En medio de la polémica que generó el proyecto minero-portuario Dominga, ligado a Andes Iron, y debido a las trabas que han afectado a distintos planes inmobiliarios -como Parque Pümpin, de Inmobiliaria del Puerto, vinculada al empresario Nicolás Ibáñez-, la ley que crea espacios marinos costeros para los pueblos originarios se ha instalado como un nuevo fantasma que tiene en vilo a los empresarios de la zona costera.
Esta normativa -conocida como «Ley Lafkenche»- encendió las alarmas de salmoneras, pesqueras, empresas turísticas y pescadores artesanales. Incluso, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) ha analizado la norma y hasta algunos miembros de comunidades indígenas han planteado un dejo de insatisfacción.
La preocupación en el mundo empresarial radica en que la ley da una preferencia en la tramitación de solicitudes de comunidades indígenas frente a otras peticiones de concesiones y destinaciones marítimas. Así, si existen solicitudes de espacios costeros marinos de pueblos originarios (ECMPO), las peticiones de otras concesiones o destinaciones se paralizan hasta la decisión sobre el pedido de la comunidad indígena, que puede tomar años en resolverse.
Pese a que la norma rige desde el primer gobierno de la ex Presidenta Bachelet, recién en los últimos años se han disparado las peticiones amparadas por esta regulación. En los últimos cuatro años las solicitudes para invocar la «Ley Lafkenche» se han más que triplicado, llegando a veinte solo en 2017.
Esta situación ha generado complicaciones a los desarrolladores del borde costero y, además, ha puesto un freno en la inversión de nuevos proyectos.
Entre julio de 2014 y el pasado 4 de abril, se ha suspendido -y continúan en ese estado- un total de 41 concesiones marítimas en proceso de renovación por efecto de la preferencia que la «Ley Lafkenche» les da a las solicitudes de espacios marinos costeros a comunidades indígenas. Estas concesiones marítimas, que sirven de apoyo a la pesca y acuicultura en el sur del país, representan un 5% de las concesiones en proceso de renovación que están emplazadas entre las regiones del Biobío y Aysén.
La mayor cantidad de paralizaciones se observa en la Región de Los Lagos, con un total de 24, seguida por Aysén, con ocho, y Los Ríos, con cinco.
De esas concesiones paralizadas, 24 les pertenecen a empresas privadas, mientras que otras 17 tienen como titular a organismos estatales. Por ejemplo, al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) le frenaron 16 concesiones en proceso de renovación cuyo objeto era tener centros de investigación marina, áreas de manejo, y proyectos de manejo y explotación de recursos bentónicos -aquellos que se localizan en el fondo marino- como las algas. Consultada sobre esta situación, la entidad optó por no referirse al impacto que la normativa está generando. También hay otra concesión detenida que pertenece al Ministerio de Obras Públicas y cuyo fin era edificar infraestructura de apoyo para la pesca artesanal en la comuna de Corral.
En cuanto a las empresas privadas que son titulares de concesiones marítimas suspendidas por la «Ley Lafkenche», la mayor cantidad de proyectos se vincula con cañerías aductoras de peces, ductos de descarga de residuos industriales líquidos (riles), viveros flotantes, plantas de proceso y varaderos artesanales, entre otros fines.
Entre los actores empresariales relevantes del borde costero, hay consenso en que el fin de la norma es positivo. Sin embargo, dicen que es esencial introducir cambios para evitar que la tramitación se eternice.
La industria salmonera es uno de los sectores económicos más complicados por esta normativa. Entre las compañías con concesiones marítimas detenidas por la solicitud de una ECMPO figuran importantes salmoneras como AquaChile, Camanchaca y Yadrán, entre otras.
El director territorial de SalmonChile, Tomás Monge, sostuvo que «es urgente una revisión de la norma, reglamento y procedimientos que tengan como objetivo brindar certeza jurídica, económica y laboral, generando un marco claro donde exista una real coordinación entre servicios públicos intervinientes».
El abogado de AquaChile, Álvaro Varela, cree necesario convocar a todos los sectores involucrados en el uso del mar para recoger las inquietudes y aspiraciones de todos, y modificar esta normativa.
Fuente: El Mercurio
