«Me deja preocupación», reconoce la ministra de Transportes, Gloria Hutt, tras el conflicto de 35 días de los trabajadores eventuales de Valparaíso que ayer llegó a su fin, luego que los movilizados aceptaran la oferta propuesta por la empresa Terminal Pacífico Sur (TPS) y el Gobierno.
La secretaria de Estado saca lecciones de lo acontecido en Valparaíso desde el punto de vista del diálogo permanente que se requiere entre las empresas y los trabajadores, y la necesidad de incorporar mecanismos que aseguren esta interacción. También valoró la intervención del Gobierno, advirtiendo que la empresa portuaria tuvo un rol pasivo en el inicio del conflicto, lo que cambió con la llegada de Raimundo Cruzat, quien reemplazó a Raúl Celis.
«Aquí estamos hablando de un conflicto que fue bastante puntual y se relaciona con una baja de demanda que partió producto de una pérdida de línea naviera y lo que ocurre en ese caso es que la demanda cae en bloque. Cuando una línea deja de pasar por un puerto, el volumen de carga movilizada cae en escalón y eso afecta a los trabajadores eventuales más que a los contratados», comentó la ministra respecto a las causas que provocaron el conflicto.
Y más que una transformación del sistema portuario, la personera advierte que hay algunos perfeccionamientos que se pueden hacer, como definir la proporción de eventuales o tener previstas mitigaciones en caso de que estas situaciones se produzcan. «Lo veo como un tema más acotado que estructural», subraya.
Sin embargo, considera que esto es una señal de la necesidad de anticiparse frente a procesos que se vienen, como la automatización de los puertos, «que van a afectar a los trabajadores que son más volátiles, porque se va a necesitar capacidades y formación distinta, cada vez más tecnológica y sofisticada».
La ministra releva el rol que jugó el Gobierno en el conflicto, el que incluso fue determinante en la entrega de una oferta que satisficiera a los trabajadores. Es más, comparte la impresión de que el problema no se hubiera solucionado sin la intervención del Ejecutivo.
«No teníamos cómo obligar a las partes a sentarse, porque no era un proceso de negociación colectiva. Entonces, esto dependía estrictamente de la voluntad de las partes. Y el primer acercamiento recién se produjo el martes de la semana pasada y no fue tan fácil que eso ocurriera (…), por eso creemos que es tan importante que haya diálogo permanente», subrayó.
En esa línea, la secretaria de Estado se refirió a la actitud del concesionario del Terminal Uno. «Uno espera que la conversación con los trabajadores sea permanente, cuesta ponerse en el plano de que el diálogo se va a producir porque hay herramientas legales para forzarlo, me parece que ese sería un pésimo escenario», dijo, recordando que juntar a las partes tomó una gran cantidad de días.
«Creo que TPS ciertamente podría abrir canales de conversación más permanentes que pienso que los tuvo en algún momento y que ahora, por alguna razón, estaban más deteriorados; y por el lado de los trabajadores, cultivar un poco la confianza en el sistema y en que pueden ser contraparte y probarle a su empleador que también pueden llegar a acuerdos serios y cumplirlos. (…) Los dos tienen un desafío importante».
Al ser consultada por el rol de la EPV, sentenció que hubo una marcada diferencia entre el papel que la estatal ejerció al comienzo del conflicto y luego al final, un escenario marcado por la llegada de Raimundo Cruzat en reemplazo de Raúl Celis.
«A nuestro juicio, la empresa portuaria, como contraparte del contrato de concesión y como autoridad portuaria, es la primera entidad que tiene un rol en este tipo de situaciones y es la que también tiene que monitorear y anticipar si se acercan este tipo de conflictos. Eso cambió a lo largo del proceso que se inició de una forma un poco más pasiva y, recientemente, sobre todo tras el encuentro de las partes, Raimundo Cruzat como presidente interino tuvo un rol fundamental para la negociación, al igual que los gerentes de la empresa, la que tomó su rol de autoridad portuaria y también de facilitador para el encuentro entre las partes», dijo.
