Gobierno y gremios advierten que sería inconstitucional anular Ley de Pesca

Sofofa llamó al Ejecutivo a recurrir al TC. Esa opción no fue descartada ayer por Céspedes. Ministro de Economía dijo que «es importante mantener y validar la institucionalidad vigente».

“Como gobierno consideramos que la moción que anula la Ley de Pesca es claramente inconstitucional”, dijo ayer el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Se refería al proyecto impulsado por el PC -cuya admisibilidad fue aprobada el martes por la mesa de la Cámara-, originado a raíz de los casos de presunto financiamiento irregular de campañas por parte de Corpesca.

El secretario de Estado, además, no descartó recurrir al Tribunal Constitucional. Al ser consultado, comentó que “como Ejecutivo vamos a estar evaluando todas las alternativas del caso”.

Por mientras, Céspedes dijo que, en concordancia con la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se está revisando la Ley de Pesca. “Vamos a proponer modificaciones, de forma tal de perfeccionarla y que represente adecuadamente lo que son los derechos de todos los chilenos en esta materia. Pero creemos importante mantener y validar la institucionalidad”, sostuvo.

Así, el titular de Economía agregó que esperaba “que la Comisión de Constitución, cuando reciba esta materia,  comparta el criterio del Ejecutivo respecto de que esta moción es inconstitucional”.

Sus dichos fueron rechazados por el diputado Leonardo Soto (PS), presidente de esa instancia, quien reiteró ayer que la admisibilidad ya fue resuelta por la mesa de la Cámara, que lidera Marco Antonio Núñez (PPD). “Lo que corresponde es estudiar el mérito del proyecto, los fundamentos que tiene y sus dimensiones económica y jurídica”, dijo Soto.

En esta línea, algunos sectores del oficialismo cuestionaron ayer no sólo la moción del PC y la decisión de Núñez de acogerla a tramitación, sino que apuntaron también al propio gobierno, a quien acusaron de pronunciarse en forma tardía.

Advirtiendo la posible inconstitucionalidad de la medida, parlamentarios de la Nueva Mayoría habían instado al Ejecutivo a fijar una posición hace varios días. Una semana antes de que Céspedes hablara, los diputados y vicepresidentes de la DC Matías Walker y Sergio Espejo enviaron una carta al ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, pidiéndole un pronunciamiento, lo que no fue respondido.

“Estoy convencido de la necesidad de reformar la Ley de Pesca, pero este proyecto es puro populismo. Nuestra legislación no contempla  la nulidad para un caso como éste, y ella sólo sirve a una mayoría transitoria que se ha sostenido, en este caso, tanto en el temor del gobierno a contradecir al PC, como en el temor de una mayoría parlamentaria a asumir su responsabilidad, aún cuando ello sea impopular. No hay convicción ni genuina defensa de los recursos del mar, sino oportunismo”, cuestionó el diputado Espejo.

Ayer, sin embargo, Eyzaguirre se refirió al tema por primera vez: “Por más meritorio del fondo de alguna demanda, no está contemplada la anulación de las leyes por parte de este Parlamento. Eso está en sede judicial o en el Tribunal Constitucional”, dijo.

En este contexto, en sectores del Congreso dicen que la moción no tiene viabilidad y que la decisión de la mesa de la Cámara apuntó a evitar el costo de defender públicamente la Ley de Pesca, dejando que el proyecto del PC siga una tramitación normal o quede, en su defecto, congelada en el Parlamento a futuro.

Empresarios inquietos

El mundo empresarial también siguió ayer con atención la decisión de la Cámara, sobre todo porque, a juicio de ellos, deja en vilo la “certeza jurídica”.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, manifestó que la única opción para que Chile continúe “siendo un país serio y responsable” es garantizando respeto al estado de Derecho, y calificó de “absoluta irresponsabilidad” avanzar en el sentido contrario.

“Vemos con gran preocupación que algunos, con una mirada de corto plazo, intentan tomar un atajo, ejecutando medidas populistas que pueden tener graves consecuencias jurídicas y económicas”, advirtió.

La CPC agregó que ni la ley ni la Constitución otorgan poder al Parlamento para anular leyes. Así, manifestó que se está en un “punto de inflexión” y que el camino a tomar significará “una señal determinante para el futuro”.

El presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, aseguró que la iniciativa carece de toda legalidad y que marcaría un precedente negativo para futuras leyes.

“Nos preocupa la transgresión de esta iniciativa a la normativa vigente y su impacto en la seguridad jurídica”, afirmó, e hizo un llamado al Ejecutivo para que recurra al Tribunal Constitucional, “ya que este tipo de medidas no generan ningún beneficio para el país”.

Más tarde, el comité ejecutivo de la entidad analizó el tema y concluyó que “las leyes no se anulan”, afirmó el consejero del gremio, Herman Chadwick.

Para el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada,  si se anula este cuerpo legal se volvería a una realidad ocurrida previa a 1991.

“Se estima un período de unos 18 meses donde habría carrera olímpica en las pesquerías por parte de  todos los actores. Las especies en estado delicado sencillamente colapsarían, dada la capacidad de captura industrial y artesanal”, dijo Moncada, agregando que además significaría la “destrucción de un sector que brinda empleo a más de 36 mil personas a nivel nacional”.

Fuente: La Tercera