Hasta la Contraloría General de la República en Santiago se trasladaron dirigentes sociales, culturales, ambientales y de comunidades originarias de Chiloé para hacer efectiva la presentación de lo que denominan «primera denuncia ciudadana» por supuestas ilegalidades en lo que respecta al proyecto del puente sobre el canal de Chacao.
La delegación compuesta, entre otros, por el lonco mayor del Consejo de Comunidades Williche de Chiloé, Fidel Raín; Armando Bahamonde, presidente de la Red de Cultura de la Provincia de Chiloé; Teresa Calfunao, dirigenta indígena de Ancud; Richard Ojeda, representante de la pesca artesanal ancuditana; Paula Bastías, integrante del Colegio de Arquitectos Delegación Chiloé, y Patricia Villarroel y Marcela Ramos, ambas del Movimiento Chiloé Ta’ Privao, se reunió con Jorge Bermúdez.
Al contralor general le expusieron los chilotes antecedentes vinculados a esta denuncia, entre los que se detalla por ejemplo la existencia de un posible tráfico de influencias durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, quien en mayo de 2012 comunicó la licitación del futuro viaducto que uniría la Isla Grande de Chiloé con el continente.
Así lo explicó Juan Carlos Viveros, vocero del Movimiento Defendamos Chiloé, quien dijo que «en primer punto creemos que hay un tráfico de influencias en el gobierno del expresidente Piñera, donde el proyecto entra a evaluación desde el MOP (Ministerio de Obras Públicas) al Mideplan (hoy Ministerio de Desarrollo Social) el día 11 de julio, y es aprobado con RS (recomendación social) sin observaciones, para licitar el mismo día 11 de julio; tenemos los antecedentes y los documentos que lo certifican, y los entregamos al contralor».
Sumó el dirigente ancuditano que «en segundo lugar, planteamos en la denuncia el temas de las bases del contrato y el cronograma, creemos que hay un incumplimiento flagrante de los plazos del proyecto. El diseño debía estar aprobado y terminado en febrero del 2015, es decir, a dos años y medio en que debió estar aprobado el diseño; aún no ocurre».
Junto con esto, Viveros aludió al conflicto existentes entre las dos principales empresas que del Consorcio Puente Chacao (CPC), que se adjudicó la megaobra por su presupuesto fijado por el Estado en 360 mil millones de pesos. Se trata de la coreana Hyundai y la brasileña Oas, la cual incluso estuvo vinculado a casos de corrupción en su país.
«Hay una acusación en el Juzgado de Letras de Santiago, en la que Hyundai textualmente declara que OAS ha estado poniendo piedras y trabas en el camino para el incumplimiento del contrato. Señala que el consorcio está a punto de quebrar con 3 millones de dólares de facturas vencidas. Entonces, lo que nosotros presentamos al contralor es que el incumplimiento del contrato no se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor», puntualizó la misma fuente.
Fuente: Soy Chiloé
