Falta sólo un mes para que se cumpla un año desde que la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA) ingresara al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la solicitud de un informe destinado a conocer las condiciones necesarias para el proceso de licitación del denominado Puerto de Gran Escala (PGE) o megapuerto.
El trámite se produjo según el cronograma del proyecto y también de acuerdo a la Ley de Modernización de los Puertos y el reglamento de licitaciones que norman este tipo de procedimientos en el país.
Un paso clave para la construcción de una infraestructura que ha sido impulsada por el Ejecutivo desde que definitivamente a fines del gobierno anterior -en enero de 2018- se optara por San Antonio para levantar el enclave. Una decisión que fue ratificada a mediados del año pasado por la actual administración en el Mensaje Presidencial, resolviendo así un dilema que se extendió por cerca de cinco años en la zona.
En el proceso llevado adelante por el TDLC han participado más de 15 intervinientes, entre ellos la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV). Y fue precisamente la estatal porteña una de las entidades que alertó sobre un factor recurrente a la hora de evaluar un megapuerto: la demanda.
Varios son los actores de la industria portuaria que, si bien reconocen la necesidad de contar con una planificación en un horizonte lejano, también suscriben que en un plazo inmediato y mediano no se requiere una infraestructura de este tipo. De hecho, es una línea que incluso se ha desplazado hacia el futuro considerando que las proyecciones de crecimiento del comercio exterior son menores a las consideradas cuando esta obra se ideó.
Recientemente, tal inquietud fue nuevamente puesta sobre la mesa por EPV en una solicitud que ingresó al TDLC y que buscaba postergar hasta abril la citación hecha por los intervinientes para comparecer a la audiencia pública fijada, hasta ahora, para el 16 de enero, y en la cual las opiniones en referencia al proyecto se pondrán en el tapete.
En efecto, en el escrito presentado a fines de diciembre del año pasado por la estatal se consigna que hay diligencias pendientes que son «esenciales para un adecuado análisis», entre las cuales cobra importancia precisamente la que tiene que ver con la demanda.
La principal inquietud en esta línea es que con el PGE «se genere una capacidad ociosa tal que llegue a afectar las inversiones de los otros frentes de atraque de la Región de Valparaíso».
Esto, porque de acuerdo a lo expresado por la estatal porteña, la demanda estimada por su par de San Antonio «es demasiado optimista en relación a la realidad del mercado». Por ello, advierte que «resulta imprescindible contar con un análisis actualizado y realista de la demanda estimada por dicha consultante» respecto a la región.
En ese contexto, también remarca que el exceso de capacidad -que eventualmente provocaría el PGE- podría llegar a afectar el éxito de futuras licitaciones de frentes de atraque en la región. «Un tamaño no respaldado por una estimación adecuada de demanda podría otorgar ventajas y economías de escala que no permitirían al resto subsistir», enfatiza el documento; añadiendo que «esta situación, que debería ser considerada por los futuros oferentes en licitaciones en el Puerto de Valparaíso, podría afectar seriamente la posibilidad de que haya interesados de participar en las mismas».
En el escrito, también se hizo hincapié en que la propia empresa portuaria de San Antonio reconoce que «la proyección sobrestimada de la demanda es un punto planteado por al menos tres intervinientes, y por lo tanto es de aquellos que la misma indica deben ser sometidos a un riguroso escrutinio legal constructivo, financiero y y comercial».
Respecto a ese punto, en específico se consigna que el análisis corregido no ha sido puesto a disposición ni del tribunal ni de los intervinientes «a pesar del tiempo transcurrido y las esperas que la misma EPSA ha solicitado al efecto», agregando que es necesario conocer con claridad las consideraciones técnicas y comerciales para realizar la estimación de demanda informada.
Cuando se elevó esta solicitud por parte de EPSA -en febrero del año pasado-, se dejó en claro que si bien la licitación del denominado PGE estaba prevista para dos años más, era conveniente disponer de la información sobre las condiciones que el TDLC fijaría en resguardo de la competencia.
Lo anterior, porque en definitiva incidiría en acotar los riesgos para la licitación y financiamiento de las necesarias obras de abrigo, que anteceden a la construcción de los terminales.
De hecho, los encargados de la iniciativa informaron que la finalidad de esta solicitud al tribunal era lograr un proceso de licitación lo más «competitivo» posible para la iniciativa.
«El tribunal será el que establezca las condiciones de participación de los operadores así como las condiciones de integración horizontal y eventualmente mecanismos y plazos para su cumplimiento», señaló un ejecutivo luego de la presentación de la solicitud.
Además, se dejó en claro que la decisión final sobre la fecha de inicio de obras sería tomada durante este año, oportunidad en que se dispondría de información al día sobre proyecciones de demanda y de costos.
FNE advierte sobre riesgos de integración
Otro de los intervinientes en el proceso llevado adelante por el TDLC es la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la que, entre varias observaciones, ha hecho presente antecedentes relativos al riesgo de integración vertical. Al respecto, la entidad recomienda ampliar los análisis tomando en consideración diversos factores como los cambios vistos en la industria naviera durante los últimos años, las características de las rutas utilizadas por las navieras que llegan al enclave, las relaciones de propiedad de otros puertos de la costa oeste con el de San Antonio, y las características de la infraestructura logística en tierra que afectarían al proyecto de PGE.
Fuente: El Mercurio Valparaíso
