La industria pesquera local pagó impuestos sectoriales por US$ 27,9 millones en 2016, suma que representó un alza cercana a 10% respecto de los US$ 25,2 millones de 2015, según cifras -en dólares- entregadas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca). Así, en los dos últimos años, este sector canceló unos US$ 53 millones en dos tributos derivados de la polémica Ley de Pesca que entró en vigencia en 2013.
Uno de ellos es el denominado «patente única pesquera», que se aplica a cada embarcación que efectúa actividades extractivas. El segundo es el «impuesto específico» que el rubro paga en función del número de toneladas que tiene derecho a extraer cada titular de Licencias Transables de Pesca (LTP), las capturen o no, precisan en el mercado.
Los dos mayores gremios pesqueros industriales del país, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), afirman que el sector tiene la carga tributaria más alta al compararla con otros países pesqueros del mundo. Advierten que el pago de gravámenes seguirá subiendo fuertemente este año, afectando la estabilidad financiera de las empresas. Según Subpesca, el alza sería de 15% en 2017.
En 2016, el impuesto específico representó US$ 19,6 millones, subiendo respecto de los US$ 16,6 millones del año previo. En tanto, la recaudación por patente pesquera bajó levemente a US$ 8,3 millones.
En Sonapesca explican que el incremento del impuesto específico responde al alza en los precios de las licitaciones y de las transferencias. Los pagos por patente pesquera, a su vez, tuvieron una leve baja por un ajuste en las flotas en operación en un contexto, aún, de cuotas ajustadas.
Rubro afligido
Respecto del impacto en las finanzas de las compañías, Sonapesca indicó que esto está impactando «fuertemente» y añadió que «Chile es el país pesquero con el royalty más alto». Sostuvo que en 2015, la industria pagó 2,6 veces más tributos que en 2002.
La presidenta de Asipes, Macarena Cepeda, comparó la situación de la pesca con el sector minero. Afirmó que «este impuesto específico (royalty) en la minería se paga en función de los resultados operacionales del negocio, mientras que en la pesca industrial se paga sobre la tenencia de las autorizaciones de pesca, al margen de que las cuotas asignadas se puedan o no efectivamente capturar».
Fuentes del sector añaden que a los mencionados gravámenes hay que sumar cargas adicionales que afectan los márgenes de las empresas. Indican que se paga el 100% de la certificación de las descargas, es decir, acusan que la industria estaría costeando las fiscalizaciones que realiza Sernapesca. Agregan que también cancelan 50% del costo de administración y monitoreo del sistema de posicionamiento satelital que utiliza la autoridad para fiscalizar a las embarcaciones.
Cepeda comenta que «pese a que seis de cada 10 peces están en manos del mundo artesanal, este sector no paga impuesto alguno por las actividades económicas que realizan».
Incremento este año
El jefe de División de Desarrollo Pesquero de Subpesca, Alejandro Gertosio, señala que para 2017 las perspectivas son que la carga impositiva aumente, debido al término de la vigencia de la «franquicia señalada en el artículo 17 de la ley, que fija una restricción o tope en el monto a cobrar». Dicha limitación dice que el valor del impuesto a recaudar no debe superar en 40% a lo cobrado en 2012. «Para el presente año, el impuesto será íntegramente cobrado», asegura, y añade que el alza «debiera estar en torno al 15% respecto de 2016».
Sobre la reacción de la industria ante estos impuestos, Alejandro Gertosio comentó que «en términos generales todo incremento impositivo genera preocupación en los contribuyentes, situación esta que no se escapa a la norma».
6,3%
del valor de producción equivale a la carga tributaria sectorial en la pesca. En Nueva Zelandia y Perú es en torno a 2%, indican en el rubro.
$1.000 millones
en tributos ligados al impuesto «verde» a fuentes fijas deberán pagar en 2018 las pesqueras del Biobío, lo que agrava la situación, dicen en Asipes.
