Con críticas al municipio que dirige Jorge Sharp, la estatal Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) decidió involucrarse de lleno en el conflicto que se generó luego del reciente fallo de la Corte Suprema que anuló el permiso de obras de Mall Barón. Esto, cinco años después de haber sido otorgado por la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso.
«Estamos evaluando las acciones judiciales, legales y administrativas a tomar luego de esta decisión de la justicia», señala el cuarto de ocho puntos de una declaración emitida anoche por el directorio de EPV.
La firma estatal señala que «el fallo de la Corte Suprema, fundado en las acciones llevadas a cabo en esta materia por la I. Municipalidad de Valparaíso, genera un daño irreversible a nuestra ciudad-puerto, al negar a la ciudadanía la posibilidad concreta de acceder al borde costero. En efecto, dicha sentencia cierra esta oportunidad y afecta con esto el Plan de Desarrollo de EPV, que involucra un total de siete mil empleos y una inversión estimada de US$ 1.800 millones».
EPV añade que confiaron en «la seriedad» del municipio que derivó en el otorgamiento del permiso de construcción, «sin embargo, la misma institución -con una administración distinta- no solo ha cambiado radicalmente de criterio respecto al mismo proyecto que hace cuatro años había aprobado, sino además hoy celebra que se haya declarado ilegal un permiso otorgado por ella misma». Sostiene que el fallo deja como único uso posible el almacenamiento o transferencia de carga en ese sector. Agrega que «pone en jaque» el futuro de la industria de cruceros, al dejar sin efecto el permiso de obras que permitió la construcción de Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP), ligado al grupo Urenda.
Urenda defiende terminal
Por lo anterior, VTP y sus accionistas decidieron presentar un recurso ante la Corte Suprema -el que se haría efectivo hoy-, ya que hace algún tiempo el máximo tribunal rechazó que la firma se hiciera parte de los recursos de casación en este caso, aduciendo que no tenía ninguna participación, aunque «ahora el fallo sí nos afecta y se nos dejó en la indefensión», comenta una fuente cercana al terminal de pasajeros.
En la construcción de VTP, que atiende trámites de los turistas de cruceros al desembarcar, el grupo Urenda invirtió unos US$ 8 millones.
Fuente: El Mercurio
