Gómez Lobo y T2: cambios se deben hacer en marco de legislación vigente

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El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, manifestó ayer en el Congreso que cualquier modificación a la expansión del Terminal Dos del puerto de Valparaíso debe realizarse en el marco de la institucionalidad vigente.

«Para ser muy claro, este proyecto se encuentra dentro de un marco institucional que es la evaluación de impacto ambiental y como autoridad tenemos que respetar esa institucionalidad y lo vamos a hacer», enfatizó el secretario de Estado respecto a la iniciativa que ha sido objeto de debate, luego que el Estudio de Impacto Patrimonial (EIP), encargado al experto colombiano Juan Luis Isaza, subrayara en sus conclusiones que aquella infraestructura portuaria produciría un impacto «permanente e irreversible» en el sitio patrimonial definido por la Unesco.

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Tras conocerse públicamente ese documento se inició una discusión respecto a la posibilidad de modificar la iniciativa llevada adelante por TCVAL (Terminal Cerros de Valparaíso) -filial de la española OHL Concesiones- o analizar compensaciones en directa proporción a los efectos planteados en el EIP.

En esa línea, Gómez-Lobo -quien por primera vez se refiere al tema- manifestó que cualquier compensación o mitigación debe surgir en el marco del proceso de evaluación ambiental por el que actualmente transita la obra en cuestión.

«El proyecto sigue su curso en esta evaluación y, por cierto, nosotros no podemos intervenir. Hay una legislación al respecto. Como dije, existe una institucionalidad y la iniciativa, y su respectivo análisis, tienen que seguir el trámite establecido en el sistema de evaluación de impacto ambiental», advirtió el titular de la cartera de Transportes en relación al desarrollo a cargo del concesionario del Terminal Dos, que acaba de recibir el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara) por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. Este contiene 327 observaciones de los servicios públicos y de la ciudadanía que el titular debe responder antes del 13 de septiembre.

Uno de los políticos que se manifestó favorable a reflexionar sobre el proyecto y eventualmente modificarlo, tras conocerse el documento elaborado por el consultor colombiano, fue el senador Ricardo Lagos Weber (PPD). Al respecto, el secretario de Estado insistió en que cualquier alteración a la obra está sujeta a lo que indique la institucionalidad y particularmente la tramitación ambiental.

«Eso va a depender de las mitigaciones y de las compensaciones que se establezcan. Si los organismos técnicos opinan que para mitigar o compensar se tienen que tomar ciertas medidas, el concesionario ciertamente tendrá que hacerlo. Pero insisto, esto está dentro de un marco institucional que es el Sistema de Evaluación Ambiental», opinó el ministro de Transportes sobre el particular.

Gómez-Lobo advirtió también que el desarrollo del Terminal Dos de Valparaíso, como asimismo el del resto de la infraestructura portuaria del país que se proyecta para los próximos años, es clave pensando en los desafíos que plantea el comercio exterior.Además, subrayó que en el caso particular de Valparaíso, debe considerarse la relación entre la ciudad y el puerto, un factor singular en un análisis que ha involucrado a diversos sectores de la comunidad, incluyendo al intendente regional, el sector marítimo portuario y diversos movimientos ciudadanos.

En esa línea, el titular de Transportes sentenció que es un elemento que no puede desconocerse. «Tampoco hay que olvidar que Valparaíso es una ciudad puerto y que fue puerto antes que ciudad; por lo tanto, tiene una vocación portuaria y nos parece que ese también es un elemento importante a considerar en la evaluación de este proyecto», concluyó el secretario de Estado.

«Si los organismos técnicos opinan que para mitigar o compensar se tienen que tomar ciertas medidas, el concesionario ciertamente tendrá que hacerlo», Andrés Gómez-Lobo, Ministro de Transportes

UNA LICITACIÓN QUE YA CUMPLIÓ TRES AÑOS

En abril de 2013 la española OHL Concesiones se adjudicó la concesión del Terminal Dos y no fue hasta septiembre del año siguiente que ingresó el proyecto de expansión a tramitación ambiental, recibiendo en diciembre de 2014 el primer Icsara. Tras ello, solicitó aplazar la entrega de la Adenda un año, cumpliendo ese trámite en marzo de 2016. El documento contenía modificaciones sustanciales, lo que obligó a un nuevo proceso de participación que culminó hace unos días con la entrega de un nuevo Icsara, el cual debe ser respondido en septiembre.

Fuente: El Mercurio de Valparaíso