Los primeros coletazos luego de que a fines del año pasado la Corte Suprema acogiera el recurso de ilegalidad que dejó sin efecto el permiso de obras del mall Puerto Barón se concretaron ayer. La Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) solicitó formalmente al municipio porteño la devolución de 15.771 UF (casi $ 426 millones).
La cifra corresponde a los derechos por el permiso de edificación cancelados por la empresa estatal y la concesionaria del fallido proyecto en los terrenos portuarios (Mall Plaza), que data del 14 de febrero de 2013, y cuya nulidad fue zanjada por el máximo tribunal del país el 27 de diciembre de 2017.
En una carta dirigida al alcalde Jorge Sharp y firmada por el gerente general de EPV, Gonzalo Davagnino, a la cual tuvo acceso este Diario, se indica que «conforme consta en los archivos de esta Ilustre Municipalidad, tanto mi representada como sus concesionarias han pagado derechos en relación con el otorgamiento del mismo por la cantidad de UF 15.771,89, pagos que corresponde legalmente sean reintegrados, luego de la declaración judicial indicada». Y añade que «conforme a lo anterior, agradeceré se sirva a proceder a la brevedad a la restitución de las cantidades indicadas y otras si correspondiere».
En la misiva, además, queda abierta la puerta para una eventual judicialización del caso ante posibles acciones civiles que pueda entablar la empresa estatal tras el fin del proyecto mall Barón. «Hago expresa reserva de los derechos que correspondan a mi representada, para solicitar judicialmente las indemnizaciones de perjuicios que en derecho correspondan, derivadas de la resolución ya indicada, así como de otras acciones u omisiones que afecten y competan a mi representada, así como hacer valer toda otra responsabilidad», culmina la misiva.
El tenor de la carta de EPV da cuenta del conflicto que generó la invalidación del permiso de obras otorgado por el mismo municipio durante la administración del exalcalde Jorge Castro y que, de concretarse la devolución de pagos y otras acciones indemnizatorias, podría generar un importante perjuicio a las escuálidas arcas del municipio porteño, que ha implementado un potente plan de austeridad.
De acuerdo a fuentes cercanas al proceso, durante los últimos cuatro meses EPV ha intentado infructuosamente generar un acercamiento con el municipio para evaluar este y otros temas, pero «el alcalde responde, agenda y luego suspende las reuniones».
Las próximas acciones apuntarían además a solicitar a la Municipalidad de Valparaíso la restitución de recursos invertidos en la concreción del proyecto, como por ejemplo el plan de gestión arqueológica. Unas 30.000 UF aproximadamente ( $ 810 millones al precio actual, según empresas relacionadas a estos servicios).
Sobre las obras del Terminal de Pasajeros de Cruceros de Valparaíso (VTP, del grupo Urenda a través de la multinacional Agunsa), el municipio porteño no se ha pronunciado respecto a su permiso, lo que obligó a EPV a hacer la consulta en la Contraloría y con ello despejar las dudas que ha mantenido el alcalde Sharp al respecto.
A objeto de establecer responsabilidades y los alcances jurídicos de la declaratoria de ilegalidad del permiso de construcción para el proyecto Puerto Barón por parte de la Suprema, la Empresa Portuaria ha realizado gestiones de distinto tipo.
El pasado 20 de abril presentó una solicitud ante la Contraloría General de la República, solicitando su pronunciamiento respecto a la calidad de la estructura del edificio del VTP, respecto a si éste corresponde a una obra de uso de infraestructura, puesto que el municipio no se ha pronunciado al respecto. La estatal busca clarificar si las obras del VTP se levantaron en relación al mismo permiso otorgado inicialmente a Puerto Barón, uno distinto o correspondería tramitar un nuevo permiso de obras.
De acuerdo al criterio interpretado en base a la Ley General de Urbanismo y Construcción, el edificio quedaría dentro de los casos de excepción de obras que no requieren de permiso de edificación emitido por la Dirección de Obras Municipales (DOM) respectiva.
Dicho pronunciamiento es de máxima relevancia, puesto que el fallo de la Corte Suprema, al rechazar el enfrentamiento de los lotes de EPV a vía troncal o expresa, restringe o imposibilita el poder ejecutar un proyecto de equipamiento en cualquiera de sus escalas en el sector de Barón. Por tal motivo, se pide a la Contraloría que corrobore que VTP corresponde a una obra de infraestructura del Estado con carácter portuario.
Junto con la solicitud de los pagos por concepto de permiso de obras efectuados por EPV al municipio, la estatal da cuenta que podría solicitar judicialmente indemnizaciones de perjuicios que en derecho correspondan y que se derivan de la resolución de la Corte Suprema.
En entrevista otorgada a nuestro Diario en enero pasado, tras la caída del proyecto mall Puerto Barón, el presidente del directorio de EPV, Raúl Urzúa, deslizó las primeras críticas contra el municipio al subrayar que «ni el proyecto de construcción ni el contrato de concesión fueron declarados ilegales, reiteramos que lo ilegal es el permiso municipal; es relevante destacar lo poco que se entiende que el propio municipio no defendiera sus actos e incluso que haya efectuado acciones positivas para obtener la declaración de ilegalidad (del mall Barón)».
En esa entrevista también adelantó el actual escenario, producto de los efectos patrimoniales que se derivan del fallo de la Suprema. En cuanto a la responsabilidad a largo plazo, Urzúa recalcó que «EPV se encuentra obligada a analizar la interposición de una acción indemnizatoria en contra del municipio por los costos y gastos en que debió incurrir a raíz de un permiso municipal que fue declarado ilegal por la Corte Suprema».
Cabe consignar que los abogados del municipio no se presentaron a los alegatos ante el máximo tribunal para defender el permiso, lo cual en su momento fue desestimado por el propio alcalde Sharp como una causal para eventuales acciones indemnizatorias.
UF 15.771 canceló EPV al municipio de Valparaíso por concepto de permisos de obras por el fallido Mall Barón.
27 de diciembre de 2017, la C. Suprema emitió el fallo que acogió el reclamo de ilegalidad del permiso de obras.
Fuente: El Mercurio de Valparaíso
