Su preocupación por las fuentes laborales y el servicio a los usuarios del cabotaje de pasajeros en la provincia manifestaron desde la dirigencia de la marina mercante nacional y parlamentarios de la zona. Esto, ante un proyecto de ley de apertura de estos servicios a naves de banderas extranjeras.
Se trata de una moción surgida en el Senado que busca autorizar el cabotaje de buques de pasaje foráneos, aparte de los cruceros que navegan en la zona, incluida entre Puerto Montt y el extremo austral del país, lo que -a juicio de los trabajadores y armadores- constituye un grave riesgo para la inversión local, los puestos de trabajo nacionales y la atención a los usuarios.
Según varios de los involucrados en el actual cabotaje y congresistas de la zona, no sería responsable abrir este servicio a buques del exterior en el sur austral de Chile, que es la zona donde más necesario es, por lo disgregada de la geografía.
De ser aprobada la medida, las empresas armadoras podrían, entre otras opciones, buscar banderas de conveniencia, a fin de reducir costos operativos y evitar regulaciones estrictas en cuanto a seguridad, tasas fiscales y leyes laborales.
«Nosotros perseguimos proteger las fuentes laborales y para eso este proyecto tiene que ser solo para cruceros y no para naves extranjeras», señaló Alejandro Tenorio, dirigente del Sindicato de Oficiales de la Marina Mercante Austral (Siomma) y de Alianza Marítima de Chile A.G.
«Los buques de bandera de conveniencia o de bandera extranjera tienen una jurisdicción ajena, con normas de su país, es como una embajada», advirtió el ancuditano.
«Quienes se ven afectados a largo plazo son los trabajadores, los usuarios y la parte geopolítica del país, porque si hay un terremoto, como ha habido, o una huelga, ¿qué autoridad política le dice a ese buque de bandera extranjera que tienen que ir a rescatar gente? Le pueden decir que no tiene ninguna obligación», agregó el isleño.
Congresistas
En tanto, el senador Iván Moreira (UDI) resaltó que «vamos a perjudicar a miles de personas que trabajan en estas pequeñas navieras en la zona, desde hace muchas décadas, que es una industria que da trabajo a más de 6 mil personas y lo que yo sostengo es que la ley es tan interpretativa que con bandera extranjera, con tributación y leyes laborales distintas se genera una competencia desleal, porque se puede dar que en ciertas temporadas vengan barcos a cumplir algunas rutas con rebaja tributaria y leyes laborales distintas».
Por su parte, su par socialista Rabindranath Quinteros, sostuvo que «esto está en la Comisión del Trabajo (del Senado) y seguramente esta semana están invitados dirigentes de la zona que van a exponer, lo que yo hice tiempo atrás cuando se votó en general, dando a conocer que para la zona es bastante complicado porque el gran porcentaje del cabotaje nacional está acá y permitir la recalada de estos barcos lo hace muy complejo y si andan con bandera extranjera las leyes laborales se complican mucho más, así que es muy delicado y veremos cómo sale de las comisiones correspondientes y poner los esfuerzos en que no se perjudiquen nuestros trabajadores».
El diputado Alejandro Santana (RN), adelantó que «esta es una iniciativa que requiere legislar con realismo y eso significa no afectar la empleabilidad y la inversión local y la sustentabilidad de la industria del cabotaje, sin embargo, hay que evaluar los efectos en las comunidades que no se traducen solo en actividad marítima, sino en las comunidades en general».
Sumó el político que «siempre es conveniente generar subsidios a la inversión local, a la inversión de los pequeños y medianos empresarios y en esa línea hay que legislar, mirando sus efectos en el contexto global, no solo en el particular».
Navarro
Un grupo de senadores encabezados por Alejandro Navarro, Alejandro Guillier y Ricardo Lagos pretende incentivar el turismo de cruceros a través de una moción que permite el cabotaje de pasajeros, para barcos de bandera extranjera con una capacidad de transporte igual o superior a 400 pasajeros, cuyo origen y destino sean puntos del territorio nacional y entre estos y artefactos navales instalados en el mar territorial o en la zona económica exclusiva.
Según Navarro, en declaraciones hechas el año pasado como candidato presidencial, «cada año nuestro país pierde casi US$40 millones por la disminución de la recalada de cruceros en las costas chilenas».
«Tenemos un potencial innegable, con atractivos turísticos apreciados en todo el mundo y no le estamos sacando provecho, por lo que con esta ley, podremos darle un gran impulso a la economía chilena», indicó entonces el político.
