Ayer finalizó el plazo que tenía el Ejecutivo para presentar las indicaciones para el proyecto de ley que crea una empresa pública para establecer el Fondo de Infraestructura.
En ese marco, finalmente el Ejecutivo optó por incluir criterios de equidad territorial en la iniciativa que actualmente se discute en el Congreso, idea que fue pedida por senadores y acogida por el MOP, pero que en un comienzo generó resistencia por parte de Hacienda que en su momento defendió los criterios de rentabilidad con que debiera operar el Fondo.
“El plan procurará tener una visión territorial, para lo cual sus proyectos contemplarán infraestructura en diferentes zonas del país, sujeto a las restricciones operacionales y de rentabilidad del Fondo”, se lee en una de las indicaciones que envió el Gobierno.
El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, explicó ayer: “Lo definimos como un criterio, no como un parámetro específico porque la restricción que tiene el Fondo para que funcione es que tenga rentabilidad privada en su conjunto y, por lo tanto, este criterio se tiene que supeditar a esa restricción, que de lo contrario hace que no se mantenga el Fondo en el futuro”.
A nivel general, el titular de Obras Públicas señaló que el conjunto de indicaciones que se hicieron al proyecto de ley “apuntan a precisar el objeto del Fondo de Infraestructura”, en el sentido que la sociedad anónima “sea una empresa pública que financie e invierta, y no la operación de licitación o mantención de las infraestructuras”.
Otras indicaciones, dice Undurraga, buscan especificar y precisar los usos amplios del Fondo, siempre y cuando cumplan con los requisitos de “ser (obras) socialmente necesarias y que el conjunto de la inversión sea rentable”.
Otra indicación tiene relación con la administración del Fondo, la que ejercerá un directorio que estará compuesto por cinco miembros. En esa línea, se especificó que quienes sean parte del directorio no podrán ser funcionarios públicos de la administración del Estado.
En este asunto se había propuesto aumentar a siete el número de directores para dar mayor continuidad al Fondo y sus políticas, tal como había recomendado la Cámara Chilena de la Construcción, sin embargo la idea no fue acogida por el Ejecutivo.
De todas formas, Undurraga señaló que “están abiertos a analizar las distintas propuestas de gobierno corporativo”. “Más allá de discutir el número, nos interesan los tres principios que hay detrás de ello: que tenga una visión de largo plazo, no dependa exclusivamente del gobierno de turno, sino que el centro de gravedad esté en el largo plazo, y que la gobernanza de obras públicas las defina el MOP, para no crear dos instituciones paralelas”, agregó.
Fuente: Pulso