Tras lo acontecido en Valparaíso, remarcó que se analizarán cambios en los contratos a futuro. «Creo que las herramientas para actuar más rápido en este tipo de casos son más limitadas y pienso que en eso podríamos trabajar y ver de qué forma se pueden generar más instancias que puedan acercar a las partes de manera más eficaz y rápida. Pienso que hay elementos que se pueden incorporar a los contratos de concesión a futuro respecto de conflictos laborales (…) hay varias cosas de las que fui tomando nota y las voy a transformar en propuestas para discutir con el Presidente», indicó.
Ajetreado fue el proceso para aprobar la nueva propuesta por parte de los trabajadores. Si bien había sido aprobada en la madrugada de ayer, se decidió ratificar el proceso con el objetivo de que participara la mayor cantidad de gente posible. Al final, la opción de validar la propuesta se impuso por 210 votos contra 40.
Tras ello, los dirigentes se trasladaron a Santiago, donde firmaron el documento junto con la ministra Hutt y su par del Trabajo, Nicolás Monckeberg. No se hizo presente ningún representante de la empresa del grupo Von Appen.
«Además del petitorio, pudimos poner en la agenda algunos temas que son de fondo, como dar a conocer la precariedad de nuestro trabajo, la insuficiencia del marco legislativo para dar respuesta a los problemas que nos afectan», dijo el vocero de los portuarios eventuales, Pablo Klimpel, quien a partir de esto indicó que «espera establecer un buen modelo de relaciones laborales en Valparaíso y esperamos que la empresa TPS y Ultraport tenga esa misma altura de miras».
Por su parte, el ministro de Transportes, Nicolás Monckeberg, subrayó el esfuerzo desplegado por la cartera en la solución del problema.
«Estamos satisfechos porque finalmente primó el acuerdo y el diálogo. Y sin duda que este es un buen acuerdo, no sólo porque pone término a las movilizaciones, sino porque mejora el funcionamiento y las relaciones al interior de la empresa», dijo.
En tanto, el presidente (i) de la EPV, Raimundo Cruzat, indicó que este es sólo un primer paso. «Queremos confirmar nuestro compromiso de que esto no termina aquí, sino que vamos a seguir avanzando en conjunto con los trabajadores, el Ministerio de Transportes y del Trabajo para resolver los problemas que enfrentan los trabajadores portuarios eventuales en el largo plazo», recalcó.
«Estamos muy contentos que los trabajadores hayan aprobado por amplia mayoría esta propuesta de acuerdo. Obviamente, es una solución que tardó más tiempo de lo que nos hubiera gustado», agregó el líder del directorio de la estatal.
«Pienso que hay elementos que se pueden incorporar a los contratos de concesión a futuro respecto de conflictos laborales (…) Hay varias cosas de las que fui tomando nota»
Gloria Hutt Ministra de Transportes»
«Pudimos poner en la agenda algunos temas que son de fondo, como dar a conocer la precariedad de nuestro trabajo o la insuficiencia del marco legislativo»
Pablo Klimpel Vocero de los trabajadores»
«Vamos a seguir avanzando en conjunto con los trabajadores, el Ministerio de Transportes y del Trabajo para resolver los problemas que enfrentan los portuarios eventuales»
Raimundo Cruzat
Presidente (i) de EPV»
LA MEJORA VINO POR EL LADO DEL ESTADO
La propuesta final entregada a los trabajadores se desglosa en la oferta de la empresa que se mantuvo casi inalterable con $ 550.000 de préstamo, más una gift card de $ 250.000, un aguinaldo de $ 75.000 y una canasta de comestibles. La gran diferencia pasó por el bono de $ 750.000 entregado y que corresponde a dos cursos de capacitación en materia de seguridad portuaria, más otro por un valor de $ 400.000. Eso suma un total de $ 2.025.000, de los cuales $ 1.625.000 es a la mano. Junto con ello se aseguró que no habrá listas negras, salvo en relación a los que cometieron delitos acreditados por la justicia. Desde el 17 de enero se instalará una mesa de discusión.
Fuente; El Mercurio Valparaíso
