«Esto, sin duda, va a provocar remezones», comentó el experto colombiano Juan Luis Isaza el día que hizo entrega oficialmente del Estudio de Impacto Patrimonial (EIP) al intendente regional, Gabriel Aldoney.
Y así es. Sus conclusiones iniciaron un debate centrado en las compensaciones que se requieren para que el Terminal Dos -según el documento, la obra que más afectará el área patrimonial- minimice los efectos que provocará y sobre todo quién debe asumir la responsabilidad y, más aún, los costos de esas eventuales medidas. Eventuales porque no se han propuesto ni menos cuantificado.
«Ellos (TCVAL) ganaron una propuesta y ahora están enfrentando el proceso ambiental en que se definen algunas compensaciones. Ahora, las que se pueden proponer a raíz de lo que manifestó el experto colombiano pueden ser interesantes pero, sin desmerecer su expertiz, no es un tema legal. Tampoco se especifican las compensaciones que se requieren», comenta el director de la Escuela de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso (UV), Sergio Bidart, para quien, de acuerdo al actual sistema de concesiones portuarias, es poco probable que la concesionaria del T2 asuma el costo de esas compensaciones.
«En el contexto legal, ellos tienen un proyecto para hacer una obra portuaria donde tienen que seguir la legislación chilena y además se ganaron una licitación en que el Estado de Chile ofreció una concesión», comenta el ingeniero y doctor en Sistemas de Ingeniería Civil.
¿Y el rol del Estado? Bidart recuerda que es el dueño del territorio, que está arrendando un espacio a través de la concesión y es el que, en definitiva, decidió que el puerto se ampliara. «Obviamente que el Estado, a través de los órganos correspondientes, debiera tomar las medidas para evaluar si esas compensaciones que se pudieran proponer -después del estudio que él mismo encargó- son válidas y si se pueden financiar o no», puntualizó, recalcando que hay que tomar en cuenta otras variables que están contenidas en el mismo documento como, por ejemplo, que la obra está fuera del sitio patrimonial.
«Esto está recién empezando y pienso que falta un análisis más profundo para ver qué compensaciones se requieren, porque al final lo que se está haciendo es poner más frentes de atraque en un puerto que ya existía (…) Ahora, la empresa no está obligada a realizar más compensaciones de las que obliga la ley chilena y, en este caso, el proceso de evaluación ambiental», mencionó.
Para Caupolicán Guerra, académico de la UNAB, es correcto que cada territorio proteja sus intereses patrimoniales y ambientales, pero muestra su inquietud porque más allá de una discusión legítima, al final ésta se traduce en un estancamiento.
«Lo que me preocupa es que hay una tendencia a no hacer nada porque todo molesta y de alguna se frenan las inversiones. Creo que debe primar el acuerdo de las partes porque pienso que ambas cosas se pueden compatibilizar ya que, por supuesto, también tienen que haber regulaciones», subraya el director de la carrera de Ingeniería en Transporte Marítimo.
En relación al papel del Estado en el escenario planteado por el EIP, enfatizó que «creo que al Estado le cabe una cierta responsabilidad porque puesto en el caso de la Empresa Portuaria de Valparaíso, que es administrativamente autónoma pero que es estatal, si ellos llaman a una licitación debieran de alguna forma estimar lo que puede venir a futuro. Por lo tanto, el Estado debería de alguna forma ser parte de las compensaciones».
«El Estado, a través de los órganos correspondientes, debiera tomar las medidas para evaluar si esas compensaciones que se pudieran proponer son válidas», Sergio Bidart Académico UV
SUGERENCIAS Y VARIABLES
Sergio Bidart considera interesante la visión del experto por cómo enfrenta el problema, aunque advierte que quizás faltó avanzar un poco más. «Habría sido más interesante que él hubiese entregado sugerencias de mitigación o compensación para poder cuantificarlas y ver si el Estado u otro actor las hace». Además, considera que hay otra variable relevante a considerar en el debate y se refiere a la modernización del puerto. «Hay qué ver lo que pasaría con Valparaíso si el puerto queda obsoleto por capacidad, con la economía, el empleo que depende de él, etc. La verdad es muy aventurado sacar una conclusión», concluyó.
US$ 500 millones es la inversión que contempla la ampliación del T2 y que entre sus principales estructuras considera extender la explanada en el borde costero.
2015 el Estado de Chile encargó al colombiano Juan Luis Isaza que elaborara un Estudio de Impacto Patrimonial para medir los efectos del T2, Puerto Barón y las condiciones del sitio histórico.
3 años han transcurrido desde que OHL Concesiones se adjudicó la licitación del Terminal Dos de Valparaíso, tras presentar una mejor oferta que Agunsa.
Fuente: El Mercurio de Valparaíso
