Pérdidas del orden de US$ 200 millones. Entre el 10 y el 15% de la producción desechada. Desempleo y tensión social en las regiones del sur. Ese fue el saldo que trajo el florecimiento de algas nocivas, ocurrido en febrero de este año, al sector salmonero, que en dos semanas perdió más de 40 mil toneladas de salmónidos.
Este evento llevó a las autoridades -el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar)- a dictar una serie de normas para establecer de antemano cómo deben proceder las firmas salmoneras ante estos fenómenos respecto del retiro de la biomasa muerta. Y es que informes internos del Gobierno alertan que existen altas posibilidades de que los llamados bloom de algas crezcan en intensidad y frecuencia.
El superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, señala que estas normas buscan multiplicar la capacidad de los servicios en fiscalización ambiental y reforzar una respuesta rápida ante estas contingencias.
Alicia Gallardo, de Sernapesca, explica que antes no había normativa para contingencias ambientales que provocaran mortandades masivas -aunque sí para eventos sanitarios, como el virus ISA-, por lo que se emitían decretos caso a caso. En el evento de febrero, por ejemplo, se determinó que las compañías con mortandades debían informar en 48 horas a las autoridades y tenían un plazo de cinco días para retirar aquella biomasa con 10 días o más de muerta.
Ahora, estas nuevas normas apuntan a dos frentes. Uno, que el retiro de los peces muertos sea rápido. Dos, que las condiciones de este despliegue sea eficiente y sin riesgos ambientales. Con vista en el primero de estos objetivos, Sernapesca emitió una resolución el 14 de octubre indicando plazos máximos para el retiro total de la biomasa muerta. Cuando la mortandad es igual o menor a las 300 toneladas, el centro productivo tiene 48 horas para sacar esos peces. El plazo sube conforme hay más toneladas, pero no supera los cuatro días de tiempo total permitido cuando la mortandad es de 700 toneladas o más. La norma también fija cómo se debe hacer el retiro de biomasa muerta en las jaulas de cultivo, el sistema de transporte de éste y dónde se depositará.
Respecto del segundo objetivo, respuesta más eficiente y con mínimo riesgo ambiental, hay varios cambios en marcha. Las empresas que operan en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes deben presentar planes de contingencia a la autoridad regional de Sernapesca. Estos programas se entregarán de manera progresiva, partiendo por los centros de cultivo de Puerto Montt, que tienen plazo hasta el 18 de noviembre próximo.
La SMA, en tanto, fijó -mediante una resolución exenta emitida el 21 de septiembre pasado- una norma por la cual las compañías afectadas deben informar online en la SMA cuando detecten incidentes ambientales, que de manera automática generan una alerta para Sernapesca y la Autoridad Marítima, quienes deben visitar los centros afectados dentro de las 24 a 48 horas de informado el incidente.
La Directemar también está en proceso de fijar los estándares mínimos para las embarcaciones que retiran las mortandades masivas. Según informó la entidad, en noviembre publicará una circular que fija los protocolos mínimos de seguridad de las naves que retiran la biomasa muerta, sus características técnicas y la obligatoriedad de contar con prevencionistas de riesgos que supervigilen la operación de estas embarcaciones.
¿Y qué opinan las empresas? Felipe Sandoval, presidente de SalmonChile, valora que se trabaje en planes de contingencia antes de que la catástrofe se produzca, aunque señala que la industria se encuentra evaluando el impacto de las medidas. El ejecutivo plantea que el plazo dado por la autoridad puede resultar muy corto y que debiera considerarse el criterio de evacuar los peces cuando están en descomposición, cuestión que ocurre tras una semana o más de ocurrida la mortandad. Su otra preocupación es si habrá naves suficientes para atender a las necesidades que implican las nuevas normas.
Fuente: El Mercurio
