Los ingenieros Hugo Baesler y José Manuel González sostienen que los barcos que recalen en el recinto de US$ 3.366 millones que se prevé construir en esa ciudad para atender hasta ocho naves de gran tamaño, no alcanzarían a huir mar adentro en caso de un tsunami . Proponen que se rebajen a cuatro los sitios de atraque y tres se hagan en Valparaíso.
El sector portuario apostaba a que en su última Cuenta Pública, el pasado 1 de junio, la Presidenta Michelle Bachelet anunciaría la ubicación y detalles del Puerto de Gran Escala (PGE), uno de los grandes proyectos de infraestructura que diversos gobiernos han planeado llevar a cabo en algún sitio de la zona central del país. Con dicho anuncio, la Mandataria cumpliría con lo que había anticipado a inicios de año respecto de que este tema estaría zanjado en el primer semestre.
Pero el anuncio no sucedió.
Luego, como el gobierno se inclinaba por construir el PGE en San Antonio -afirmaban por esos días fuentes del sector público y privado-, la noticia sería dada a conocer en una visita de la Mandataria a esa ciudad a mediados de junio. Pero tampoco ocurrió.
Y un hecho que sí sucedió por esos días fue la revisión al interior del Sistema de Empresas Públicas (SEP) -el holding de compañías estatales- de un crítico informe técnico que examinó la ingeniería básica y costos de inversión del proyecto de PGE que impulsa la estatal Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), a un costo de US$ 3.366 millones. El proyecto prevé atender a ocho naves portacontenedores de hasta 400 metros de eslora en terminales concesionados, movilizando cerca de seis millones de teus; es decir, el triple de la capacidad que tendrá este año ese puerto.
El reporte fue realizado por la firma PMI Energy Services; en específico, por los académicos e ingenieros civiles estructurales de la Universidad de Chile, Hugo Baesler y José Manuel González, ambos con amplia experiencia en temas de infraestructura. El documento surgió a solicitud de uno de los consejeros del SEP, quien lo presentó al interior de dicho organismo para disponer de mayores antecedentes técnicos para analizar el proyecto de EPSA.
Si bien Baesler y González solicitaron mantener en reserva la identidad del consejero que se los pidió, accedieron a revelar a «El Mercurio» el contenido del informe de 18 páginas, donde develan flancos débiles del megapuerto que impulsa EPSA, el que de ejecutarse, su primera fase estaría lista dentro de nueve años. Los profesionales añadieron a este medio un análisis sísmico del proyecto -realizado sobre la base de datos que conocieron tras concluir el informe remitido al miembro del SEP-, advirtiendo importantes riesgos en caso de tsunami si la obra se desarrolla con el tamaño que se pretende. Por ello, plantean al menos reducir a la mitad el tamaño.
Informe eleva costos en US$ 300 millones y advierte de peligros por oleaje
Los ingenieros entregaron a fines de mayo su reporte al consejero del SEP, tras examinar información de EPSA. En su reporte, por el cual no cobraron un peso -dicen sus autores-, plasmaron dos grandes críticas. Una apunta a los riesgos del oleaje imperante en San Antonio y su efecto sobre la nueva infraestructura. La otra plantea la subvaloración de la inversión del gran rompeolas de 3.875 metros de longitud que se prevé construir con recursos públicos antes de la concesión de los terminales, al igual que los accesos viales y ferroviales ligados al PGE sanantonino.
El informe generó ruido en el gobierno, el SEP y EPSA, firma que ha invertido cerca de US$ 14,6 millones en estudios entre 2014 y 2017. Pero en todas esas entidades aseguran que el reporte no ha afectado la continuidad de los análisis ligados al PGE de San Antonio -que este año iniciaría los trámites de evaluación ambiental-, desestimando las advertencias del documento.
«El Consejo tuvo conocimiento de ese documento y tomó nota de su existencia. Al constatar que estaba basado en antecedentes parciales y de carácter general, el Consejo determinó descartarlo como elemento de análisis», sostiene Bernardita Escobar, presidenta del SEP. El consejo de la entidad está compuesto también por Sergio Granados (director de Presupuestos de Hacienda), Eduardo Bitran (vicepresidente ejecutivo de Corfo), Christian Larraín (economista), el ex diputado DC Juan Carlos Latorre, Juan Luis Monsalve (abogado) y Enrique Paris (coordinador general y del área de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda).
