Grupo Urenda no sería indemnizado en caso de aplicarse fallo que anuló permiso de Barón

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El nuevo terminal de pasajeros de Agunsa fue inaugurado en 2016 e implicó una inversión de alrededor de US$9 millones. Actualmente se encuentra operando, pero su situación podría cambiar si la Corte Suprema resuelve utilizar el mismo análisis que realizó en el caso del frustrado centro comercial.

En el puerto de Valparaíso se encuentran expectantes hace semanas. El fallo que anuló los permisos para la edificación de un centro comercial en Muelle Barón no sólo frustró la inversión de un proyecto de Mallplaza. También podría implicar el cierre de la más reciente edificación de Valparaíso Terminal Portuario (VTP) inaugurada en 2016. Esto, sin ningún tipo de indemnización para Agunsa, del grupo Urenda, controladores de la iniciativa. Porque el contrato firmado con la estatal Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) no incluía la posibilidad de una invalidación de la autorización otorgada por la municipalidad, a diferencia del que se estableció con Mallplaza. En el caso de este último, EPV se encuentra realizando los cálculos para determinar el monto de la indemnización. Según señaló el presidente del directorio de EPV Raúl Urzúa a El Mercurio de Valparaíso, se trataría de alrededor de US$1 millón para una obra que aún no comenzaba su etapa de construcción, pero que sí implicó el desembolso de recursos para el movimiento de tierras y la formación de equipos.

Al contrario, la obra de VTP se encuentra en pleno funcionamiento e implicó una inversión de alrededor de US$9 millones: en la última temporada recibió a 73 mil pasajeros. Ahora, su futuro se encuentra en manos de la Corte Suprema, que podría resolver invalidar también sus permisos y decretar así su cierre. Aunque el contrato no incluye un apartado por eventuales indemnizaciones, VTP podría optar por demandar a EPV para recuperar parte de los dineros desembolsados. Pero según comentan conocedores, aquello recién se evaluará cuando se tenga conocimiento de la resolución final de la corte. Tampoco hay claridad respecto al destino de la edificación en caso de verse obligada a finalizar sus operaciones. Todo aquello se encuentra ahora en manos del tribunal.

El muelle de la discordia
Hace cerca de trece años, en marzo de 2005, EPV inició una licitación pública para la adjudicación del proyecto de Borde Costero Puerto Barón. Un año después, la iniciativa se adjudicó a Plaza Valparaíso, una filial de Mallplaza, con una propuesta que incluía un centro comercial, un museo, una costanera peatonal y restaurantes. Poco después, a este proyecto se incorporó la nueva edificación de VTP a cargo de Agunsa. En un principio, el borde costero estaría completamente remozado en 2008, mientras que el centro comercial comenzaría a construirse en 2011. Pero sólo se completó la construcción hace dos años de la obra de VTP.

La iniciativa se construyó cuando el tráfico de cruceros aún era frecuente en Valparaíso. Sin embargo, aquella realidad cambió y actualmente no se espera la llegada de grandes embarcaciones de este tipo en el corte plazo. Esto, tras un cambio en las tarifas y de políticas para el arribo de las naves. Desde la industria alegan que actualmente no es posible reservar sitios, lo cual haría inviable su atraque. Por ahora, la compañía también se encuentra desarrollando otros negocios en la nueva edificación. Así, creó Eventos VTP, que se encuentra promoviendo sus instalaciones para la realización de ferias, seminarios y otros eventos empresariales.

En medio de estos obstáculos y desafíos, VTP recibió otra noticia negativa. A comienzos de mes la Corte Suprema acogió el reclamo de ilegalidad que interpusieron organizaciones ciudadanas hace unos cinco años y dejó sin efecto los permisos de edificación que entregó en 2013 la Municipalidad de Valparaíso. Días después, Mallplaza anunció que ponía fin a su contrato con EPV, poniendo la lápida final al proyecto. VTP, en cambio, debió acudir a la Corte Suprema para que ésta aclarara si la anulación de permisos para la iniciativa también significaba el fin de los que maneja la obra portuaria. Por ahora, la acción aún no ha tenido respuesta.

 

Fuente: Pulso