A pesar de la propuesta inicial, se ha suprimido la obligación de dar acceso libre al mercado europeo de los servicios portuarios.
El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este pasado martes 8 de marzo, un proyecto de ley para impulsar la eficiencia y abaratar los servicios ofrecidos en los puertos marítimos de la UE, como amarre, remolque y carga de combustible.
Según los eurodiputados, la introducción de una mayor transparencia en la fijación de tarifas para esos servicios y por el uso de las infraestructuras portuarias, así como en las subvenciones recibidas por los puertos, contribuirá a evitar abusos de precios y distorsiones del mercado, aunque los modelos de gestión vigentes podrán mantenerse siempre que respeten unas exigencias mínimas, recalcan.
La propuesta inicial de la Comisión planteaba el libre acceso al mercado, como el principio general en el suministro de servicios portuarios, pero el Parlamento insiste en que un “modelo único no es apropiado, dada la diversidad de sistemas de organización en los puertos de la UE”.
La Cámara ha introducido finalmente enmiendas en la legislación para garantizar que los esquemas vigentes de gestión establecidos a nivel nacional podrán mantenerse en el futuro.
“Hemos suprimido la obligación de dar acceso libre al mercado de servicios portuarios. Especialmente por cuestiones de seguridad, los puertos deben poder decidir cómo organizan su modelo de servicios”, ha señalado el ponente del texto, el alemán Knut Fleckenstein. La propuesta cuenta con el apoyo de los puertos, los operadores de las terminales y los sindicatos.
Requisitos mínimos para los suministradores de servicios portuarios
Los eurodiputados plantean establecer reglas comunes para los Estados miembros y los gestores de los puertos que desean limitar el número de suministradores de servicios, permitiéndoles fijar requisitos mínimos o convertirse ellos mismos en “operadores internos”.
Estas mínimas exigencias para los suministradores de servicios deberán limitarse a demostrar una cualificación profesional, pero los operadores también tendrán que cumplir la normativa de seguridad y medioambiental y respetar los estándares sociales nacionales.
La lista de “casos justificados” en los que la libertad de ofrecer servicios portuarios puede restringirse deberá incluir “la escasez de zonas de ribera”, las características del tráfico portuario y la necesidad de garantizar la realización de “unas operaciones portuarias seguras, fiables o sosteniblesdesde el punto de vista medioambiental”, según el texto aprobado por el pleno.
Transparencia de la financiación pública y en las tarifas por uso
Los fondos públicos deben figurar de manera transparente en las cuentas de los puertos, y deberá mantenerse una contabilidad separada para las actividades o inversiones financiadas con dinero público, advierten los eurodiputados.
Para evitar abusos de precios a falta de mecanismos de mercado, son necesarias disposiciones para garantizar que las tarifas “no son desproporcionadas” en relación con el valor económico de los servicios ofrecidos y que se fijan de manera transparente y no discriminatoria, subrayan los eurodiputados.
Los cargos por el uso de las infraestructuras deben establecerse de acuerdo con la estrategia comercial y de inversión del propio puerto.
Los Estados miembros deberán designar uno o más organismos independientes para la gestión de las reclamaciones, en virtud de una enmienda introducida en el Parlamento.
Está previsto próximamente iniciar conversaciones con el Consejo sobre la formulación final de la legislación.
Fuente: www.cadenadesuministro.es
