movilidad de infraestructura pueden tener un impacto muy positivo en el desarrollo del país. Nuestra decisión de iniciar un período de transición para devolver la concesión de TCVAL de ninguna manera cambia nuestra perspectiva positiva para el país o nuestro compromiso de continuar apoyando su desarrollo.
Fuente: Pulso