En el detalle, el informe de los ingenieros sostiene que en la construcción del rompeolas, debido a las posibles marejadas, se debe considerar un año adicional de faenas a los casi cinco que estima el cronograma de EPSA, lo cual elevaría los costos. Por tanto, indica que el gasto en esta fase debe ser de US$ 1.000 millones, casi US$ 300 millones más que los US$ 707 millones, incluyendo el dragado, que prevé EPSA.
A la vez, Baesler y González plantean que se debería alargar en unos 200 metros el rompeolas en torno a un círculo o área de maniobras marítima, para proteger del oleaje noroeste al sitio de atraque más expuesto, que corresponde al N°4 (ver infografía). En ese «sitio malo», como lo denomina el informe, los barcos sufrirán las consecuencias de una mayor marea.
Estos cuestionamientos son refutados por EPSA, pues señala que derivan del análisis de una presentación ejecutiva realizada al SEP por la empresa portuaria, que no profundiza en detalles técnicos y que apunta a un público (consejeros) que no necesariamente es experto en temas marítimos. El gerente del proyecto Puerto de Gran Escala (o Puerto Exterior), Daniel Roth, asegura que «estamos muy tranquilos» con los estudios realizados, los que suman más de tres mil documentos y planos. Precisa que la ingeniería básica ha sido desarrollada por la consultora de procedencia española Typsa, a la que se suman otras internacionales como PRDW y Amec Foster Wheeler.
Sobre la extensión del rompeolas planteada por PMI, Roth asegura que los ingenieros de la Universidad de Chile se «equivocan, pues no han tenido a la vista el estudio del plan de atraque». Reconoce que el mencionado sitio N° 4 tendría una inoperatividad de 28 horas en el año debido al oleaje, pero dice que es una cifra baja, ya que la recomendación internacional es de hasta 100 horas.
«Ese informe no tiene ninguna calidad técnica», se defiende el presidente de EPSA, José Luis Mardones, quien añade que continuarán con el cronograma de trabajo para sacar adelante el megapuerto más allá de esperar un anuncio presidencial sobre su ubicación.
Los daños que generaría una gran ola de maremoto
En EPSA afirman que el riesgo sísmico con el cual están trabajando el proyecto contempla un megaterremoto de 9 grados, similar al que ocurrió en 1730, que generó un tsunami relevante en San Antonio, lo cual les da tranquilidad.
Pero Baesler y González sostienen que luego de 20 minutos tras un terremoto de esa envergadura, llegaría una gran ola del tsunami de entre seis y ocho metros, por sobre el nivel medio del mar, la que pasará sobre el rompeolas del PGE, arrastrando a los contenedores de la explanada del frente de atraque más al exterior (Terminal Mar en infografía). Ello, ayudado por el embancamiento de arena que se generará al sur y oeste del rompeolas por efecto de la desembocadura del río Maipo. En dicho lapso -aseguran- no alcanzan a huir a alta mar los barcos para capear el maremoto.
Añaden que transcurridos otros 20 minutos, el mar retrocederá y las naves aún atracadas en la poza encallarían y se dañaría su carga.
Por esos motivos, los ingenieros recomiendan disminuir las dimensiones del PGE y reducir de ocho a cuatro la capacidad de atraque de portacontenedores. «Si San Antonio modifica el proyecto y lo deja en cuatro sitios, se puede construir», afirma Baesler. Agrega que otros tres nuevos sitios podrían desarrollarse en Valparaíso, «que tiene menos riesgo, por contar con una bahía abrigada, permitiendo un menor costo de inversión y plazo de construcción».
El plan de megapuerto de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) incluye un molo de abrigo de 2.216 metros, tres sitios de atraque para buques de más de 367 metros de eslora y una inversión público-privada de US$ 1.495 millones en una primera fase a ser implementada en 2026, y de US$ 614 millones en la segunda instancia.
Ante el riesgo de tsunami para el PGE de San Antonio, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Agentes de Naves de Chile (Asonave), Carlos Manterola, advierte que «no conviene poner los huevos en una misma canasta», por lo que se inclina porque un futuro nuevo terminal en San Antonio tenga tres o cuatro sitios de atraque, en vez de ocho, y otra cantidad semejante se desarrolle en Valparaíso.
Ignacio Lara, gerente de ventas en Chile de Maersk Line -la mayor naviera del mundo-, estima que «cualquier proyecto de infraestructura portuaria tiene que reunir las condiciones operativas necesarias para garantizar un alto estándar de eficiencia, incorporando, además, las características acordes a la geografía de nuestro país y sus eventos naturales, como tsunamis y terremotos».
Fuente: El Mercurio
